Aunque falta mucho por hacer en materia de seguridad pública, los dos meses y días que lleva la gestión de la gobernadora, Margarita González Saravia, empiezan a dar resultados especialmente en tres cuestiones que, si bien no son espectaculares, sin duda constituyen factores clave en la prevención del delito y el combate a quienes los cometen: la coordinación interinstitucional, la recuperación del orden interno en las áreas de seguridad, y la incorporación de herramientas tecnológicas y de inteligencia.
El trabajo empieza a dar resultados, por ejemplo, en la reducción del índice de homicidios dolosos que ubicaba a Morelos en el sexto lugar nacional, actualmente es el octavo, y parece haberse contenido, aunque no erradicado, la ola de violencia que inició en marzo de este año y se mantuvo prácticamente sin atención hasta terminados, septiembre y la administración de Cuauhtémoc Blanco.
La coordinación entre autoridades de prevención y combate al delito de los gobiernos municipales, estatal y federal, ha permitido reforzar la seguridad y recuperar territorios que se habían cedido a grupos delictivos, como Puente de Ixtla en la zona sur de Morelos, donde una empresa refresquera determinó suspender sus actividades hace unos meses y las ha recuperado desde el 25 de noviembre pasado gracias al refuerzo en la seguridad para sus repartidores que eran víctimas frecuentes de extorsión y otros crímenes.
La recuperación del orden interno de las áreas de seguridad inició con recuperar el control de los centros penitenciarios, desde donde se hacían la mayoría de las llamadas de extorsión. En Atlacholoaya se decomisaron 53 teléfonos móviles, además de dosis de diversas drogas. También se removió a mandos del sistema penitenciario que mantenían un esquema de corrupción que les generaba millones de pesos mensuales.
La noticia de que elementos policíacos de Huitzilac pudieran estar involucrados en la comisión de delitos en la zona norte del estado no es algo nuevo, dado que muchas veces se advirtió la posibilidad de ello; lo que parece novedoso es que se les investigue y se esté dispuesto a sancionar a funcionarios y exfuncionarios de cualquier nivel involucrados en hechos delictivos.
Como parte de esa recuperación del control, se busca dignificar la labor policial no solo con la mejora de su salario y prestaciones, algo que era básico, sino también con más capacitación, mejores equipos, más atribuciones para la investigación de delitos y la certificación de control y confianza de los elementos, empezando por los mandos policiales.
Otra de las tareas en que se avanza es el restablecimiento de un sistema de tecnología e inteligencia funcionales para el combate al delito. El deterioro que padece aún el Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo y Contacto Ciudadano (C5) de Morelos está siendo revertido, pero al mismo tiempo se fortalece su infraestructura con cámaras lectoras de placas, drones de alta tecnología, y otras herramientas que, sumadas pueden volver más eficiente la labor policial y ampliar en mucho las bases de datos para labores de inteligencia en el combate a criminales y grupos delictivos.
Cierto que, para la urgencia de Morelos que lleva sumido en una crisis de seguridad más de una década, los avances pueden parecer menores; pero debe concederse que la administración de la gobernadora apenas arranca, y más que eso, que la dirección tomada en materia de políticas de contención del crimen y prevención del delito parece ser la correcta al no apostar solo al futuro a través de los programas sociales y la generación de oportunidades de estudio, empleo y desarrollo para todos; sino también al combate frontal a los grupos delictivos, sin distinciones. Los primeros pasos ya se han dado y van por un camino adecuado.