En un mundo tan contaminado por las energías fósiles, siempre parece una buena noticia la habilitación de sistemas generadores amigables con el ambiente. Bajo esta óptica, la instalación de aerogeneradores, estaciones de aprovechamiento de biomasa y otras alternativas a la energía proveniente de la combustión de hidrocarburos suelen ser bien recibidas por el público. Entre todas las formas de energías limpias la que parece ser más popular en zonas con las características geográficas de Morelos es la energía fotovoltaica, conocida también como “solar”.
Pareciera imposible, pero hay gestiones políticas que pueden ensuciar hasta a las energías limpias. Una de ellas fue la de Luis Jorge Gamboa Olea al frente del Tribunal Superior de Justicia de Morelos.
El ocho de abril pasado, aunque había sido destituido de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia casi quince días antes, el ya muy cuestionado Gamboa Olea “inauguró” un sistema fotovoltaico para la Ciudad Judicial de Atlacholoaya.
Se trata de 200 módulos solares monocristalinos cuya adquisición, instalación y conexión a la red de alimentación costó poco más de 3 millones 200 mil pesos. El 91% de los recursos provenían del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (dotado por la Federación) y el resto del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado de Morelos (una partida que actualmente se encuentra en revisión por múltiples denuncias de uso indebido de recursos).
Se suponía que el sistema permitiría el ahorro del 80% del gasto en energía eléctrica en los juzgados de Atlacholoaya y que, en caso de interrupciones en el suministro de la Comisión Federal de Electricidad, entraría como energía de respaldo. Ninguna de esas cosas pasó porque el sistema no funciona.
Apenas dos meses después de la ceremonia inaugural, la falla en un transformador de la CFE provocó una interrupción general en el suministro, que demostró la inutilidad de las celdas fotovoltaicas instaladas. Unos días antes del incidente, Juan Emilio Elizalde Figueroa había sido nombrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, así que le correspondió a él instruir el inicio de las investigaciones sobre las razones de la falla.
Entre otros componentes de la investigación está la probable responsabilidad de la empresa proveedora que habría incumplido con la calidad y operatividad esperada en la obra; probables sobreprecios en la adquisición del equipo; y hasta la presumible responsabilidad de servidores públicos en la recepción indebida, inadecuada y deficiente del sistema.
Algunas de esas irregularidades están a la vista, por ejemplo, Luis Jorge Gamboa Olea recibió y puso en marcha el sistema fotovoltaico días después del 20 de mayo, fecha en que entró en vigor la reforma judicial local que lo destituyó del cargo, según él mismo reconoció en un comunicado emitido el mismo día de su salida. Aún con ello, continuó ostentándose como presidente y tomando decisiones que no le correspondían, como en el caso en cuestión.
Malo sería que en un estado tan prometedor y con tanta urgencia de energías limpias, el escándalo que ha provocado el sistema de Atlacholoaya se convierta en un obstáculo para seguir invirtiendo en la conversión energética, especialmente en el sector público. Para evitarlo, es urgente que la investigación se concluya y sus resultados se difundan a fin de saber dónde estuvieron las fallas, aprender de ellas y, por supuesto, reparar el daño y castigar a los responsables.