El secretario de Desarrollo Económico y del Trabajo, Víctor Sánchez Trujillo, advirtió que la reducción de la jornada laboral -pasa de 48 a 40 horas- no se llevará a cabo de inmediato, esto tras su reciente aprobación en el congreso local. En lugar de una implementación abrupta, la medida se aplicará de forma gradual, buscando permitir a las empresas realizar los ajustes necesarios sin que ello impacte de manera drástica su productividad.
Sánchez Trujillo explicó que, si bien la reforma busca mejorar las condiciones laborales, especialmente para los trabajadores, los sectores productivos enfrentarán retos significativos debido a los cambios en sus dinámicas laborales. Este tipo de reformas, como ocurrió en su momento con el incremento al salario mínimo o la ley “silla”, conllevan un impacto económico que no puede pasarse por alto, sobre todo en empresas de menor tamaño o con estructuras rígidas.
Para facilitar este proceso de transición, el gobierno estatal ha optado por abrir espacios de diálogo con los empresarios, mediante mesas de trabajo dirigidas a las cámaras empresariales. Estos encuentros buscan definir la mejor forma de implementar la nueva jornada laboral, con el fin de que las empresas puedan ajustarse de manera eficiente, sin perder competitividad ni afectar su productividad.
El secretario destacó que el proceso será cuidadosamente planeado, con el objetivo de encontrar soluciones que beneficien tanto a trabajadores como empleadores. Sin embargo, ante la pregunta sobre cómo se apoyará a las empresas para mitigar los posibles efectos negativos de esta medida, Sánchez Trujillo admitió que aún no existe un plan específico para abordar este tema. “De momento no lo tengo así visualizado”, expresó, dejando abierta la puerta a futuras negociaciones.
Subrayó que este cambio debe ser gradual para evitar repercusiones inmediatas en la economía de las empresas, especialmente las de menor tamaño. La colaboración entre los sectores público y privado será clave para lograr un equilibrio que permita que las empresas se adapten a esta nueva normativa sin comprometer su estabilidad económica, concluyó.
