- La FGE filtró información que apunta a qué el reinicio será hasta enero de 2025 pero la fecha pactada con colectivos es para este 6 de noviembre.
“La Fiscalía de Morelos apuesta por la opacidad en la tercera reapertura de las fosas de Jojutla; pretende realizar los trabajos sin la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, necesarias para garantizar la confronta de perfiles genéticos”, denunciaron familiares de víctimas de la violencia en Morelos.
Las fosas de Jojutla, donde la Procuraduría General del Estado de Morelos (hoy Fiscalía de la Región Oriente) inhumó de manera irregular decenas de cuerpos de personas en calidad de desconocidos, fueron descubiertas por denuncias anónimas que surgieron tras la apertura de las fosas de Tetelcingo, en Cuautla, en 2016.
Por su parte, las fosas de Tetelcingo fueron descubiertas por la familia de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, un joven que fue víctima de secuestro y, posteriormente, asesinado. A pesar de que la familia lo reconoció, en la Fiscalía de la Región Oriente su cadáver fue inhumado junto con más de un centenar de cuerpos en una fosa común.
En ambas fosas -Tetelcingo y Jojutla- se pusieron al descubierto una serie de irregularidades y delitos propiciados por personal de la entonces Procuraduría, entre ellas el incumplimiento de protocolos de inhumación, la falta de expedientes por cada ingreso a la SEMEFO y el ocultamiento de evidencias de delitos muchas veces cometidos por el crimen organizado.
La FGE pretende reiniciar los trabajos sin la GN y sin la FGR
En una reunión celebrada el pasado martes 29 de octubre entre familiares de víctimas y colectivos de búsqueda y autoridades de la FGE, encabezadas por Uriel Carmona Gándara, donde se abordaría la logística para la tercera reapertura de las fosas de Jojutla, programada para el 6 de noviembre, se informó de último momento, casi como un detalle sin importancia, que no se contará con la presencia de la Guardia Nacional ni de la FGR.
“Nos informaron que la Guardia Nacional y la FGR no participarán en los trabajos de obtención de muestras genéticas, necesarias para realizar el perfil genético y facilitar las pruebas de comparación con las muestras de familiares de personas desaparecidas, a fin de lograr el ‘match’ (como se le llama comúnmente) y, de esta manera, permitir que los restos puedan regresar con sus familias”, compartió Amalia Alejandra Hernández Hernández, integrante del colectivo Desaparecidos Tetelcingo y Jojutla y tía de Oliver Wenceslao.
Hernández destacó que la Fiscalía argumentó que “derivado de una reforma a su ley orgánica, ya no procede su acompañamiento, pues los recursos están destinados para los ministerios públicos federales y sus investigaciones”.
Esta noticia generó de inmediato molestia e incertidumbre entre familiares y colectivos de víctimas, quienes manifestaron la necesidad de gestionar la incorporación de ambas instituciones.
No obstante, las autoridades de la FGR se mantuvieron firmes en su decisión, argumentando que no existen las condiciones para ello debido a la premura del tiempo.
Importancia de la presencia de la GN y la FGR
Hernández explicó que tanto en la apertura de Tetelcingo como en las dos previas en Jojutla se contó con la participación de varias instituciones, entre ellas la Fiscalía y la Guardia Nacional (en un primer momento también se incorporó la Universidad Autónoma del Estado de Morelos), lo cual “permitió que las instituciones puedieran obtener un perfil que alguna otra no logre obtener. De esta manera, se puede garantizar, insisto, la confrontación con los perfiles genéticos de familiares de víctimas”, afirmó.
La activista subrayó que la Fiscalía ha tenido menos éxito en la obtención de muestras de ADN y, en algunos casos, ha ocasionado la pérdida de estas, lo cual dificulta la obtención de perfiles genéticos.
“En Tetelcingo, al haber cuatro instituciones participantes, teníamos la confianza de que el perfil se había obtenido de manera correcta. Y aunque la Fiscalía -desconozco por qué razón- no pudo obtenerlo, existía la certeza de que las otras instituciones sí lo lograron”, ejemplificó.
En esta ocasión, ante la posibilidad de que solo la Fiscalía de Morelos se encargue de obtener las muestras genéticas y procesar los perfiles, “esto deja a los familiares de víctimas en una terrible angustia, ya que la Fiscalía, no ha demostrado hasta el momento ser responsable en este sentido”, concluyó Hernández.
La FGE genera desconfianza por su ineficiencia
Edith Hernández, hermana de Israel, quien fue secuestrado, asesinado y permaneció como desconocido durante muchos años hasta que fue encontrado en las fosas de Tetelcingo, nos habla de la desconfianza en las instituciones encargadas de la justicia en el estado. La dolorosa experiencia de su familia representa el sentir de muchos en Morelos, quienes enfrentan un sistema judicial que resulta más opaco que confiable.
La reciente pretensión de eximir a la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional de las diligencias de identificación de cuerpos sin identificar, ha intensificado la preocupación entre los familiares. «El riesgo es la no identificación y la no entrega de nuestros seres queridos», afirma Hernández, resaltando la angustia de no poder recuperar a los desaparecidos y la posibilidad de que sus cuerpos queden en el limbo forense.
La falta de colaboración de estas instituciones genera una sombra de duda sobre la capacidad de la Fiscalía General del Estado para manejar los casos de desapariciones. En Tetelcingo, menos de 20 cuerpos han sido identificados desde que se descubrieron las fosas, y en Jojutla, apenas dos. Esta realidad se convierte en un escenario desolador, donde los familiares temen que, sin la intervención de instancias más confiables como la Guardia Nacional y la Comisión General de Derechos Humanos, no se logre avanzar en la identificación de los cuerpos.
«Es esencial que otras instituciones no solo participen, sino que también aporten perspectivas y métodos científicos para la identificación», sostiene Hernández. La ausencia de la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional en este proceso plantea un panorama sombrío, donde la única voz que determina la identidad de los cuerpos serías la de la Fiscalía de Morelos, lo que podría perpetuar la desconfianza y el sufrimiento de las familias.
La identificación de cuerpos no es solo un acto administrativo, señalan, es un acto de humanidad que debe ser transparente y riguroso. Sin el respaldo de múltiples instituciones, la posibilidad de que los cuerpos sean identificados correctamente disminuye, lo que deja a las familias en la incertidumbre y la desesperación.
La exigencia de una colaboración más efectiva y la intervención de diferentes instituciones en la identificación de los desaparecidos se vuelve apremiante. «No queremos que nuestros seres queridos sean solo números en un expediente. Necesitamos respuestas y justicia», concluye Hernández, reflejando el clamor de muchas familias que buscan no solo la identificación de sus seres queridos, sino la restauración de su dignidad.
La sospechosa filtración a medios locales
Unas horas después de la reunión con familiares de víctimas de la violencia y colectivos, desde la Fiscalía de Morelos se filtró una fecha distinta a la ya pactada con los colectivos: “Será a partir de enero de 2025 cuando se reinicien los trabajos de exhumación en el panteón Pedro Amaro, en el municipio de Jojutla, en la fosa común”, se difundió.
Dicha información aparentemente fue revelada durante una diligencia del personal de la Fiscalía (asignado a la próxima reapertura) en el panteón, «para empezar los preparativos, que iniciarán tentativamente el año próximo y cuya duración se ha planteado de cinco semanas». Así lo documentó la agencia de noticias Zona Centro en una breve nota donde solo se hace un recuento de declaraciones tanto de autoridades y víctimas, realizadas durante la apertura de las fosas en 2022, y donde los únicos datos nuevos son la fecha y la forma en que se obtuvo la información.
Para integrantes de colectivos, esto resulta sospechoso, y coinciden en que “la Fiscalía buscará retrasar el reinicio quizá por falta de recursos económicos para solventar dichas acciones”.
No obstante, «como es costumbre del titular Uriel Carmona Gándara, solo está simulando que cumple con los acuerdos y fechas establecidas, pero adoptando medidas para evitar la participación de la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, ya que sabe que habrá oposición por parte de los colectivos».
Hipótesis de los probables riesgos
Los colectivos de víctimas consideran que las deficiencias que ha mostrado la Fiscalía de Morelos, como la falta de insumos, la inadecuada formación de peritos y la pérdida de muestras genéticas, obstaculizan gravemente su acceso a la justicia. Estas limitantes generan un clima de desconfianza en las instituciones responsables de la investigación y la protección de los derechos humanos, afectando su derecho a obtener respuestas y justicia por sus seres queridos.
Entre las principales limitantes que, según los colectivos de víctimas, presenta la Fiscalía de Morelos, se destacan las siguientes:
1. Insuficiencia de reactivos: La Fiscalía carece de insumos para realizar confrontas genéticas entre hermanos, lo que limita el análisis cuando el denunciante es el único familiar vivo.
2. Obtención incorrecta de perfiles: La falta de certificación y formación de los peritos genera riesgos en la calidad y validez de los perfiles genéticos.
3. Pérdida de muestras genéticas: La pérdida de muestras de ADN, a menudo tomadas por orden del Ministerio Público, impide la comparación con los cuerpos resguardados por la Fiscalía.
Lanzan un SOS a la gobernadora
Debido a que se trata de un asunto con impacto nacional debido a que la experiencia vivida en Tetelcingo demostró que en Morelos existían víctimas de otras entidades como de los estados de Puebla, Tabasco y México.
Por eso ambas activistas lanzaron un llamado a la gobernadora de Morelos Margarita González Saravia para que intervenga y evite que se sigan violentando los derechos de las víctimas y se les garantice acceso a la justicia.
Amalia Hernández, activista y buscadora de personas desaparecidas, destacó: “solicitamos que por parte del gobierno del estado ya se marque la necesidad de la participación de las instituciones. No es una opción, es una necesidad para los familiares de víctimas y para quienes aún están desaparecidos”.
Agregó que esta identificación formal es indispensable para dar certeza a las familias afectadas: “esos cuerpos sin identificar, víctimas de algún delito, necesitan ser reconocidos plenamente a través de peritajes, para poder realizar las confrontas y regresar con sus familias, las miles y miles de familias que en todo el país existen”.
Edith Hernández, activista y buscadora, también hizo un llamado directo a la gobernadora: “ya hay una gobernadora que se comprometió a atender la crisis de desapariciones, pero también la crisis de exhumaciones. Estos cuerpos que van a salir están bajo su gestión, en su administración, en su gobernanza”, destacó.
Hernández también pidió que la gobernadora intervenga en el tema de la colaboración con la Fiscalía y la Coordinación General de Servicios Periciales (CGR), cuya participación es crucial para las exhumaciones. “Ella puede interceder a través de estas instituciones para preguntar por qué no van a participar”, comentó, instando a que aclare la falta de peritos para realizar los procedimientos necesarios.
“Sí le corresponde a ella atender por qué su gestión no ha cumplido con el compromiso que asumió con los colectivos que ya nos recibió, para atender esta crisis, y esto es parte de la crisis que enfrenta, y le corresponde”, concluyó la activista.
Con este llamado, Hernández enfatiza la necesidad de una acción efectiva desde el gobierno estatal ante la crisis forense que afecta a las familias de personas desaparecidas en Morelos.
Recuadro
Cronología de las Exhumaciones en las Fosas de Jojutla
Desde hace varios años, las exhumaciones en la fosa común ubicada en el Panteón Pedro Amaro de Jojutla, Morelos, han expuesto la compleja realidad del manejo de cadáveres no identificados por la Fiscalía General del Estado de Morelos. Estos trabajos de recuperación comenzaron en 2017 y se han desarrollado en medio de conflictos entre colectivos de familiares de personas desaparecidas y autoridades, marcando un camino difícil hacia la verdad y la justicia.
- Primera intervención (2017): En 2017, se iniciaron los trabajos de exhumación en la fosa común bajo la expectativa de recuperar 35 cadáveres. Sin embargo, tras alcanzar esa cantidad, los familiares exigieron profundizar las excavaciones, un acuerdo previamente pactado que la Fiscalía inicialmente resistió cumplir. Fue solo bajo la presión de los colectivos que se levantó una cubierta de triplay, revelando más cadáveres. Al finalizar esta primera intervención, el número total de cuerpos exhumados ascendió a 85.
Conflictos en el proceso: A pesar de los acuerdos para continuar con la excavación y ampliar la búsqueda, la Fiscalía mostró renuencia a realizar una exploración adicional de un metro alrededor de la fosa. La insistencia de los familiares de las víctimas resultó en el hallazgo de dos cadáveres más en un área cercana. Sin embargo, el trabajo se detuvo debido a la presencia de ataúdes particulares, lo cual implicó negociar con familiares para continuar con las labores de exhumación. Este proceso se prolongó durante cinco años debido a la desconfianza generada por la falta de cooperación de la Fiscalía.
- Segundo intento de exhumación (2022): En 2022, se intentó reiniciar las labores de exhumación. No obstante, el colectivo de desaparecidos en Jojutla fue excluido de las reuniones preparatorias, rompiendo el acuerdo que aseguraba su participación. Finalmente, gracias a la intervención de otros colectivos, el grupo fue incluido en las sesiones virtuales, aunque las autoridades a cargo no entregaron la documentación requerida para seguir adelante con los trabajos.
Dificultades legales y administrativas: El inicio de las nuevas exhumaciones quedó condicionado por una denuncia que motivó a la Fiscalía a solicitar una intervención judicial, pero hasta la fecha no se ha permitido a los familiares revisar los detalles de dicha denuncia. A pesar de las solicitudes de los familiares y colectivos, los detalles de la orden judicial que regulaba el proceso no se hicieron públicos, limitando la transparencia y la confianza en el proceso.
Reconocimiento de la fosa como espacio oficial: A lo largo de los años, la Fiscalía argumentó que la fosa en el Panteón Pedro Amaro era «clandestina», un punto controvertido ya que los cadáveres encontrados estaban embalados y con necropsias realizadas, lo que indicaba que eran cuerpos bajo custodia oficial. Este reconocimiento ha reforzado el posicionamiento de los colectivos, que exigen a la Fiscalía la delimitación precisa del área y un conteo oficial de todos los cuerpos depositados en fosas comunes de Morelos.
Esta cronología de eventos subraya el doloroso camino de las familias en la búsqueda de respuestas y de justicia, en el que esperan que las exhumaciones en Jojutla logren esclarecer el número total de cuerpos y sus identidades, un proceso esencial para cerrar años de incertidumbre y sufrimiento.
Foto de Estrella Pedroza
Foto de Estrella Pedroza
https://cuartoscuro.com/fotos/individual/556005/151762
Trabajos de recuperación en Tetelcingo (foto de archivo). Foto: Adriana Álvarez /CUARTOSCURO.COM
https://cuartoscuro.com/fotos/individual/556004/151762
Trabajos de recuperación en Tetelcingo (foto de archivo). Foto: Adriana Álvarez /CUARTOSCURO.COM
Tan solo en los primeros días se recuperaron 13 cuerpos de la fosa clandestina administrada por la Fiscalía General del Estado de Morelos en Tetelcingo. Foto: Margarito Pérez Retana /CUARTOSCURO.COM
