En la historia hay múltiples testimonios de la participación de las mujeres en la vida política de México. Sin embargo, fue hasta octubre de 1953 cuando las mexicanas lograron el derecho al voto. En Morelos pasaron 71 años desde esa fecha para que una mujer pudiera ser gobernadora, Margarita González Saravia, los mismos que transcurrieron para que el país tuviera su primera presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, lo que evidencia la lentitud con que se ha avanzado en reconocer la igualdad de los derechos políticos entre hombres y mujeres.
El acceso de las mujeres a cargos públicos y de elección popular se ha acelerado ciertamente en las últimas dos décadas, desgraciadamente no por la evolución de un sistema marcado quizá mucho más que cualquier otro por la cultura patriarcal, sino por la puntual lucha de cientos de mujeres que en México y Morelos se han movilizado, exigido, han diseñado políticas de inclusión, y lograron, paulatinamente, establecer la obligación de ser incluidas en la toma de decisiones dentro de los partidos políticos y las estructuras de gobierno y representación.
Pese al avance jurídico en el reconocimiento de sus derechos políticos, las mujeres tuvieron que luchar desde el principio contra la violencia política que se ejerció siempre en su contra, pero se fue acelerando y adaptando a cada nueva circunstancia. Las agresiones contra las mujeres en su ejercicio político son una más de las violencias que han crecido en contra de su género, y si bien el argumento de violencia política de género se ha usado en exceso hasta casi desgastarlo, las víctimas de ella siguen existiendo todos los días en los ayuntamientos, los pasillos de los gobiernos, los congresos y los órganos autónomos.
Cierto que hay mucho qué festejar en el avance que ellas han logrado, palma a palma, palabra por palabra de las leyes y los discursos; la normalidad en el acceso de las mujeres a cualquier cargo de elección popular o político es un motivo de enorme regocijo; pero también lo es que urge una profunda transformación de la vida pública; una en que Morelos está llamado, por sus características demográficas pero también políticas, a poner el ejemplo desterrando los arraigados elementos que aún subsisten de la cultura patriarcal y logrando con ello que la presencia de las mujeres en el Poder lleve la agenda de las mujeres a la política pública de forma transversal y permanente.
Contrasta que el enorme avance logrado por las mujeres en la política sea prácticamente anulado en las calles y muchos de los hogares por acciones de violencia instrumental que son tristemente cotidianas. En la medida en que las mujeres han logrado avances políticos y profesionales en Morelos, es evidente el aumento de la violencia de género en todas sus formas, cada día son más los feminicidios, las violaciones, las lesiones dolosas, y otros crímenes en contra de las mujeres morelenses.
Peor aún el que haya un Poder del estado, el Judicial, que acumula acusaciones de persecución contra las mujeres víctimas de todo tipo de violencia, a quienes se les niega la justicia todos los días por las sospechosas decisiones de jueces que las lastiman en lo más preciado, sus derechos y su familia. El principal garante de que las mujeres puedan acceder al ejercicio de sus derechos parece actuar justamente del modo contrario, en una especie de afán por lesionar a las mujeres específicamente y con ello acrecentar la incertidumbre sobre la protección jurídica que requieren no solo las que deciden dedicarse a la vida política, sino todas ellas.
Los avances, entonces no han sido parejos y en muchos sectores parece incluso haber retrocesos en la lucha de las mujeres por ejercer todos sus derechos. Vale la pena festejar todo lo que se ha logrado, pero también reflexionar sobre lo que se dejó de hacer y especialmente en quiénes han mostrado en los hechos ser enemigos de la progresividad de los derechos cuando se trata de ellas.
