La Ley General de Aguas. El gran pendiente para el 2025

 

En el 2012 se modificó el artículo 4º para incluir el Derecho Humano al Agua en la Constitución, se incluyó el párrafo sexto, que a la letra dice: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios y demarcaciones territoriales, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.

En el artículo tercero transitorio de esa reforma se estableció que el Congreso de la Unión tendría un plazo de 360 días para la expedición de una Ley General de Aguas, reglamentaria del párrafo sexto del artículo 4o. constitucional, sin embargo, han pasado poco más de 12 años y el mandato constitucional sigue sin cumplirse. La diputada Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez presentó una nueva iniciativa de Ley General de Aguas el 25 de octubre pasado. Esta propuesta fue publicada en la Gaceta Parlamentaria el 12 de noviembre de este mismo año ¿será posible que ahora si sea la buena?

En los últimos años, México ha sido testigo de diversas iniciativas para promulgar una nueva Ley General de Aguas: La “Ley Korenfeld” en 2015, la “Ley Pichardo” en 2018, en 2020 una propuesta de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, encabezada por el Diputado michoacano Feliciano Flores; en 2022 una propuesta de la Senadora Gloria Sánchez y recientemente, en 2023 otra propuesta de la Comisión de Recursos Hidráulicos encabezada entonces por el Diputado Rubén Muñoz Álvarez, entre las mas relevantes. A lo largo de todos estos años el colectivo “Agua para todos” ha estado impulsando también una propuesta propia. Ninguno de estos proyectos ha logrado concretarse en ley, los argumentos para no aprobarlos han sido similares:

Privatización del agua: Se ha argumentado (infundadamente) que esos proyectos pretenden facilitar la privatización del recurso hídrico mediante la concesión de grandes obras hidráulicas y sistemas municipales a empresas privadas, lo que podría afectar el acceso equitativo al agua.

Concesiones prolongadas: Se ha cuestionado que se pretende otorgar a la Conagua facultades para conceder permisos prorrogables por muchos años (hasta por 60 años), lo que ha generado preocupaciones sobre la concentración del control del agua en manos de pocos actores y la posible sobreexplotación de los recursos.

Participación ciudadana limitada: Se ha criticado la falta de mecanismos efectivos para la participación de la sociedad en la toma de decisiones relacionadas con la gestión del agua, lo que podría derivar en decisiones que no reflejaran las necesidades y preocupaciones de las comunidades afectadas.

Insuficiente derecho humano al agua: Aunque las iniciativas han reconocido el derecho humano al agua estableciendo un suministro mínimo de entre 50 y 100 litros diarios por persona, de acuerdo con los criterios de la Organización Mundial de la Salud, esta cifra ha sido considerada insuficiente por diversas organizaciones.

Inconstitucionalidad: Algunos expertos han señalado que ciertas propuestas podrían ser inconstitucionales al no cumplir cabalmente con el mandato del Artículo 4º Constitucional y en cambio tratar de sustituir a la Ley de Aguas Nacionales, que es reglamentaria del artículo 27 constitucional.

Hace algunos días, el gobierno mexicano, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, presentó el Plan Nacional Hídrico en el que se refiere que se harán modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales y se promulgará (finalmente) una nueva Ley General de Aguas con el objetivo es garantizar el acceso equitativo al agua y prevenir su acaparamiento y sobreexplotación, para ello se incluye la revisión y reorganización de concesiones de agua y la creación de un Registro Nacional de Agua para el Bienestar. Habrá que revisar con todo detalle la nueva propuesta, esta será seguramente, la reforma de mayor impacto en la gestión de las aguas nacionales de las últimas décadas.

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*Profesor, consultor y gerente general de AQUATOR

Juan Carlos Valencia Vargas