Aunque no vino del Poder Ejecutivo de Morelos, el Congreso local ya recibió la que constituye una primera solicitud de remoción del fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara, derivada de los supuestos malos resultados de su gestión y los procesos penales que emprendieron en su contra las fiscalías de la Ciudad de México (FGCDMX), General de la República (FGR) y la Anticorrupción del estado (en un caso que fue atraído después por la FGR).
Fuentes del Congreso revelaron a La Jornada Morelos que ya llegó la primera solicitud que se hace a la LVI Legislatura sobre la remoción de Uriel Carmona, quien durante el trienio anterior enfrentó dos peticiones de retirarlo del cargo que no prosperaron. En esta ocasión un grupo de manifestantes, que algunos vincularon con las bases del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), entregaron en el Legislativo la solicitud de remoción, que deberá ser revisada y respondida en los términos que corresponde.
La legislación local no establece que la ciudadanía pueda solicitar la destitución del titular de la Fiscalía de Morelos. De hecho, en artículo 79 B de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos confiere tal facultad solo al gobernador del estado y establece: “La Institución del Ministerio Público estará integrada por un Fiscal General del Estado de Morelos, que será el jefe de la misma, y por agentes del Ministerio Público de su Dependencia, a quienes nombrará y removerá libremente”.
Y añade “El Fiscal General del Estado durará en su encargo nueve años y su designación y remoción se hará de acuerdo con lo siguiente:
a) A partir de la ausencia definitiva del Fiscal General, el Gobernador del Estado contará con veinte días para enviar una terna al Congreso del Estado;
b) El Congreso del Estado, con base a la terna y previa comparecencia de las personas propuestas, designará al Fiscal General con el voto de las dos terceras partes de los miembros de la legislatura;
c) El Gobernador podrá solicitar al Congreso del Estado la remoción del Fiscal General por las causas graves que establezca la ley. La remoción deberá ser aprobada por las dos terceras partes de los miembros de la legislatura local; de no pronunciarse el Congreso dentro de los diez días hábiles seguidos a la presentación de la solicitud, se entenderá como rechazada y el Fiscal General seguirá desempeñando el cargo en los términos de su nombramiento;
d) En los recesos del Congreso del Estado, la Diputación Permanente convocará de inmediato a un Periodo Extraordinario, para la designación o para pronunciarse sobre la solicitud de remoción del Fiscal General, y
e) Las ausencias del Fiscal General serán suplidas en los términos que determine la ley”.
Frente a la norma, el Legislativo tendría que responder como improcedente la solicitud y esperar la que probablemente ingrese la gobernadora, Margarita González Saravia, quien ha declarado en diversas ocasiones que el fiscal Carmona debe irse del cargo dado el deterioro en su imagen pública y porque su permanencia en el cargo no contribuye a la necesaria coordinación en las tareas de seguridad pública y construcción de la paz en el estado.
La gobernadora tiene un proyecto de reorganización y restructuración de las fiscalías en Morelos, que incluiría cambios constitucionales y a la ley orgánica de la General del Estado para, entre otras cosas, reducir el periodo de gestión de los fiscales, eficientar la coordinación con otras instituciones responsables de la seguridad pública e impartición de justicia, y mejorar los procesos internos para reducir los índices de impunidad, que en Morelos superan el 98% de los delitos denunciados.
Pese a ello, la propia mandataria ha adelantado en declaraciones públicas que se está estudiando el proceso por el que se daría la remoción de Carmona Gándara para evitar que este falle como ocurrió en la administración pasada.