La operación política y dos retos inmediatos para la gobernadora
Además de llenas de actividad y movimiento, las dos primeras semanas de la administración de Margarita González Saravia han marcado otras diferencias con la de sus antecesores. Además de la visibilización de los hechos de corrupción con la suficiente evidencia para que no haya duda, y los procesos legales que se han iniciado ya en contra de algunos personajes que habrían cometido actos contrarios a la ley; el equipo de la gobernadora ha iniciado un evidente ejercicio de operación política.
En efecto, las diferencias entre las administraciones del exgobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo, y la gobernadora, Margarita González Saravia (además de las de dinámica familiar sobre las que no profundizaremos en este espacio pero que resultan evidentes más a la luz de los recientes hallazgos), están en las acciones de gobierno, muchísimas más y de mayor alcance en estos 13 días de las que conocimos en los últimos meses (y a lo mejor años) del exgobernador; en la visibilización y procesamiento de los hechos de corrupción de sus antecesores; y en la operación política, antes inexistente o por lo menos facciosa y ahora aparentemente efectiva en varios frentes que han permitido, por lo menos, el inicio de la reconciliación entre la clase política.
Esa operación se ha notado más en el Congreso local, donde la mayoría de los asuntos han transitado por unanimidad y solo los marcadamente ideológicos han sido resueltos por la mayoría calificada que forman los partidos aliados en el plano nacional, Morena, PVEM, PNA y PT; pero también ha sido evidente en la concertación y construcción de acuerdos con ayuntamientos como Cuernavaca, cuya relación con el Ejecutivo estatal se había vuelto sumamente difícil en los últimos años; con comunidades que mantenían conflictos más o menos graves con el gobierno, como los pobladores de Tepoztlán conflictuados por la construcción de la autopista La Pera-Cuautla, los colectivos feministas, las agrupaciones de víctimas, entre otros grupos que habían sido agraviados por la administración anterior y la realidad que dejó a su paso por Morelos.
Los operadores políticos en el Congreso y en el gobierno estatal tienen el mismo estilo, proclividad al diálogo, habilidad para la construcción de acuerdos, autoridad y solvencia para hacer compromisos, lo que ha vuelto bastante más sencillo el tránsito en las dos representaciones populares, la formal del Legislativo, y la natural, con los grupos civiles y autoridades municipales; donde por supuesto se nota la mano de Rafael Reyes Reyes, coordinador parlamentario de Morena, y Juan Salgado Brito, secretario de Gobierno.
Pero faltan aún muchas aduanas que deberán sortearse porque lo cierto es que primero, a diferencia de lo que uno creería, no todos apuestan al éxito de la administración de Margarita González Saravia; y segundo, la propia gobernadora busca establecer un proyecto de gobierno que, más allá de las razones funcionales que ha esgrimido con argumentos de bastante calidad racional, encuentra muchos obstáculos.
La primera aduana está, parte por la presión de algunos medios de comunicación que a diario ponen el tema sobre la mesa, en la idea de remover al fiscal, Uriel Carmona Gándara de su cargo. Para ello, la gobernadora requiere de presentar una solicitud formal con argumentos suficientes para justificar la remoción (lo que no parece tan difícil); y después, que voten por la remoción catorce de los veinte diputados locales; ahí es donde está atorado el asunto porque Acción Nacional (4 diputados y la presidencia de la Junta de Gobierno) ha condicionado dar entrada al caso a una revisión completa de la estrategia de seguridad del gobierno estatal, lo que parece una forma de extender el plazo. El Partido del Trabajo (dos diputados), han mantenido la cercanía con el fiscal Carmona a quien defendieron en la Legislatura anterior tanto Tania Valentina Rodríguez como Alberto Sánchez Ortega, al no haber condiciones diferentes, no habría razón para que votaran diferente. El PRI y Movimiento Ciudadano, un diputado cada fuerza, parecen mantener también el apoyo al Fiscal. Con esas cuentas, Morena tendría solo doce de los catorce votos para remover a Uriel Carmona, aunque no estaría lejos de dar la sorpresa de conseguir los dos faltantes sin contar al PT.
Otra aparentemente menos grave está en su propio partido. El Consejo de Morena ha aplazado los relevos en las dirigencias estatales con lo que Ulises Bravo Molina, hermano del exgobernador, y su grupo siguen en poder de la dirigencia, aparentemente el último reducto del enorme poder que ostentaban apenas hace unos meses.
El dirigente de izquierda, Carmelo Enríquez Rosado, y un grupo de históricos dirigentes sociales aún intentan reconstruir el partido a través de la formación de comités municipales. El nombramiento de Enríquez Rosado en el Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso, lo retira de la competencia por la dirigencia del partido, pero no a la corriente que ha formado y parece tener la suficiente fuerza para retomar a Morena en Morelos. Ello ha provocado que el grupo de los Bravo intente fortalecerse en alianza con el senador, Víctor Mercado Salgado, que busca tener la estructura del partido a su servicio para posicionarse a futuro, a cambio de ello, se brindaría alguna protección a los aliados que más por complicidades que convicciones le quedan al exgobernador y su hermano; para lograrlo requieren de poner obstáculos a la gobernadora y su equipo.
Ninguno de los problemas es sencillo y la operación política no es igual con los de oposición o la ciudadanía que con quienes se suponen “de casa”, un grupo que ha resultado mucho más difícil de lo que conviene a la buena marcha del estado.
@martinellito / martinellito@outlook.com