Lo difícil de desaforar a Cuauhtémoc Blanco
Por serias y escandalosas que pudieran resultar las denuncias por intento de violación en contra del exgobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo, lo cierto es que parecen constituir parte de una dinámica íntima o por lo menos familiar que debería resolverse en ese plano. En todo caso, a los morelenses les importa más que el exmandatario ahora con fuero de diputado federal, respondiera por la colección de asuntos pendientes en materia de administración pública, incumplimiento de funciones gubernativas y otras acciones y omisiones cometidas en el ejercicio de su encargo en Morelos que provocaron algún grado de daño al patrimonio estatal que no se reduce exclusivamente a lo material.
Por supuesto que el chisme familiar, para quienes gustan de esas cosas, puede resultar apasionante, pero en todo caso solo sería una cuestión de importancia pública si, al final de todos los escarceos legales y políticos, sirve para retirarle el fuero al hoy diputado federal poco asiduo y antes gobernador casi ausente. Y aquí es inevitable la referencia a Al Capone, quien cayó en desgracia por una acusación diferente (delitos fiscales), a la colección de tropelías que había cometido en su carrera como jefe de la mafia. Si resultara más sencillo retirar la protección legal al gobernador por un asunto como el que provocó un mediano escándalo la semana anterior, se facilitaría mucho la acción de los fiscales que persiguen delitos cometidos en el servicio público.
El problema, sin embargo, es que como se quiera ver, el asunto del fuero es eminentemente político, y los persecutores de Blanco Bravo en la Fiscalía General del Estado no son exactamente de la simpatía de la mayoría en el Congreso de la Unión, formada por partidarios de la presidenta, Claudia Sheinbaum en tres partidos políticos, Morena, PVEM y PT. Y acá no debe ignorarse, por más tirria que se tenga al exfutbolista, que la presidenta Sheinbaum está muy lejos de respetar siquiera la gestión del Fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, por lo que parece muy difícil que se le obsequiara un triunfo de ese tamaño al morelense.
El problema para el caso, según todo apunta y explican no pocos especialistas es que, tratándose de un asunto más político que jurídico, el desafuero del exgobernador por una causa penal como intento de violación solo se daría si el caso es prácticamente procesado y probado antes de presentarse al Congreso de la Unión; lo que resulta muy complicado dado que, para ello, tendría que haber un expediente con las pruebas que deben integrarse, en parte, con las declaraciones del acusado, lo que es imposible si no está obligado a comparecer.
Así que, más allá del ruido que levanta el asunto, parece muy lejano que el exgobernador sea desaforado por ese motivo. Entonces la apuesta tendría que ser a que alguna de las causas penales que la Fiscalía Anticorrupción tiene abiertas por actos que podrían constituir delitos cometidos por exfuncionarios de la administración Blanco vinculara de alguna forma al mandatario. Por lo pronto, en el primer paquete de denuncias presentado por la administración de la gobernadora, Margarita González Saravia, no parece haber nada que, sin excesivos giros barrocos, conectara a Cuauhtémoc Blanco con las conductas que se persiguen. Tampoco ocurre en las presentadas por la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización en contra de exfuncionarios de Desarrollo Agropecuario, la Comisión Estatal del Agua, y otras que ya se preparan.
El propio diseño del poder Ejecutivo parece estar pensado, entre otras cosas, para restar cargas de responsabilidad a su titular, y trasladarlas a funcionarios de menor rango, secretarios, subsecretarios, coordinadores y directores generales. Esto no significa, por supuesto, que el exgobernador sea inocente, lo que parece complicado es fincarle responsabilidades. Y si bien habría quienes pensaran en la conveniencia de un diseño diferente del Ejecutivo, en que sus titulares sean sujetos de responsabilidad por los actos de sus colaboradores, dada la facultad que tienen de nombrarlos y removerlos, en términos de derecho parece imposible el traslado de responsabilidades jurídicas; además, tendría que pensarse si, después de las que los morelenses hemos padecido por muchos años, convendría dar más responsabilidad, y por consiguiente mayor poder, a los gobernadores.
A quienes quisieran que el exgobernador Blanco pague por la ínfima calidad de su ejercicio y la bola de tropelías que durante tal se cometieron siempre les queda la esperanza de que su nombre aparezca en otras carpetas amadrinadas por la gobernadora, Margarita González Saravia, por ejemplo, para que la mayoría morenista, verde y del trabajo en el Congreso de la Unión proceda con más “enjundia” al desafuero del señalado; parte por ello hay tanto interés en el anuncio de un nuevo paquete de denuncias contra exfuncionarios. Porque si bien hay políticos que consideran suficiente “el escarnio público” como castigo al mal actuar en la función pública (probablemente quienes así lo creen algo deberán), lo cierto es que, para los comunes mortales el señalamiento, si bien puede tener su atractivo es apenas lo primero que merecen quienes abusaron de sus cargos y por ello exigen castigos mucho más graves que las mentadas de madre.
Por lo pronto, esperaremos todos los siguientes paquetes de denuncias, y que la Fiscalía Anticorrupción haga bien su trabajo para que por lo menos una buena parte de los exfuncionarios delincuentes pague por el daño que hicieron al estado. Los demás ya oirán los vituperios de los morelenses, por lo menos.
A lo mejor en una de esas nuevas causas penales habrá un expediente que relacione al exgobernador y pueda entonces solicitarse un desafuero desde otra trinchera; por lo pronto, se ve francamente difícil.
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