La alerta con que el DIF municipal de Cuautla suspendió las actividades en cuatro centros de asistencia infantil es sumamente grave desde la perspectiva que se vea. La directiva del organismo de asistencia social determinó dejar a más de 300 niñas y niños en condición de vulnerabilidad sin el servicio por considerar que su integridad y vidas corrían peligro en las instalaciones debido, básicamente por obras mal realizadas y con materiales de escasa calidad durante la administración municipal anterior; algo que implicaría responsabilidad administrativa y probablemente penal de exfuncionarios municipales.
La posibilidad de que la ineptitud o el dolo desde el Ayuntamiento de Cuautla haya puesto en riesgo la vida de cientos de niñas y niños obliga a una investigación puntual, profunda, y objetiva que permita el deslinde de responsabilidades tanto en el sistema DIF municipal como en la administración que dejó sus cargos el 31 de diciembre pasado. La investigación deberá ser transparente y preferentemente externa, dados los antecedentes de conflicto entre el actual alcalde, Jesús Corona Damián, y su primero sucesor y luego antecesor, Rodrigo Arredondo López, en que se incluyen expedientes administrativos y penales de gravedad.
Las acusaciones sobre irregularidades en los inmuebles del DIF municipal son mucho más graves porque se presentan cuando aún sigue la revisión de áreas administrativas del Ayuntamiento en donde también se advierte de problemas administrativos y de probable corrupción que van mucho más allá de los conocidos hasta ahora y en los que se incluye, por ejemplo, el supuesto abandono en que se tuvo al teatro Narciso Mendoza, un emblema de la heroica e histórica Cuautla.
La presunción de más casos de probables desvíos y conductas fuera de la norma del servicio público en la anterior administración habría hecho totalmente innecesario espantar a la gente con un asunto tan terrible como el poner en riesgo, desde la autoridad municipal, a la niñez vulnerable de la ciudad. En efecto, no se trata solamente de la detección de vicios ocultos y fallas constructivas graves en la edificación de cuatro obras, sino de el riesgo que ello significó para sus usuarios durante un periodo de varios meses.
Los cuautlenses merecen, sin duda, mejores gobiernos de los que han tenido en el pasado reciente, en que los grupos tradicionales del poder local se han repartido etapas en el ayuntamiento de las que han salido invariablemente en medio de señalamientos por el mal uso de recursos, los abusos en el poder, y hasta complicidades inconfesables; una constante que cumplirá en este trienio un par de décadas.
Así que no faltarán quienes vean en las acusaciones algún componente de venganza política, aún con la percepción popular sobre actos de corrupción sistemáticos en la administración del exalcalde Arredondo. Lo que menos necesita Cuautla es que su niñez quede en el centro de un conflicto político entre dos grupos cuyos rencores son añejos. Lo que abona a la conveniencia de que quien indague y señale los errores y las probables irregularidades cometidas en las obras de los cuatro centros de atención infantil, sea alguien ajeno a ambas partes.
Y claro que, frente a cualquier duda, lo imperativo es proteger la vida y la integridad de la gente, sobre todo cuando se trata de niñas y niños. Vale la pena recordar a los políticos de ambas partes la máxima que limita el alcance de las batallas políticas, “con las niñas y los niños, no”.
