Suben la ilegal cuota a internos
- Familiares de personas privadas de la libertad acusaron los abusos cometidos al interior de la cárcel.
- Acusaron que se hace negocio con la venta de comida a altos precios dentro del reclusorio al que no permiten el ingreso de alimentos.
- Prácticas similares provocaron la destitución de mandos en el sistema penitenciario en octubre pasado.
Familiares de internos de la cárcel distrital ubicado en Jojutla, cabecera del IV Distrito Judicial, denunciaron el cobro de 150 pesos semanales por visitar a las personas privadas de la libertad, un costo que se incrementó en los últimos meses.
La situación causó una manifestación de protesta de familiares de presos realizada poco antes del mediodía del domingo pasado de visita familiar, en las afueras de las instalaciones de dicho penal.
Los familiares de los presos, quienes pidieron que se les mantuviera en el anonimato por temor a represalias contra sus familiares, denunciaron que el problema se suscitó porque sus familiares internos en este centro penitenciario les informaron que por el hecho de recibir a su familia el domingo, les cobran a ellos 150 pesos. De hecho, es una cifra que se incrementó porque originalmente les cobraban 100 pesos.
“Sí, joven, efectivamente. Es más, están poniendo muchos requisitos… otra cosa, comentan algunas compañeras que ya no van a dejar pasar comida, para que (reos y familias) compren adentro y que adentro la comida está… carísima… y que vamos a pagar 150 pesos por cabeza, no por familia”, señaló una madre de familia de una persona encarcelada.
Decenas de familiares se congregaron en la puerta del penal regional, donde permanecieron uniformados de rojo y mezclilla color azul, en manifestación de protesta, desde antes del mediodía del domingo hasta después de las 15:00 horas, sin embargo, no arreglaron nada, finalmente, como se confirmó a este medio, dentro del penal a sus familiares, internos, les cobraron los 150 pesos por haber recibido a un familiar, o 300 pesos por si recibieron a dos y así sucesivamente, como lo confirmaron los denunciantes.
Comentaron el caso de que las familias están atadas a cualquier arbitrariedad, ya que la entrada al penal exhibe una lona donde se avisa que ante cualquier denuncia pueden llamar al 089, pero que finalmente les contestan de la policía estatal que son a quienes acusan por la denunciada arbitrariedad.
Al principio de la actual administración el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Urrutia, informó que se habían detectado esas prácticas al interior del Centro de Readaptación Social de Atlacholoaya, lo que provocó la destitución de mandos del sistema penitenciario de Morelos y el anuncio de que tales prácticas ya no serían toleradas.
Entonces, el gobierno de Morelos emitió un comunicado en que advertía: ningún funcionario penitenciario de mando continuará al frente de sus labores, derivado de los diversos señalamientos sobre presuntos actos de corrupción y abuso contra la población penitenciaria. Lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento al interés superior de salvaguardar los derechos humanos, así como la seguridad de quienes se encuentran en ese espacio para lograr su reinserción a la sociedad”.
