¿Qué está faltando en la política de salud y migración en México?
Ietza Bojórquez, César Infante, Isabel Vietiez, Silvana Larrea, César Rodríguez, Emanuel Orozco e Itzel Eguiluz*
Históricamente, la principal movilidad internacional en México era el circuito migratorio México-Estados Unidos (EUA) y los principales problemas de salud asociados con la migración se debían a las condiciones de trabajo y a la falta de cobertura de salud en el país vecino. En respuesta, el gobierno mexicano desarrolló iniciativas como las “Ventanillas de salud” y el programa “Vete sano, regresa sano”.
En la segunda década del siglo XXI, la emigración a EUA disminuyó y las deportaciones aumentaron. Las políticas de salud respondieron con la inscripción al Seguro Popular (SP) por 90 días para personas deportadas, y la apertura de módulos con servicios básicos de salud en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración que las recibían. Más recientemente, la estrategia “México te abraza” considera la afiliación temporal al IMSS de las personas mexicanas que pudieran ser deportadas por la segunda administración del presidente Trump.
Además, México ha sido históricamente país de tránsito para personas que buscan migrar a Estados Unidos y receptor de trabajadores centroamericanos. La respuesta en salud para estas poblaciones en administraciones previas consistió en la inscripción al SP por 90 días, una cobertura notoriamente insuficiente.
A partir de 2016, la migración en tránsito por México cobró mayor visibilidad y ha incluido a migrantes por razones económicas y a personas de múltiples nacionalidades, desplazadas por violencia o desastres naturales, a las que se suman las personas mexicanas en contexto de desplazamiento forzado interno que buscan llegar a EUA. La política de salud del gobierno mexicano para estas nuevas movilidades ha tenido un enfoque de atención a la emergencia, con escasas estrategias para la integración en el mediano y largo plazo, y aunque la Ley General de Salud establece que todas las personas en territorio mexicano tienen derecho a ser atendidas por el sistema público de salud, las personas migrantes enfrentan numerosas barreras en la práctica para hacer valer ese derecho.
En el seminario “Hacia una política de migración y salud incluyente y con visión de derechos humanos” (una iniciativa conjunta del Grupo de Asistencia Técnica en Migración y Salud, el Instituto Nacional de Salud Pública, el Colegio de la Frontera Norte y el Colegio de México), personas de la academia, organizaciones de la sociedad civil, y representantes del gobierno elaboramos siete recomendaciones para mejorar la política de salud y migración en México:
1) Considerar los diferentes contextos de movilidad. En México hay múltiples movilidades y reconocer sus especificidades es imprescindible para una respuesta en salud justa e incluyente.
2) Desarrollar una política multisectorial desde un marco de inclusión y garantía de los derechos humanos. Además del sector salud, hace falta que los sectores laboral, educativo y otros trabajen de manera conjunta.
3) Subsanar la brecha de implementación. Aunque la política actual de salud y migración es, en la letra, incluyente, hace falta identificar sus causas y atenderlas.
4) Mejorar la gobernanza en salud y migración. Es necesario crear mecanismos institucionalizados que integren la participación de múltiples actores en la definición de las políticas, incorporando especialmente a las personas migrantes y a los actores locales.
5) Mejorar los sistemas de información para monitorear la equidad en salud. Adecuar los sistemas de información actuales para contar con más información sobre la salud de las personas migrantes.
6) Reconocer y atender los aspectos globales de gobernanza migratoria y el efecto que tienen en la salud de las personas en movilidad. Promover una gobernanza migratoria que considere las repercusiones en salud de estas políticas.
7) Fortalecer las capacidades locales para dar respuesta en salud a personas en movilidad. Los actores en el nivel local responden cotidianamente a las necesidades en salud de las personas en movilidad y requieren recursos materiales y de formación para ello.
Para implementar una política incluyente en salud y migración es necesario considerar a todos los grupos en movilidad y documentar, identificar y resolver las barreras que enfrentan para el ejercicio de su derecho a la salud. En el grupo del seminario “Hacia una política de migración y salud incluyente y con visión de derechos humanos” deseamos que nuestras siete recomendaciones sirvan para pensar en este sentido y contribuyan a la equidad en salud para las personas migrantes.
* Especialistas en salud pública. Invitados por el Dr. Eduardo C. Lazcano Ponce.
