Los incrementos presupuestales no han mejorado su desempeño

 

  • Pese a los esfuerzos por financiar a la FGE, sus resultados han sido peores que mediocres y la mantienen como una de las tres peores fiscalías en materia de desempeño en el país.
  • En 63 de cada 100 carpetas de investigación abiertas durante el 2023, no ocurrió absolutamente nada. El 60 por ciento de las víctimas de delitos deciden no denunciarlos por causas atribuibles a la autoridad.
  • Entre 2022 y 2024, la Fiscalía General del Estado de Morelos recibió recursos por más de dos mil 729 millones de pesos; en el 2025, los diputados de la LVI Legislatura autorizaron un incremento de 12.48% en su presupuesto.

 

Entre 2022 y 2024, la Fiscalía General del Estado de Morelos recibió recursos por más de dos mil 729 millones de pesos, para el 2025, los diputados de la LVI Legislatura autorizaron al órgano autónomo un presupuesto de mil 68 millones 81 mil 543 pesos, lo que significa un incremento de 12.48% respecto del gasto ejercido el año anterior y el mayor incremento presupuestal autorizado por los diputados a los organismos autónomos del estado. Pese a los esfuerzos por financiar a la autoridad investigadora y persecutora, los resultados han sido peores que mediocres, según apuntan todos los indicadores que mantienen a la de Morelos como una de las tres peores fiscalías en materia de desempeño en el país.

Los millones de gasto para la fiscalía

Pese al conflicto político-jurídico y hasta de imagen pública que padece el fiscal general, Uriel Carmona Gándara, desde 2018, y que arreció en el 2023 con los procesos penales en su contra por presunto encubrimiento, la LV Legislatura no solo le salvó el empleo en por lo menos tres ocasiones (ante la solicitud de remoción del entonces gobernador, Cuauhtémoc Blanco; la resolución de desafuero del Congreso de la Unión; y el encarcelamiento de más de un mes también le permitió ejercer recursos que jamás se habían asignado en esa proporción a una instancia de procuración de justicia.

En su primer año de ejercicio, la anterior legislatura aprobó el presupuesto 2022, en que se autorizó a la Fiscalía el ejercicio de 735 millones 579 mil 688 pesos. Para el 2023, cuando los diputados rompieron el proyecto del gobierno estatal y diseñaron su propio proyecto presupuestal la Fiscalía recibió un incremento del 37.4% en su presupuesto, y pudo ejercer mil 14 millones 675 mil 654 pesos.

En el 2024 las cosas no le pintaron tan bien a la Fiscalía dado que se trataba de un año electoral, por lo que el proyecto inicial fue de 949 millones 550 mil 919 pesos con 25 centavos. Sin embargo, en el año la fiscalía solicitó por lo menos dos ampliaciones presupuestales, primero para crear una nueva fiscalía, luego para cubrir recursos derivados del pago de jubilaciones, en conjunto, las ampliaciones dejarían el presupuesto para la fiscalía en poco más de mil millones de pesos para el año que está por concluir, una cantidad similar a la del año anterior.

Aún sin concederse tales ampliaciones, la LV Legislatura benefició a la fiscalía con más de dos mil 729 millones de pesos.

¿Y los resultados “apá”?

La idea de dotar con mayores recursos a la Fiscalía General del Estado era, según argumentaron los diputados en cada discusión sobre el presupuesto, dotar a la fiscalía de los recursos necesarios para mejorar su servicio y con ello colaborar en la reducción de los crímenes, la violencia y la impunidad que cada año aumenta en el estado.

Los indicadores que aportan organizaciones civiles y el propio Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), evidencian que tal mejoría no ha ocurrido.

De acuerdo con el INEGI, en Morelos durante el 2023 (último del que se tienen datos completos) se denunciaron apenas el 11.3% de los delitos cometidos, y sólo en el 7.3% de los crímenes se abrió una carpeta de investigación. Del total de delitos denunciados ese año, 35.2% no tienen un expediente abierto por la Fiscalía General del Estado.

Si bien el dato es mejor que la del 2022, en que solo el 58.4% de los delitos denunciados tenían un expediente abierto, no resulta un consuelo, ya que en cambio aumentó la proporción de carpetas con las que no pasa nada de 46.9 a 63.2 en el mismo periodo. Es decir, aún en 63 de cada 100 carpetas de investigación abiertas durante el 2023, no ocurrió absolutamente nada, perdón, trámite, recuperación de bienes, reparación de daño o puesta a disposición de delincuentes; absolutamente nada.

Esto explica que casi el 60 por ciento de las víctimas de delitos que decidieron no denunciarlos atribuyan eso a causas atribuibles a la autoridad. De hecho, con mínimas variaciones durante los últimos tres años, la confianza ciudadana en la Fiscalía ha caído desde 2021 de 57.9 a 52.3%. en el 2024 el 63.1% de los morelenses considera que el ministerio público y la fiscalía son corruptos, de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública.

Y hay cosas peores

La tasa de impunidad en Morelos, de acuerdo con organizaciones como Impunidad Cero y México Evalúa se mantiene por encima del 95% en términos generales y sobrepasa el 97% en delitos de alto impacto como el homicidio doloso y la desaparición forzada.

En términos de transformación digital, un proceso que permitiría no solo mejorar la transparencia y acceso a la información, sino también permitiría identificar patrones delictivos y asignar recursos de manera estratégica, agilizar el trámite de expedientes penales, operar en colaboración con otras fiscalías, facilitar la denuncia de delitos, entre otras bondades, la de Morelos es la peor fiscalía en el país con un índice de transformación digital de apenas 27% contra cifras de entre 80 y 84 por ciento en las de Ciudad de México, Chihuahua, Guanajuato y Nuevo León, según el reporte de Impunidad Cero.

Peor aún, las malas prácticas continúan en la Fiscalía. De acuerdo con el World Justice Proyect, entre 2020 y 2024 se ha deteriorado la eficacia de la ya de por sí muy mala investigación penal que se ubicó como una de las peores en el país. La eficiencia y eficacia de la procuración e impartición de justicia mejoró apenas en los últimos tres años, pero mantiene niveles más bajos a los del 2018. También se han deteriorado el respeto a los derechos de las víctimas, el debido proceso legal y las violaciones a los derechos humanos persisten.

Y a pesar de todo, lo siguen queriendo

La falta de resultados de la Fiscalía General del Estado hizo plantear, desde su campaña, a la gobernadora, Margarita González Saravia, la urgencia de un cambio en la titularidad de la Fiscalía y la reestructuración de la institución para dar mejores resultados. Ya en la gubernatura, en octubre pasado anunció que propondría la remoción del Fiscal, para lo que requiere de 14 votos de diputados, además de las causas graves que la justifiquen.

Los votos es el primer obstáculo porque al menos ocho legisladores, 4 de Acción Nacional, dos del Partido del Trabajo, una del PRI y una de Movimiento Ciudadano, no están dispuestos aúna siquiera discutir la remoción del fiscal que daría pie a la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía.

En cambio, los diputados sólo castigaron medianamente a Uriel Carmona Gándara, si bien no le asignaron el presupuesto que solicitaba (de más de mil 280 millones de pesos) lo que habría significado un incremento de 34.9% al del año anterior (331 millones más); sí le concedieron el mayor aumento presupuestal para los órganos autónomos en este ejercicio, 12.5% (118.5 millones de pesos), con lo que podrá gastar más de mil 68 millones de pesos para el 2025, la mayor cifra que haya tenido en su historia la Fiscalía General de Morelos, aunque no haya dado resultados.

Daniel Martínez Castellanos