Confianza es uno de los valores más preciados para la sociedad mexicana. En lo cotidiano, la palabra tiene diversas manifestaciones. La gente busca tener confianza en las autoridades, en el sistema de justicia, en la seguridad pública, en la prestación de servicios públicos, entre otros. En ese esquema, el empresariado también desea condiciones de confianza para invertir en el país. Que haya un Estado de Derecho sólido; que las reglas del sistema financiero sean claras y no cambiantes; que el entorno físico sea seguro y no lleno de zozobra, ni ser víctimas de la delincuencia organizada. En suma, que haya certeza jurídica y certidumbre fáctica en torno a y con relación a las empresas en general.
Las leyes son producto de los requerimientos y exigencias sociales. La realidad siempre va delante de la norma. En la carrera por regular lo que se presenta en la práctica, el legislador debería, como obligación primaria, apoyarse en expertos y estudiosos en las diversas materias. Les ayudaría en la tarea de hacer mejores y más eficaces diseños legislativos, que prevean reglas para situaciones actuales y de posible realización futura.
A propósito de lo anterior, traigo a colación el caso de una ley en particular, la cual tiene impacto directo para el desarrollo de la actividad empresarial. En este punto, conviene recordar que luego de la Constitución federal, tanto el Código de Comercio, como la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM) son los textos legislativos fundamentales. En ambos ordenamientos se incluyen las normas generales que deben observar los empresarios para el desarrollo de sus actividades. Ahí se precisan las obligaciones mínimas que deben cumplir; las figuras jurídicas que deben adoptar para actuar como personas jurídicas; las actividades productivas a las que se pueden dedicar; los requisitos y procedimientos a seguir para cumplir con las exigencias legales.
La LGSM cumplió, en este 2024, 90 años de su entrada en vigor. Para celebrar ese hecho, la Universidad Panamericana, campus Guadalajara, celebró recientemente el evento académico de conmemoración de la nonagenaria ley. En una intensa, aunque muy productiva jornada, prestigiados académicos y profesionales analizaron diversos aspectos relacionados con la ley en cuestión. Artífice del evento lo fue la Dra. Zoyla H. León Tovar, reconocida jurista, de vasta experiencia en la materia mercantil. Entre los participantes estuvieron Oscar Vázquez del Mercado, Mario de la Madrid Andrade, Enrique Guadarrama López, Alfonso García Mingo, Hugo González García, Luis Manuel Mejan Carrer, Víctor Manuel Peña Brito.
La ocasión fue propicia para hacer un alto en el camino y reflexionar sobre lo que le depara a la ley. Se expusieron las deficiencias, carencias e insuficiencias en diversos rubros. Al término de mi intervención expresé “con lo que hemos escuchado de los expertos, al final de la jornada nos queda una interrogante ¿Qué hacemos con la ley? Agregué: tenemos dos caminos, o reformarla una vez más o pensar en una nueva ley.
Me inclino por la vía de contar con la que debe ser la ley mexicana del nuevo siglo, en la que se conjuguen adecuadamente los aspectos de política jurídica, de política legislativa y de técnica legislativa, para responder a la exigencia de un texto legal que responda a las necesidades de las empresas. En ese sentido, es preciso que un grupo de conocedores de la materia se encargue de elaborar el proyecto correspondiente, que luego sea puesto a la consideración de los diversos actores que participan o intervienen en lo empresarial (autoridades, empresarios, fedatarios públicos, académicos, colegios). En el pasado reciente se ha tenido oportunidad de tomar esa decisión, pero no se ha hecho. Desconozco las razones. Las dos últimas reformas a la ley datan de marzo de 2016, cuando se incorporó una nueva forma de sociedad mercantil, la sociedad por acciones simplificada (S.A.S) y octubre de 2023, al incorporar las reglas de contenido electrónico en algunas facetas de constitución y funcionamiento de las sociedades.
Los temas que obligan a pensar en ese derrotero son vastos: responsabilidad social de las empresas, los derechos humanos dentro y fuera de las empresas, revisión de la tipología de sociedades mercantiles; revisión y, en su caso, ajuste, de las reglas de la S.A.S.; inteligencia artificial societaria; incorporación de estándares internacionales; derechos fundamentales de los socios; incorporación de criterios de jurisprudencia que reconocen nuevas realidades empresariales, etc.
No podemos seguir con la fórmula de reformar la ley. Es momento de afrontar el reto de un nuevo diseño legislativo. La exigencia de responder a la confianza de contar con un adecuado marco legal para las empresas lo amerita. Por mi parte, levanto la mano para ser partícipe de lo que debe ser el mayor proyecto en materia de empresas y sociedades mercantiles.
* Investigador Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) / eguadarramal@gmail.com