Luego de que jueces de control del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ordenaran la liberación de diez personas detenidas en operativos realizados en Cuernavaca, Chiconcuac y Emiliano Zapata —acusadas de presunta participación en robos de vehículos—, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Urrutia, urgió a los impartidores de justicia a “homologar criterios” en los procesos penales, al considerar que decisiones contradictorias ponen en riesgo los avances en materia de seguridad.
Urrutia Lozano recordó que producto de dos cateos exitosos fueron detenidos sujetos con armas, drogas y vehículos robados, “yo debo de respetar la situación porque fuimos en apoyo de la Fiscalía General del Estado. Se acordó trabajar con el Tribunal Superior de Justicia ciertos cateos que son importantes porque son generadores de violencia en la zona de Emiliano Zapata” una zona en la que se tuvieron hace unas semanas muchos homicidios.
“En actos de investigación que nosotros apoyamos, con análisis técnicos de videocámaras la Fiscalía obtuvo dos órdenes de cateo muy importantes. Ahí estos generadores de violencia fueron detenidos, sin embargo, se dio la ‘puerta giratoria’ nuevamente”, lamentó.
Los jueces determinaron que las detenciones fueron ilegales, al no haberse cumplido los protocolos establecidos por ley en los cateos ejecutados por elementos de la Policía Estatal y de la Fiscalía General del Estado (FGE). Esta resolución implicó el desechamiento de las pruebas presentadas por el Ministerio Público y, en consecuencia, la liberación inmediata de los imputados.
Ante ello, Urrutia expresó su inconformidad y cuestionó las diferencias de criterio entre jueces que, en casos similares, primero avalan la legalidad de las detenciones y luego las desestiman. Refirió que se trata de eventos similares a los realizados en otros sitios que los juzgadores declararon válidos “y ahora a criterio del juez se tiene la libertad de estas personas que, está comprobado que participaron en muchos hechos delictivos”.
“Estamos avanzando en reducir la incidencia delictiva, así que sí va a servir mucho ese criterio amplio de los jueces de control para que homologuen sus criterios, porque no puede ser posible que otorguen detenciones legales y después vinculaciones a proceso, y en los mismos casos, otro juez, arbitrariamente, salga con esta resolución (la puesta en libertad)”, declaró.
Previamente, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos había informado que recurriría “ante la instancia jurisdiccional competente para presentar recurso de apelación contra la determinación de un juez de control quien calificó de ilegal la detención y puesta a disposición de 10 personas detenidas mediante la ejecución de una orden de cateo a dos inmuebles de la colonia Modesto Rangel, del municipio de Emiliano Zapata”.
Recordó que “dichas personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía Regional Metropolitana por su probable responsabilidad en delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo con fines de comercio, resistencia de particulares y utilización de un vehículo robado para la comisión de otros delitos”.
Y lamentó que “en audiencia de control celebrada este lunes 21 de junio, el juzgador calificó de ilegal la detención argumentando contravenciones a disposiciones legales en el desarrollo del cateo, criterio que no comparte el Ministerio Público pues la diligencia atendió a las procedimentales establecidas, tal como se ha hecho en otros operativos cuyos responsables enfrentan procesos penales con la medida cautelar de prisión preventiva”.