La corrupción en México parece ser un mal endémico que permea todas las capas de la sociedad; si bien muchos lo ven como parte de los usos y costumbres en que algunos abrevian trámites o consiguen el perdón por haberse pasado un semáforo en rojo, los efectos perniciosos de la corrupción resultan indignantes cuando se piensa en niños sin medicina o la debacle que el campo morelense sufrió apenas el año pasado tras una de las peores sequías que haya habido en nuestro estado.
En Morelos hemos sido testigos de otro escándalo de corrupción que retrata de cuerpo entero a muchos de los involucrados: se trata del desvío de recursos destinados al apoyo agrícola por parte de la pasada administración en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedagro).
Aunque un juez haya considerado que no hubo dolo al ocultar en bodegas particulares bienes que los campesinos demandaban con urgencia, este hecho no sólo representa un delito económico, sino un atentado contra el tejido social y productivo del estado. La historia de fertilizantes escondidos, contratos amañados y jueces en posible contubernio desnuda la mecánica de una corrupción que condena al abandono, entre otros sectores a quienes trabajan la tierra y sostienen la alimentación de todos.
Los insumos encontrados en las bodegas particulares relacionadas con Omar Taboada Nasser, entonces encargado del despacho de Sedagro, comprados con recursos públicos, estaban destinados a pequeños productores de hortalizas, sorgo, amaranto y nopal, entre otros cultivos básicos para la autosuficiencia alimentaria de la región. Sin embargo, en lugar de llegar a manos campesinas, los apoyos fueron retenidos, presuntamente para beneficio de redes políticas y empresariales ligadas al hermano del exgobernador Cuauhtémoc Blanco, Ulises Bravo Molina.
La empresa beneficiada con la licitación, Comercializadora Distribuidora y Logística Morvi, S.A. de C.V., comparte domicilio con otras compañías también favorecidas durante la administración de Blanco. Muchas de estas firmas tienen vínculos entre sí, ya sea por socios, domicilios comunes o estructuras paralelas, lo que sugiere un entramado de simulación y colusión diseñado para desviar recursos públicos mediante procesos de contratación amañados.
El proceso judicial contra Taboada Nasser sufrió un revés cuando el juez Natanael Subdias Aguilar, identificado como cercano al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Luis Jorge Gamboa Olea, negó su vinculación a proceso, a pesar de los testimonios, fotografías y hasta del comportamiento del propio Taboada quien desapareció de la faz de la tierra en cuanto la FA hizo sus hallazgos para reaparecer solo para hacer entrega del despacho, a unas horas de que se venciera el plazo legal para hacerlo.
Además, hay que recordar que el gobierno de Cuauhtémoc Blanco se negó a apoyar de cualquier forma a los productores que resistieron en primera fila los rigores de la falta de lluvia, aunque, por lo visto, ya había insumos que buena falta les hacían, aunque bien resguardados, eso sí, sin dolo y sin representar un quebranto patrimonial, en las bodegas de Taboada.
Este caso es un ejemplo de cómo la corrupción en Morelos escaló durante la pasada administración a ser un fenómeno estructural, en el que se encuentran no solo un funcionario que roba, sino es una red completa de actores políticos, empresarios y operadores judiciales que actúan en complicidad. Eso tiene un nombre y es un delito grave.