Aunque desde una perspectiva muy optimista puede desearse que se trate solo de las pugnas comunes entre grupos de poder en los municipios, las denuncias sobre irregularidades y malas condiciones que han encontrado las nuevas administraciones municipales de Jiutepec, Emiliano Zapata, Ocuituco, Tlaquiltenango y Tlaltizapán, entre otras demarcaciones del estado, resultan sumamente preocupantes para la ciudadanía, que ha enfrentado la afectación de los servicios públicos en los primeros días del relevo en los ayuntamientos.
Porque, además de evidenciar las pésimas condiciones en que tienen que trabajar quienes prestan servicios en la mayoría de los municipios de Morelos, las denuncias evidencian el desaseo administrativo, la desidia de los exalcaldes y, algo que no se debe olvidar, el abandono en que el gobierno de Morelos tuvo a los ayuntamientos en la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo que, aunque podría parecer muy lejana, dejó al estado apenas hace tres meses.
Las deficiencias en mobiliario, equipo y parque vehicular parecen ser comunes no solo en los ayuntamientos que han denunciado las pésimas condiciones en que recibieron las oficinas, sino en el resto de los ayuntamientos donde entre pobreza, austeridad y falta de interés, las condiciones de trabajo se han deteriorado profundamente.
Lo que no parece encontrar una justificación es la colección de adeudos, abusos y hasta trampas que algunas de las administraciones salientes pusieron a sus sucesores. Por ejemplo, en Emiliano Zapata borraron los sistemas con que se cobran el impuesto predial y el agua potable; en Jiutepec no entregaron las llaves de las oficinas, incluida la presidencia municipal; en Tlaquiltenango dejaron las instalaciones llenas de basura. También en Emiliano Zapata el cabildo anterior autorizó bonos de fin de trienio a los trabajadores de confianza; en Jiutepec los trabajadores no cobraron prestaciones ni aguinaldos en diciembre y se acumularon pasivos que para el primer mes del año podrían traducirse en exigencias de pago por cien millones de pesos.
Y si bien una parte de las acusaciones puede derivar de los enconos que los grupos de poder en cada municipio mantienen históricamente y que se endurecieron con las campañas políticas y los resultados electorales en los municipios que optaron por un cambio, lo cierto es que la opción tomada por los nuevos alcaldes de iniciar investigaciones a fondo y dar vista en su caso a la Fiscalía Anticorrupción y la Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización para los efectos conducentes, es no solo la más civilizada, sino también objetiva forma de explicar, y también enfrentar la crisis con que han iniciado sus gestiones los alcaldes Santos Tavarez, en Zapata; Eder Rodríguez, en Jiutepec; René Jacobo, en Ocuituco; Enrique Alonso, en Tlaquiltenango; y Nancy Gómez, en Tlaltizapán.
Es necesaria esa información, porque si las condiciones financieras de los ayuntamientos no pueden explicarse solamente por esquemas de probable corrupción o ineptitud de las administraciones salientes, entonces derivarían de problemas estructurales que permanecen a pesar de las nuevas administraciones, lo que provocaría que la pobreza municipal se repita y probablemente profundice, a pesar de el renovado apoyo que el gobierno estatal, ahora en manos de Margarita González Saravia ha ofrecido a los municipios.
Así que no se trata solo de una cuestión reivindicatoria frente a los probables abusos de la función pública que hubieran cometido funcionarios municipales; también es una urgencia de información oportuna para corregir el rumbo de lo que no funciona, algo que sin duda agradecerán los nuevos alcaldes.
