La pequeña y contaminada clase política de Morelos
Lo que ocurre en torno a Jesús Corona Damián y Raúl Tadeo Nava, alcalde y exalcalde de Cuautla, a Agustín Toledano Amaro, también alcalde de Atlatlahucan y con muchos otros funcionarios municipales y políticos locales investigados por sus presuntas relaciones con grupos delictivos evidencia no solo la profunda penetración que logró el hampa en las estructuras de los gobiernos locales, una contaminación cuyas proporciones no solo indignan, sino además dificultan la construcción de un futuro mejor para el estado.
La proporción de funcionarios bajo sospecha preocupa no solo por la cantidad de ellos, sino por la ubicación que tienen en áreas definitivas de las políticas públicas, alcaldías, oficinas de obras, despachos de seguridad pública, espacios donde se deciden licencias de funcionamiento. Un tejido estratégico que, además de los que someten a la ciudadanía a espacios controlados por la delincuencia, tiene otros efectos inmediatos, evidencias todos, de otros vicios del sistema político local.
El primero de los efectos, sin duda, es el problema para integrar gobiernos. Tener malos antecedentes o estar bajo sospecha fundada de nexos con grupos delictivos tendría que eliminar de la discusión cualquier perfil de funcionario público, pero en Morelos eso no ocurre por dos razones, la primera es la polarización política que ha llevado al señalamiento fácil en que toda la clase política es sospechosa de ser corrupta, o incapaz, o en el peor de los casos: ambas. El segundo problema es que tampoco se han formado grandes talentos políticos a través de probadas carreras de honestidad, probidad y eficiencia en el servicio público.
La polarización política es natural y cada día se radicaliza más, así que cualquier funcionario público es susceptible de ver su honestidad puesta en duda. La transparencia y máxima publicidad a los actos que lo merecen suele ser una herramienta útil para evitar dudas sobre el actuar de los políticos, aunque también ayuda tener organismos anticorrupción eficientes que den publicidad a los procesos que descartan y las razones para ello. Contralorías y fiscalías más ágiles y activas en la difusión de sus casos pueden ayudar a la imagen de los funcionarios públicos, así que en Morelos podría avanzarse mucho en eso mediante la dotación de más recursos y reformas legales que obliguen a la máxima difusión de los asuntos sin afectar la presunción de inocencia.
Quedaría aún el problema de la falta de formación de cuadros para el funcionariado público. Primero vale la pena recordar que los políticos son humanos y tienen sus afectos, a los que los políticos suman compromisos de campaña que llevar a la ubicación de personas no necesariamente honestas o bien preparadas en muchos despachos, contra eso poco ha podido hacerse. Hasta la creación de servicios profesionales de carrera, que garantizan ascensos a quienes tienen conocimientos y experiencia en los despachos públicos ha sido desplazada por la creación de meta estructuras burocráticas de confianza que se superponen y a menudo desplazan a los espacios más altos de carrera. Más allá del costo que tiene para el erario la duplicación o a veces hasta triplicación de funciones, el problema está en que los espacios de toma de decisiones no son ocupados por la gente ideal, lo que debilita las instituciones y las pone a merced de todo tipo de contaminación, incluida la criminal.
Ese problema de impostura en el funcionariado público se presenta en prácticamente todos los sectores y niveles de gobierno. En pocos espacios se ubica gente con experiencia y la mayoría de quienes la tienen suelen ser funcionarios cuyas metodologías requieren una actualización importante. (Llama la atención, por cierto, la combinación de extraordinaria experiencia y mucha juventud que representa el gabinete de la gobernadora, Margarita González Saravia, en el que, sin embargo, son pocos los funcionarios de la edad adulta joven, por ejemplo. El talento parece haber olvidado a una generación que ha aportado, en cambio a varios alcaldes y diputados hoy bajo sospecha de terribles comportamientos).
Entonces queda la preocupación, hay pocos funcionarios con habilidades y por lo menos algunos de ellos podrían estar involucrados en chuecuras. Así que el abanico se reduce aún más. Valdría la pena para todos los gobiernos y partidos, empezar a formar cuadros, sólo así podría tenerse una alternativa más o menos creíble para la depuración total del régimen. Siempre queda, eso sí, el problema de que la formación de cuadros es una tarea que lleva cierto tiempo, y en Morelos tenemos, diríase, “el niño atravesado”.
Visto así, vale la pena aguardar a que las fiscalías General de la República, General del Estado, Anticorrupción, las contralorías, los órganos de desafuero de las cámaras, se apuren a hacer sus trabajos a fin de poder seguir avanzando en la depuración que urge a las estructuras de poder en Morelos.
Por cierto, ¿alguien ha calculado el nivel de daño que habría provocado Raúl Tadeo Nava a Morena de haber conseguido ser dirigente estatal, como pretendía el año pasado? Parece que, aún con su discretísima gestión (más en el tono de evitarse cualquier problema), la designación de Mirsa Berenice Suárez Maldonado fue lo mejor que, en esa circunstancia, le pudo pasar a ese partido en Morelos. Esquivaron el balonazo, pero algo deberán hacer para evitar volver a quedar tan cerca del riesgo.
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