Claudia Jiménez Santiago, madre afectada de violencia vicaria en Morelos, acusó que continúa la intimidación en su contra por parte tanto del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), a cargo de Luis Jorge Gamboa Olea, y la Fiscalía General del Estado (FGE), bajo la titularidad de Uriel Carmona Gándara, toda vez que este viernes 13 de diciembre se llevará a cabo una audiencia más de vinculación a proceso en su contra en los juzgados de Ciudad Judicial de Atlacholoaya, en la que se pretende que sea ella quien otorgue pensión alimentaria a su agresor, aun cuando está en calidad de víctima.
En entrevista para La Jornada Morelos, afirmó que «sí tengo mucho temor», al grado de no querer ni acercarse a los tribunales. Reveló que está muy asustada ante el proceder de las autoridades, tras recordar el caso de la reciente liberación de dos presuntos delincuentes, a quienes una juez, sin audiencia previa, simplemente los dejó en libertad, lo que denotaría los vínculos que tienen los impartidores de justicia con la delincuencia.
«Precisamente por estos movimientos tan mafiosos en el estado estoy muy asustada. El pasado 10 de diciembre tuve un encuentro casual con el fiscal; me le acerqué y le pregunté qué se podía hacer para que mi caso avanzara y me preguntó quién había sido mi juez, a lo que contesté que Nathanael Subdias Aguilar y se comenzó a reír de una manera muy siniestra. Me dio mucho miedo que se rían de este tipo de problemáticas», compartió la también representante del Frente Nacional Contra Violencia Vicaria en Morelos.
En este sentido, calificó como grave que las instancias que tendrían que apoyar a las víctimas e impulsar acciones para erradicar la Alerta de Violencia de Género (AVG), sean las mismas que vulneran a las víctimas, «y pues dígame dónde nos podemos quejar si vemos que el Ejecutivo firmó un convenio con el TSJ, a pesar de que el presidente en repetidas ocasiones ha estado vinculado con la Familia Michoacana».
Ante las condiciones que rodean su caso, lanzó un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Citlalli Hernández, para brindarle protección «porque me parece increíble que estén haciendo avances legislativos en materia de los derechos de las mujeres y en la vida real lo que estamos viviendo sea este infierno».
Como ejemplo del actuar del TSJ, destaca también la reciente exoneración de Ulises Bravo, hermano de Cuauhtémoc Blanco Bravo, acusado de violencia familiar, además de que otras compañeras del Frente en Morelos han sido presas «como parte de esta tortura institucional porque débiles ya no podemos buscar a nuestros hijos e hijas».
«Yo quisiera que la Fiscalía y el Tribunal dejen de perseguir inocentes, que dejen de abusar de los programas de género para tomar recursos que no cumplen con su objetivo de clarificar para qué sirve detener la violencia. Y si ese es el escenario visible, imagine lo que viven mis hijos a quienes nadie ve desde octubre del 2020. Yo tengo miedo porque mis exigencias son incómodas porque a mi parecer la actividad delictiva y nociva del estado es descarada y obvia», puntualizó.
Jiménez Santiago denunció a su expareja por violencia física y psicológica, contra ella y sus hijos; sin embargo, desde el inicio de la investigación el juez a cargo a actuado a favor del hombre, quien le quitó hace cuatro años a sus hijos y no la deja verlos ni a ella ni a su familia materna, por lo que no sabe nada de ellos, aunado a qué ahora se pretende que otorgue pensión de cuatro mil pesos mensuales a su violentador.
«Es la inicial, me acosó mucho el Tribunal, incluso el día que me notificaron tocaron a mi puerta y al abrir me tomaron una foto sin mediar palabra», acusó.
