Aideé Tassinari Azcuaga
El 20 de mayo pasado, una representación del ejido El Bajío en Sonora y organizaciones solidarias asistieron a la Asamblea Anual de Accionistas del gigante minero Fresnillo Plc en Londres. Por cuarta ocasión sucedía un hecho poco común, que los afectados por el saqueo y la destrucción del territorio por las actividades mineras encararán en su reunión anual a la multinacional que cotiza en la Bolsa de Valores de Londres.
Los patriarcas de Fresnillo Plc, subsidiaria del Grupo Peñoles, se sentaron frente a una veintena de personas, ocho de ellas estábamos ahí para cuestionar su informe 2024 y evidenciar ante los accionistas y el público que la empresa les ha mentido al no reportar que desde 2014 perdió, mediante las 67 sentencias del Tribunal Unitario Agrario 28 de Hermosillo, el acceso al territorio usurpado a El Bajío, y que debía restituir el mineral de oro saqueado, así como remediar el daño ambiental.
Durante casi una hora Alejandro Baillérez, el heredero del emporio minero y designado director general de Fresnillo, así como ocho ejecutivos de la minera tragaron el sapo de las preguntas incómodas sobre su proceder ilegal por el desacato, por más de 14 años, a la orden del Tribunal, por las violaciones a los derechos humanos de la comunidad de El Bajío, de las hay testimonios directos y su negativa a pagar por el saqueo del mineral. Antes de las preguntas, Octavio Alvídrez, segundo al mando de la minera, leyó una declaración en la que se reitera la narrativa de negar todas las violaciones legales y ambientales, pero sin aportar pruebas.
La mentira central en el informe anual 2024 de Fresnillo es la afirmación de que la Mina Soledad Dipolos, ubicada en el territorio de El Bajío, es parte de sus minas en operación, aunque aclara que esta se encuentra suspendida. Más adelante en el documento, afirman que Fresnillo podrá recuperar esa mina.
En la medida en que las concesiones mineras que posee este emporio se capitalizan, para Fresnillo es vital mantener la mentira ante sus accionistas de que recuperará el acceso a Soledad Dipolos. Aunado al dato de que cuenta con 1 millón 600 mil hectáreas concesionadas en México. Las ganancias de esta minera en la Bolsa de Valores Londinense dependen de hacer creer a los accionistas que la concentración de la tierra y su saqueo será ininterrumpida.
Fresnillo Plc debe pagar a la comunidad ejidataria de El Bajío 630 millones de dólares. La sentencia es del Tribunal Agrario Unitario 28. Instancia que nombró a peritos expertos que calcularon esta cantidad por las toneladas de mineral de oro que extrajo del territorio usurpado al ejido por varios años. Frente a este hecho, conocido desde enero pasado, los millonarios avanzan en la configuración de la mentira al afirmar que el cálculo es erróneo y que podrán apelar esta sentencia.
Fresnillo debía presentarse el 29 de mayo a la Audiencia convocada por el Tribunal Agrario para indicar cómo va a pagar esa deuda a la comunidad ejidataria. No asistieron y recurrieron a su influyentismo en el gobierno estatal al lograr que dos funcionarios de alto nivel trataran de impedir la celebración de la audiencia. La Audiencia se realizó sin ellos.
Fresnillo y Grupo Peñoles pueden mentir en sus informes anuales, desacatar órdenes judiciales, mantenerse impunes frente a la destrucción ambiental de una parte del Desierto Sonorense y otras regiones del país porque han tenido el apoyo de todos los gobiernos estatales y federales, sin importar el partido que se encuentre en el poder. Son los mayores acaparadores de tierras para la extracción minera en México.
El representante del ejido El Bajío, Jesús Thomas, expresó que la asistencia a esta reunión arroja un balance positivo porque se evidenciaron de nuevo las mentiras de la junta directiva de Fresnillo y se crearon nuevos vínculos con organizaciones solidarias en Inglaterra. Además, un miembro del parlamento británico se comprometió a gestionar ante el gobierno de México para que la impunidad de Fresnillo se detenga, pague la deuda y remedie la destrucción territorial ocasionada.
