

Blanco y Villalobos dañaron las finanzas de la ciudad
- El Ayuntamiento capitalino deberá pagar cien millones de pesos por obras que fueron anunciadas como donaciones por el entonces alcalde Cuauhtémoc Blanco
- Entre otros casos, Blanco Bravo privilegió a un asesor con una liquidación excesiva cuyo acumulado representaría para el municipio un pago de 2 millones de pesos.
- Villalobos omitió dar solución a 500 expedientes laborales, muchos de ellos ya en fase de ejecución en contra del municipio, informó la síndica, Paula Trade Hidalgo.
Las administraciones de Cuauhtémoc Blanco y Antonio Villalobos en el ayuntamiento de Cuernavaca provocaron daños al patrimonio de la ciudad que aún se están pagando con montos millonarios; el mayor de los expedientes obligaría a pagar cien millones de pesos al corporativo Constructor de Morelos, por obras realizadas que fueron presentadas como una donación en aquel momento, sin autorización de la empresa responsable.
La sindica municipal, Paula Trade Hidalgo, expuso que el ayuntamiento hará “todo lo posible para no pagar esos cien millones de pesos de esa manera… tendremos que llegar a un acuerdo” pues dijo, el Ayuntamiento no tiene esa cantidad para hacer el pago.
“El juicio inicio por una negativa ficta ante el incumplimiento de un convenio generado en la administración 2016- 2018 por la supuesta donación de obras de pavimentación para la ciudad, lo cual generó que los intereses fueran creciendo debido a que en el convenio se estableció un porcentaje mensual del 1.5 por ciento sobre la deuda total; con este nuevo convenio ya no se actualizarían los intereses generados desde la presentación del incidente hasta la nueva resolución”, informó el ayuntamiento en noviembre del 2023; pero ahora el juzgado ha requerido el pago completo por cien millones de pesos.
Paula Trade refirió que además de ese expediente, el área jurídica del Ayuntamiento atiende otras herencias de la administración de Blanco Bravo, como “convenios que se firmaron de cosas que ni siquiera legalmente eran posibles y (en las) que hoy en día tiene una responsabilidad el ayuntamiento”.

Y puso como ejemplo “cuando el alcalde Cuauhtémoc Blanco despidió a un abogado, lo despide con un convenio irreal, que ya quisiéramos todos los trabajadores tener esas posibilidades, en donde ponen una penalización diaria extrema de unas cantidades muy elevadas, 500 pesos diarios… y hoy… estamos peleando porque quieren que paguemos casi dos millones de pesos solamente a una persona… un abogado, un asesor”, cuyo nombre se reservó “por estrategia”; pero se trata de un modelo que se repitió en otros convenios.
Además, dijo, el Ayuntamiento de Cuernavaca atiende alrededor de 500 laudos laborales que heredó hace más de tres años y no tuvieron una conciliación favorable debido a la omisión de la administración que encabezó el exalcalde Antonio Villalobos.
Expuso que los laudos son producto de asuntos laborales “que se debieron haber atendido y se debió haber dado continuidad para que se pudieran conciliar… siempre la mejor forma y lo que buscamos como empleados es tener un buen arreglo, que no abusen de nuestros derechos, pero en su mayoría la gente tampoco quiere abusar”.
Consideró que hubo omisiones por parte de la administración de Antonio Villalobos, en la que, dijo “fue complicado asistir a algunas audiencias, y donde se tomó una estrategia legal-laboral incorrecta”.
Expuso que el Ayuntamiento está haciendo “un análisis profundo para cumplirles a quienes ya les tenemos que cumplir y buscar la manera de pagarles a los que ya se tiene que pagar; porque se acostumbra mucho en las administraciones que, aunque ya tengamos que pagar y ya estemos con multas diarias, seguir siendo omisos en esos temas”.
Aseguró que la sindicatura está “enfrentando la realidad con el apoyo y el respaldo del alcalde, José Luis Urióstegui Salgado, con un presupuesto ya planeado” que contempla los pagos de sentencias ya confirmadas. Mientras que en los juicios que se tienen en proceso se trabaja en conjunto con la consejería jurídica y directores de áreas, una estrategia que permita atender y conseguir acuerdos conciliatorios en beneficio del ayuntamiento.

