Homenaje a Samir Flores: seis años de resistencia y memoria

Cuitláhuac Alfonso Galaviz Miranda y Fernanda I. Lara Manríquez

Coordinación

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Presentación

Fernanda I. Lara Manríquez y Cuitláhuac Alfonso Galaviz Miranda

Hace ya seis años que el rostro de lucha y de trabajo por y en la tierra de Samir Flores Soberanes fue apagado violentamente. Tenía 36 años cuando fue asesinado a consecuencia de su resistencia en defensa del territorio; pero Samir no murió, se multiplicó y, como él, varias y varios defensores de tierra, territorio y agua han sido asesinados y criminalizados a lo largo de la historia y en distintas latitudes de nuestro país y del sur global.

Y es que las relaciones de colonialidad no se han diluido a pesar de tantos años de habernos configurado en naciones independientes. Decía Aníbal Quijano que dichas racionalidades de dominación no se sitúan solamente en los europeos o en quienes dominan el capital, sino en todas aquellas y aquellos cuyo pensamiento fue conformado bajo dichas epistemologías.

Es precisamente la diferencia epistemológica sobre el territorio y los elementos naturales lo que genera distinciones en las formas de relacionarse con ellos. Para el gran capital, el territorio es un contenedor de recursos; para las organizaciones contrahegemónicas (frecuentemente pueblos originarios), la humanidad pertenece al territorio y existen vínculos sagrados con la Madre Tierra.

Así, no es extraño que, cuando surgen megaproyectos del capital (ya sea minería, hidroeléctricas, y desarrollos inmobiliarios, entre otros), además del narcotráfico, mujeres y hombres que habitan estas territorialidades se oponen, para lo cual el territorio es la columna vertebral, pues en él se construye las relaciones de comunalidad, la cual se distancia de la cultura occidental y del individualismo que la caracteriza.

La manera en la que el gran capital combate la legítima oposición de estos pueblos es la represión. De acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, en 2019 (año del asesinato del compañero Samir) México fue el tercer lugar del mundo con más asesinatos a personas que luchan por proteger la naturaleza y la comunalidad. Dicha fuente también sostiene que, entre 2012 y 2018, hubo un total de 483 asesinatos de personas que se dedican a cuidar el medio ambiente (Mayolo Hernández, Defensores ambientales y territoriales, https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/581427/Defensores_ambientales_y_territoriales.pdf ).

Por eso, a seis años del asesinato de Samir Flores, queremos dedicar este número especial a honrar su vida, sus luchas y el legado que dejó en la defensa del territorio y los derechos de las comunidades. Este homenaje no sólo busca recordar al compañero Samir, sino también visibilizar las violencias que enfrentan defensoras y defensores del territorio en México. En su memoria, queremos dar oídos a resistencias actuales, reflexionar sobre las causas estructurales de estas violencias y reafirmar la necesidad de seguir construyendo un futuro más justo, tal como él lo hubiera deseado.

Además de las injusticias vividas por Samir, reunimos cinco experiencias de diversas latitudes del país en donde la vida se pone en riesgo por defender el territorio: las luchas de la comunidad autónoma de Ostula, Michoacán, la desaparición del abogado de derechos humanos Ricardo Lagunes, las luchas por el territorio en Xochimilco y la manera en que fueron reprimidas por su defensa del agua y por caminar el sendero de la autonomía; la violencia física vivida por Marcela Alvarado, ex concejal del gobierno local del pueblo de San Andrés Totoltepec, Tlalpan (primer territorio originario de la ciudad en crear, contemporáneamente, su consejo de gobierno comunitario, expulsando a los partidos políticos) y, finalmente, un balance sobre el acceso al derecho a la libre determinación de los pueblos y barrios originarios urbanos de la Ciudad de México a la luz de la promulgación de su constitución.

Seis años sin Samir Flores, aniversario de una infamia

Cuitláhuac Alfonso Galaviz Miranda

Justo hoy se cumplen seis años del asesinato de Samir Flores. Aún no sabemos quiénes fueron sus asesinos materiales. Lo que sí es claro es que el crimen estuvo relacionado con las actividades políticas del compañero Samir, quien era un defensor del territorio en Amilcingo, municipio de Temoac, Morelos, así como opositor de la termoeléctrica en Huexca y del Proyecto Integral Morelos (PIM).

El PIM es un plan gubernamental que contempla una termoeléctrica, un gasoducto y un acueducto. Inició en 2010, durante la presidencia del impresentable Enrique Peña Nieto, aunque se remonta a, por lo menos, el gobierno del también impresentable Felipe Calderón, para quien Morelos debería ser un pilar de la producción eléctrica a nivel nacional. Poco antes de terminar su sexenio, Calderón otorgó concesiones relacionadas con el PIM a empresas españolas.

Las expresiones de descontento y resistencia comenzaron prácticamente desde el inicio de las obras. Andrés Manuel López Obrador, como candidato a la presidencia, dijo estar a favor de las comunidades y se manifestó en contra del proyecto. Esto cambió drásticamente cuando llegó al poder. Incluso, el 10 de febrero de 2019, tuvo un evento público en Cuautla donde opositores al PIM se hicieron presentes; López Obrador señaló que se trataba de “radicales de izquierda” que, al final de cuentas, no eran más que “conservadores”. Entre éstos se encontraba el propio Samir; su asesinato ocurrió diez días después.

Me parece claro que el PIM sigue lo que podemos llamar la lógica hegemónica del desarrollo, una que parte de la idea de que es necesaria inversión —tanto pública como privada— para industrializar, urbanizar y “desarrollar” regiones particulares. De esta manera, los conflictos se basan, entre otras cosas, en visiones diametralmente diferentes: desde la visión gubernamental y privada, el territorio es un “recurso natural” que no tiene valor si no se pliega a dinámicas productivas y se le “aprovecha” al “máximo”. Para críticos y opositores, en cambio, el territorio tiene valor en sí mismo, por lo cual protegerlo y conservarlo es importante.

Si bien el PIM apuesta por fuentes de energía menos contaminantes que la quema de carbón o diésel, su impacto va más allá de lo ambiental. El proyecto también trae consigo la idea del reordenamiento territorial a través de la industrialización del oriente de Morelos. Ello conlleva un gran cambio para las comunidades; por ejemplo, algunas y algunos dejarán de cultivar la tierra y dedicarse a las labores agropecuarias para convertirse en asalariados de empresas. En definitiva, el proyecto implica abrirles la puerta a inversores privados que ya se han conducido de forma depredadora en otros contextos.

Ante la actual crisis social y ambiental que vivimos (no sólo en Morelos o en México), seguir oponiéndose al PIM tiene todo el sentido, sobre todo visto desde una lógica del cuidado y el respeto de los lazos comunitarios y la naturaleza. Los megaproyectos de “desarrollo” nunca muestran todas las transformaciones que traerán consigo (de hecho, es difícil predecirlas, con todo y los datos técnicos y sesudos estudios que puedan realizarse).

Como hombre de lucha y de izquierda, el compañero Samir lo sabía. Él era una gente de bien, alguien realmente preocupado y comprometido por la justicia social. Llevó a la práctica esos ideales y le costó la vida.

Hoy en día el proyecto sigue vigente, pero, al mismo tiempo, también lo está la figura de Samir, la cual se ha convertido en un símbolo de resistencia para quienes luchan desde abajo y a la izquierda, recordándonos que la defensa del territorio es también la defensa de la vida. Por eso y otras cosas, ¡Samir vive!

Cuidar a quienes buscan: desaparición y defensa del territorio

David Arturo Sánchez Garduño

México, un país que desde su frontera sur hasta su frontera norte es más letal que un muro fronterizo, es también una enorme fosa clandestina, un pozo sin fondo en donde desaparece la vida. De acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas , hasta el 29 de enero del 2025, la cifra asciende a 121,713 personas en esta situación (Portal de la Secretaría de Gobernación, operado por la Comisión Nacional de Búsqueda, https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/ContextoGeneral). Una realidad escandalosa que, de algún modo, puede pasar desapercibida, como si la desaparición de más de 120 mil personas y la lucha de quienes les buscan nos fueran ajenas.

Siempre hablo de este asunto en mis clases. Para ayudar a mis estudiantes a dimensionar la magnitud del problema, busco el número de habitantes de un barrio o colonia que les pueda ser conocido y cuyas cifras se equiparen a estos datos. “Imaginen que un día llegan a tal lugar y no encuentran a nadie. Caminan de un lado para otro, pero todas las personas se esfumaron; no queda ni un alma ahí… ¿cómo pueden desaparecer tantas personas?”. Un sitio deshabitado y un largo silencio, una silla vacía al servicio de la imaginación como aproximación pedagógica a la crisis de desapariciones, mudo testimonio de un crimen.

Más difícil de comprender aún me resulta la indiferencia y la frivolidad de tantas personas ante esta situación. Cuando el 15 de enero del 2023 fueron desaparecidos el líder comunitario Antonio Díaz Valencia y el abogado de derechos humanos Ricardo Arturo Lagunes Gascalos —defensores del territorio de Aquila, Michoacán— esta realidad alcanzó las fibras más sensibles de mis redes cercanas. Amistades y familiares de Ricardo y Antonio tomamos plazas y avenidas principales para visibilizar el caso mediante marchas, plantones y manifestaciones, además de llevar a cabo numerosas acciones legales, de inteligencia y de coordinación con otras personas buscadoras que, en su mayoría, permanecen invisibles al escaparate público.

Sólo entonces me di cuenta de que había vivido en la negación, en la comodidad de la ignorancia. Nunca reaccioné ante la gravedad de esta crisis hasta que llegó a mi puerta. Las frases lanzadas por transeúntes mientras nos manifestábamos por la aparición con vida de nuestros seres queridos me lo recordaban continuamente: “ponte a trabajar”, “mejor pónganse a estudiar”, “dejen de estar de huevones”. También leí en redes sociales una interpretación de las acciones de movimientos de personas buscadoras como estrategias partidistas o intentos por granjearse dividendos políticos. Tal suspicacia deviene de que, en México, funcionarios públicos que comenzaron como personas buscadoras se han ganado el descrédito de la sociedad civil al ejercer arbitraria y sesgadamente sus funciones.

Dentro de todo este ruido, la apatía y la indiferencia social revictimizan a quienes buscan, intensificando la carga emocional y el dolor existencial que ya les atraviesa. En el caso de las personas buscadoras, el duelo por la desaparición de un ser querido es ambiguo, pues la ausencia física y la presencia psicológica congelan la elaboración de la pérdida. Además, sobrevienen sentimientos de culpa, una sensación de deslealtad o de traición hacia sus personas desaparecidas que les impide experimentar la felicidad sin remordimientos o sin sentir que no están haciendo lo suficiente.

La indiferencia generalizada fue y sigue siendo un trago amargo, una tragedia dentro de la tragedia, pero me ha ayudado a comprender en carne propia las luchas dentro de esta agonía de buscar y no encontrar al ser amado. En primer lugar, la necesidad de socializar las acciones de búsqueda para colectivizar la resistencia y enfrentar tanto el miedo como el riesgo real que representa buscar demanda un trabajo previo de sensibilización que se gesta tanto en las aulas como en las calles. En segundo lugar, es preciso destacar el vínculo entre cuidar y defender, dos acciones esenciales para proteger la vida en contextos de extractivismo, tanto de recursos naturales como de fuerza de trabajo no remunerado.

México es un país que no cuida a quienes cuidan, ni defiende a quienes nos defienden (a nosotros y a nuestro territorio). Así, buscar es una forma de cuidar y de defendernos, es honrar la memoria de quienes nos defendieron y una forma de sembrar lazos con el territorio que nos da vida.

Ostula en defensa de la vida

Carolina Irene Márquez Méndez

La vida comunitaria es una gran maestra de vida. A partir de esa apreciación, quiero compartir algunas reflexiones para reconocer las raíces y entretejernos con Ostula. Esta es una comunidad autonómica del pueblo nahua michoacano cuyo tesón en defender la vida le ha puesto en el mapa global. Ante la desnudez, el potencial organizativo de la comunidad es una riqueza que no se mide en ninguna cifra.

Ostula se encuentra en uno de los nodos que conectan la frontera marítima de la región Asia-Pacífico con la región norte de nuestro continente (el Abya-Yala, como le llama el pueblo Kuna). En distintas latitudes a nivel global es posible observar una estrategia ofensiva extractiva, las cuales se constituyen en fronteras. La explotación, la devastación al mejor postor y otros modos salvajes de abonar al colapso múltiple suceden por vías formales y subterráneas; a veces se le llama “desarrollo”.

Las legislaciones, así como están, no alcanzan para restaurar y revalorar la vida de los ecosistemas, en los que nos tramamos afectivamente y de los cuales formamos parte. Más allá de la frustración de tirar semillas al asfalto, resulta vital tejer puentes que nos permitan dar cuenta de lo común. Es ahí donde brilla Ostula, al igual que destacan Guadalupe Campanur, Samir Flores, Bety Cariño, Juan Medina y muchas otras personas que en su caminar han dejado una estela de aprendizajes para el cuidado de la vida.

Las experiencias autonómicas en México se sostienen gracias a esa capacidad de los pueblos originarios para organizar la vida en común. El involucramiento en los procesos asamblearios da vida a la autonomía individual y compartida. La autodeterminación es una joya, especialmente en estos movimientos tectónicos que reconfiguran lo global. Mientras los múltiples polos banalizan y disputan la corporalidad extensa que somos con el ecosistema para reducirlo a “recursos” (en el mejor de los casos), la comunidad de Ostula defiende su vida propia y la de otras comunidades aledañas.

Ciertamente, el sostenimiento de la vida en condiciones dignas se desvanece cuando los cuerpos son trasgredidos. Para el caso de Ostula, una muestra de esto es el ataque directo con armas de alto calibre, a través de drones, durante 2024 y el asesinato político territorial de varios guardias comunales que ha sufrido la comunidad. La represión recibida en distintos momentos ha implicado tener que resolver la seguridad y salvaguardar la integridad hasta con los dientes. Aunado a ello, el suspenso de más de 20 años de la disputa jurídica del territorio comunal conocido como Xayacalán también hace mella en la corporalidad extensa que es la comunidad.

Hay que corazonar las implicaciones de habitar corporalmente en medio de un nodo que conecta globalmente con lo subterráneo y lo formal de la economía. Además, el reconocimiento de la vulneración como verbo activo encarnado ayuda a saber qué reparar, qué está obsoleto de la estructura y cómo hacer viable condiciones más dignas y sostenibles para vivir la vida. Las exposiciones diferenciadas ante la vulneración y las violencia múltiples hacen que Ostula gire en torno a cómo se resuelve la desnudez para cuidar el tejido humano y ecosistémico, no la producción desmedida.

En estos movimientos fronterizos que configuran ahora un mundo multipolar, Ostula persiste como una forma de vida compartida que contiene saberes y prácticas intergeneracionales que hacen sentido y se recrean mucho más allá de la producción de valor económico. Ante el colapso, las experiencias autonómicas desmienten una creencia que se ha sostenido en lo urbano: la suposición de una incapacidad colectiva para llegar a acuerdos en común y sostenerlos. Es ahí donde sobresale la fortaleza de vincular, porque a veces nos olvidamos de las raíces largas que nos traman en distintos contextos y que nos permite sostener la vida hasta la plenitud de la autonomía individual y compartida.

Sin suplantar ni representar a nadie, replico lo que demanda la comunidad a través de su cuenta en redes “Comunicación Ostula”: que todos los niveles gubernamentales protejan los derechos ancestrales sobre las tierras y territorios que de forma inmemorial pertenecen a los pueblos.

Más allá de la Constitución de la Ciudad de México: ¿garantía o negación del derecho a la autonomía de sus pueblos originarios urbanos?

Fernanda Isabel Lara Manríquez

Usualmente relacionamos la persecución, la criminalización, la desaparición y el asesinato de defensores y defensoras de tierra, territorio y diversidades epistemológicas a espacios rurales, por lo regular fuera de las capitales de nuestros países del sur global.

Sin embargo, las experiencias de quienes habitan y defienden los territorios de los pueblos y barrios originarios urbanos de Ciudad de México demuestran que la represión a la oposición de proyectos capitalistas también se da en territorios urbanos.

Si bien la Constitución de la Ciudad de México en el año 2017 reconoció el derecho a la libre determinación de los pueblos y barrios originarios urbanos que integran sus 16 demarcaciones políticas, la negación y la represión a los procesos de conformación de concejos de gobierno autónomos y/o comunitarios ha sido práctica recurrente desde el sexenio anterior. Este derecho a la libre determinación engloba la posibilidad de construcción de procesos de autonomía política, así como de autogobierno.

Hay ya varias construcciones de ese tipo en diversas alcaldías de la Ciudad de México, a saber, Tlalpan, Xochimilco, Tláhuac, Cuajimalpa, Benito Juárez, Iztapalapa y Milpa Alta; entre otras. Todos estos procesos que caminan el sendero de la autonomía política tienen en común las luchas en contra de aquello que han dado en llamar cartel inmobiliario, así como proyectos de infraestructura urbana, construcciones de centros comerciales y el desplazamiento forzado asociado a la gentrificación, transformaciones a sus territorios y asedio a su religiosidad popular.

Algunos de estos procesos de configuración de representaciones políticas locales/comunitarias y alejadas de los partidos políticos, como manifestaciones de la defensa del territorio, han sido reprimidas bajo una estrategia que se repite en diversos pueblos, incluso en aquellos que han conformado Asambleas Ciudadanas.

Estas estrategias de represión y criminalización pueden materializarse en violencia física, publicación de notas falsas sobre los líderes y las lideresas de esos movimientos sociales, imputación de crímenes inventados, introducción de grupos de golpeadores en protestas legítimas, difamación de periodistas aliados, coacción laboral y amenazas a las viviendas o economías familiares, según he podido registrar durante mi trabajo de campo por aproximadamente cuatro años.

Por ejemplo, en La Piedad Ahuehuetlán, alcaldía Benito Juárez (conocido como las colonias Narvarte Oriente, Narvarte Poniente y Piedad Narvarte) el presidente y una concejal del Concejo de Gobierno Autónomo, erigido en 2018 luego de una larga lucha en contra de la construcción de la parte B de Parque Delta, fueron presuntamente lesionados de gravedad por violencia física mientras se les amenazaba de muerte por parte de funcionarios de la Ciudad de México durante el sexenio de Miguel Ángel Mancera; tal como expresaron en sus testimonios.

Otro ejemplo es la repetida violencia física, persecución e intimidación vivida por quienes han integrado el Concejo de Gobierno de San Andrés Totoltepec en Tlalpan durante los sexenios morenistas, quedando sus agresores impunes e incluso siendo presuntamente respaldados por funcionarios de la alcaldía. También, en el pueblo de Xoco, Benito Juárez, se identificó casos de asedio a pobladores que integran la Asamblea Ciudadana y que han demostrado oposición al cáncer urbano mejor conocido como torre Mitikah. Ahí, como represalia, las autoridades acusaron a una familia de tener una construcción que supera el número permitido en territorios de pueblos originarios urbanos de CDMX, irónico si se piensa que la hiedra venenosa inaugurada en 2022 cuenta con 68 pisos.

Y los ejemplos se multiplican en otras alcaldías como Tláhuac y Xochimilco, en específico en sus pueblos Santiago Zapotitlán y San Gregorio Atlapulco, respectivamente. En el primero ha habido manifestaciones de acoso hacia quiénes integraron un órgano colegiado como figura política tradicional expulsando a los partidos políticos del lugar, mientras que en el segundo la defensa del agua ha resultado un deporte no de combate sino extremo, pues quienes se han entregado a dicha lucha han sido gravemente golpeados fuera de la alcaldía, además de difamados por parte del propio gobierno local y capitalino, también en venganza por juntar firmas para la revocación de mandato del ex alcalde morenista, José Carlos Acosta.

Este nuevo sexenio, integrado por dos mujeres —la jefa de gobierno capitalina y la presidenta— que han volteado la mirada hacia otro lado mientras los pueblos han sido reprimidos y mientras ellas suben de puesto nos deja a la deriva, bajo sospecha y en incertidumbre, ¿será que por fin después de 500 años de relaciones coloniales una cuarta transformación realmente se erigirá como una política de primera y nunca antes vista hacia los pueblos originarios que integran esta nación multicultural? O simplemente se trata de un espejismo más de la autoproclamada 4T…

Mi trabajo comunitario como mujer indígena originaria: la defensa del territorio y sus desafíos

Marcela Alvarado

Comencé mi camino en la defensa de los derechos de los pueblos con una movilización social en mi pueblo, San Andrés Totoltepec, Tlalpan, en contra de la construcción de un Verificentro en la entrada principal del mismo. Desde enero hasta marzo de 2016, organicé un movimiento junto a vecinos para detener esta construcción. La unión con el movimiento contra el verificentro me permitió participar en un proceso judicial crucial en la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación SDF-JDC-2165/2016, que resultó en la realización de una consulta indígena y la formación del primer Concejo de Gobierno Comunitario en la Ciudad de México.

Bajo el Concejo de Gobierno, desempeñé diversas funciones y gestiones, como concejal comisionada de panteones, vinculación con las colonias, protección al medio ambiente y concertación política con los distintos niveles de gobierno. Mi labor no solo se centró en la gestión para detener proyectos dañinos, como las unidades habitacionales y la perforación de un pozo profundo sin el consentimiento de nuestra asamblea comunitaria, sino también en la elaboración del Estatuto de Gobierno del Pueblo, el cual refleja nuestro sistema normativo interno emanado de las necesidades y demandas de la población.

La injusticia y la discriminación que históricamente han sufrido los pueblos indígenas me impulsaron profundamente a estudiar Derecho en la Universidad Latinoamericana. Participé en diferentes diplomados y seminarios en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Suprema Corte de Justicia de la Nación, Facultad de Derecho y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, entre otros. Cada experiencia ha fortalecido mi convicción de que la defensa de los derechos de los pueblos originarios es una lucha fundamental para su bienestar y reconocimiento.

Mi pasión por defender los derechos de los pueblos indígenas me ha llevado a desempeñar un papel activo en San Andrés Totoltepec. Cada día me esfuerzo por garantizar que se respeten sus derechos y que sus habitantes tengan una vida digna. Estoy convencida de que la educación es la clave para lograr un cambio profundo y duradero, por eso mi compromiso es seguir aprendiendo y trabajando en equipo para construir un futuro más justo y equitativo para todas y todos.

Al ser elegida en asamblea comunitaria el pasado 22 de abril de 2023 como Secretaria de la Representación Comunal siento la gran responsabilidad de seguir trabajando por nuestros derechos. La lucha es larga y compleja, enfrentando desafíos como la discriminación, la violencia y la pérdida de nuestro territorio. A pesar de ello, seguimos luchando, organizándonos y visibilizando nuestras demandas para construir un futuro donde nuestros derechos y nuestra cultura sean respetados. La defensa de nuestro territorio es una expresión de nuestra identidad y de nuestra resistencia histórica.

Mi trabajo en la comunidad ha sido un camino lleno de desafíos. He enfrentado momentos difíciles, incluyendo agresiones físicas, verbales, amenazas de muerte y difamación, incluso a través de medios electrónicos. Sin embargo, estos obstáculos no me han detenido. Al contrario, me han enseñado a ser más fuerte y a valorar el apoyo de mi comunidad, de mi familia y de otras mujeres que luchan por los mismos ideales. Mi compromiso con mi comunidad y la defensa de nuestros derechos es más fuerte que cualquier agresión. Sigo adelante, aprendiendo de cada experiencia y fortaleciendo mi determinación para construir un futuro mejor, donde la justicia y la equidad sean una realidad para todas y todos.

Denuncia pública

Denuncio dos actos de violencia y usurpación en nuestra sede de gobierno comunitario en San Andrés Totoltepec. El 24 de octubre de 2024, un grupo de personas ajenas a nuestro pueblo, liderados por Toribio Guzmán Aguirre, irrumpió violentamente en el Concejo de Gobierno Comunitario. Causaron destrozos, rompieron vidrios y amenazaron de muerte a miembros de la comunidad, poniendo en riesgo sus vidas, ante la mirada pasiva de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

La toma violenta de las instalaciones y la usurpación de funciones atentan contra nuestra autonomía y derechos. No permitiremos que unos cuantos pongan en riesgo la paz y la gobernabilidad de nuestro pueblo. Pido a las autoridades que investiguen estos hechos y castiguen a los responsables. Exijo garantías de seguridad para los integrantes del Concejo y para todos nosotros. Defenderemos nuestro derecho a la libre determinación.

“Nuestra historia está llena de desafíos, pero también de esperanza y resistencia. Nuestra voz es poderosa, nuestra acción es transformadora. Sigamos juntas construyendo un mundo donde nuestros derechos sean respetados, nuestra cultura sea valorada y nuestra voz sea escuchada”.

6 años de “guerra sucia” en Xochimilco, 2018-2024

Alejandro Velázquez Zúñiga

Durante el gobierno del exalcalde José Carlos Acosta en Xochimilco (2018-2024), los habitantes de esa demarcación, pero sobre todo las autoridades tradicionales de los pueblos, las organizaciones sociales y colectivos, fueron objeto de procesos de represión, persecución, amenazas, acoso y violencia por parte de funcionarios y operadores políticos de la Alcaldía.

Los procesos de organización de los pueblos y barrios originarios que motivaron la represión de las autoridades estatales fueron dos: la defensa del territorio y la búsqueda del ejercicio de la autonomía política por parte de los pueblos originarios de Xochimilco, los cuales impulsaron asambleas comunitarias desde el año 2019, a la par de diversos juicios, para asegurar el respeto a su libre determinación para elegir a sus propias autoridades conforme a sus propios métodos.

Los mecanismos utilizados por la Alcaldía y sus operadores para evitar que los pueblos contaran con autoridades comunitarias propias y para reprimir protestas en defensa del agua o de los humedales de Xochimilco consistieron, principalmente, en el acoso digital, a través de la creación de perfiles anónimos en redes sociales, los cuales difundían mensajes difamatorios y agresivos en contra de los abogados y representaciones comunitarias; en la represión directa por medio de grupos de “choque” para reventar asambleas comunitarias y manifestaciones pacíficas; en el envío de fuerzas policiacas (granaderos) para disolver protestas vinculadas con proyectos de infraestructura hidráulica, en amenazas y agresiones físicas en contra de mujeres defensoras del territorio y autoridades de los pueblos; la criminalización a través de la interposición de denuncias penales en contra de mujeres que además son autoridades comunitarias, solo por citar algunas.

Particularmente, el pueblo de San Gregorio Atlapulco, un pueblo históricamente consciente de la importancia de defender sus tierras y su agua, fue uno de los que más sufrió las agresiones. El 2 de diciembre del 2022, cientos de policías y granaderos agredieron a personas de la tercera edad y realizaron destrozos en propiedades privadas cuando el pueblo realizaba bloqueos en contra de una obra de infraestructura hidráulica. Asimismo, las mujeres originarias de dicho pueblo fueron de los principales objetivos de la represión orquestada desde la Alcaldía, ya que recibieron agresiones físicas y verbales durante procesos en defensa de su cementerio comunitario. También se documentó la violencia física en el contexto de la definición de los proyectos del presupuesto participativo.

El último hecho grave de violencia ocurrido en Xochimilco fue el pasado 5 de septiembre del 2024; en esa ocasión, hubo una una manifestación en la explanada central de la Alcaldía para solicitar que se retiraran los cargos penales interpuestos en contra de la defensora del territorio Hortensia Telesforo, quien fue denunciada penalmente por hacer uso de una biblioteca comunitaria que el pueblo recuperó, ya que la Alcaldía hacía fiestas particulares en dicho inmueble. Durante el mitin, decenas de “halcones” o grupos parapoliciales enviados por la Alcaldía Xochimilco golpearon con palos, piedras e incluso con pistolas a los manifestantes, lo que llevó a que mujeres de la tercera edad y jóvenes sufrieran diversas lesiones y fracturas.

Todos los hechos anteriores no fueron aislados, ni tampoco son los únicos. Existen muchos más casos de violencia y represión, incluso contra actores partidistas e integrantes de su propio partido (MORENA). Tampoco se salvan habitantes que no formaban parte de alguna corriente política o grupo social organizado, como ocurrió cuando la Alcaldía ilegalmente destruyó viviendas y dejó en la calle a familias enteras, niñas, niños y personas de la tercera edad.

A pesar de todo lo anterior y de la impunidad existente ante los actos descritos, los pueblos y barrios siguen organizándose en defensa de sus derechos, por lo que, a pesar de la violencia cometida, la lucha por la autonomía y la defensa del territorio sigue viva en Xochimilco.

Seis años sin Samir Flores, aniversario de una infamia

Cuitláhuac Alfonso Galaviz Miranda