En Morelos viven 38 mil 331 personas afrodescendientes, una población cuya identidad, aunque no esté asociada a una lengua específica ni a un solo territorio, constituye un componente esencial de la riqueza cultural y comunitaria del estado. Bajo ese reconocimiento, autoridades estatales y federales avanzan en la consolidación de una política pública con enfoque intercultural y acciones concretas para combatir la discriminación.
Con el propósito de fortalecer la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, el Instituto de Pueblos Indígenas y Afromexicanos de Morelos (IPIAM) encabezó una mesa de trabajo interinstitucional con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y la diputada local Guillermina Maya Rendón.
Durante el encuentro se definieron rutas de trabajo, responsabilidades institucionales y criterios de evaluación para dar seguimiento al Decálogo Antirracista, instrumento firmado el pasado 27 de enero en el marco del Día Estatal de las Personas Afromexicanas, con el objetivo de fomentar una sociedad más justa y libre de discriminación.
El decálogo contempla compromisos en materia de reconocimiento, justicia social, inclusión, educación, identidad y preservación cultural, y fue suscrito por la gobernadora Margarita González Saravia, así como por representantes del Congreso local y del Tribunal Superior de Justicia, consolidando un acuerdo transversal entre poderes para enfrentar el racismo estructural.
En la mesa de trabajo también se planteó la necesidad de unificar los catálogos de registro de comunidades, capacitar a servidoras y servidores públicos y garantizar atención con enfoque intercultural. La meta es medir avances concretos en la prevención de la discriminación y asegurar que las acciones institucionales tengan impacto verificable.
Adelaida Marcelino Mateos, titular del IPIAM, subrayó que la articulación entre los gobiernos federal, estatal y el Poder Legislativo local es clave para consolidar una agenda efectiva. Señaló que contar con información homologada y actualizada permitirá facilitar la correcta identificación de comunidades, mejorar la focalización de recursos y ordenar la incorporación de beneficiarias y beneficiarios a programas estatales y federales.
La consolidación de estos mecanismos institucionales no sólo implica cerra las brechas históricas de exclusión, sino también garantizar que las comunidades originarias y afromexicanas sean consideradas en la planeación, asignación de recursos y diseño de programas públicos.
