Como cada año The Economist Intelligence Unit (EIU) publicó, el pasado 27 de febrero, el Índice Global de Democracia 2024, en el que mide el estado de democracia en el mundo y clasifica a los países en función de cinco criterios: el grado de libertades, los procesos electorales, el funcionamiento del gobierno, la cultura política, y la participación política. El instituto de investigación clasifica a los países en varias categorías: democracia, democracia defectuosa, régimen hibrido y régimen autoritario, en función de la puntuación obtenida.
El informe detalla que, en 2024, la democracia siguió retrocediendo en el mundo y del total de 167 países evaluados solo 25 son democracias “plenas” (15%), mientras que 46 países (27.5%) fueron calificadas de democracias “defectuosas”; 36 países (21.6%) fueron catalogados como “regímenes híbridos”; y, finalmente, 60 países (35.9%), fueron designados “regímenes autoritarios”.
De los 25 países con regímenes democráticos 17 se concentran en Europa (es decir el 68% del total), 4 en Asia y Oceanía (el 16%). Fuera de esas regiones, solo 4 países (el 16 %) se consideran democracias plenas: Canadá, Uruguay, Costa Rica y la isla de Mauricio, al este de Madagascar.
Si se toman en cuenta las democracias “plenas” junto con las democracias “defectuosas” (definidas como países en los que algunos aspectos de la democracia presentan importantes deficiencias, en particular problemas de gobernanza, una cultural política subdesarrollada y bajos niveles de participación política), casi la mitad de la población mundial (45%) vive en un régimen democrático. Sin embargo, más de un tercio de la población mundial (39.2%) vive en un régimen autoritario, donde el pluralismo político brilla por su ausencia: son los casos de de China, Rusia, Irán y Arabia Saudí. El resto de la población (15.8%) vive en un régimen hibrido.
En Latinoamérica, como antes se dijo, solo Uruguay (lugar 15) y Costa Rica (lugar 18) fueron incluidas entre los países con democracias plenas y figuran como democracias defectuosas Chile, Colombia y Panamá, mientras tienen la categoría de regímenes híbridos Paraguay y México y entre los autoritarios se encuentra Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití.
A pesar de que la calidad de la democracia en Latinoamérica y el Caribe sufrió por noveno año consecutivo un declive, México fue el país que mejoró en la región. De acuerdo con el informe, México paso del lugar 90 al 84 de ranking mundial, con una calificación de 5.32 puntos, lo que lo mantiene dentro de la categoría de régimen hibrido, clasificación que combina elementos democráticos con características autoritarias. Esta ubicación coloca a nuestro régimen político en una posición frágil susceptible de pasar de la democracia al autoritarismo.
El informe menciona que, en el caso de México, la mejora en la calificación se debe, en parte a la alta confianza en el gobierno reflejada en encuestas nacionales, donde la aprobación del expresidente Andrés Manuel López Obrador alcanzó el 74% en septiembre de 2024. Las políticas sociales implementadas y el aumento del salario mínimo durante su mandato también fueron factores clave para mejorar la percepción ciudadana sobre democracia. A eso se suma que entre 2028 y 2023, la pobreza en México cayó del 40.4% al 37.8%, según datos del Coneval.
A pesar de la ligera mejoría en la calificación de México, el informe advierte que la democracia en el país sigue enfrentando importantes desafíos, principalmente por el debilitamiento de instituciones, como la erosión de los organismos autónomos, la creciente influencia de las fuerzas armadas en el gobierno y los ataques del gobierno anterior a la prensa, el discurso polarizante, además, la reciente reforma constitucional para que los jueces sean elegidos por voto popular.
Si bien se ha mostrado, según el informe, una ligera mejoría en su calidad democrática, México tiene importantes retos que resolver en materia de seguridad, justicia, desigualdad, pobreza, corrupción e impunidad, así como fortalecer sus instituciones, en donde los poderes convivan en cierto equilibrio, para de esta manera encaminarnos a un Estado Democrático de Derecho, en el que se respeten los derechos humanos, la división de poderes, el principio de legalidad, la rigidez y supremacía constitucional y que exista un verdadero mecanismo de control de la constitucionalidad.
*Especialista en Derechos Humanos
