Con la aprobación de las leyes de ingresos municipales este viernes, los diputados de la Comisión de Hacienda del Congreso de Morelos muestran que hay la voluntad suficiente para construir acuerdos en torno a esquemas de recaudación no desproporcionados ni lesivos de los derechos de los contribuyentes para, a partir de ello, fortalecer las finanzas de los ayuntamientos.
En contraste, la mayoría de los ayuntamientos demostró una falta de rigor financiero que va de moderada a grave, y en otros una evidente indolencia que los llevó a no modificar la ley de ingresos actual o de plano, ni siquiera presentar una propuesta.
Solo seis ayuntamientos parecen haber considerado a la inflación como un factor de empobrecimiento de las arcas municipales y proyectaron formas de obtener ingresos superiores al rango inflacionario de 5%. Cuernavaca y Tepoztlán calcularon ingresos 6% mayores de los captados en el 2024, con lo que podrían no solo mantener, sino aumentar lo hecho en el año que está a punto de concluir. Emiliano Zapata consideró un aumento de 7%, aún dentro de un rango racional; mientras que Temoac (9%), Jojutla (10.1%) y Jonacatepec (15.75%), proyectaron ingresos bastante por arriba de la línea inflacionaria.
Los ayuntamientos de Hueyapan, Jiutepec, Tlaltizapán, Totolapan y Xoxocotla, presentaron una ley de ingresos igual a la del año anterior. En todos esos municipios habrá cambio de alcalde, pero eso no apareció como factor en otros ayuntamientos donde, incluso con lo ríspido del cambio de administración, se presentaron leyes de ingresos actualizadas, como el caso de Tlaquiltenango y Emiliano Zapata.
Otros 20 municipios presentaron proyectos con incrementos menores al impacto de la inflación, lo que se traducirá, necesariamente, en una merma más o menos considerable de las finanzas municipales; entre ellos está Cuautla, que además de ese impacto sufrirá la mayor carga en el capítulo de pensiones dada la apresurada jubilación de trabajadores del ayuntamiento en los últimos meses.
Mención aparte merecen los casos de Tepalcingo, cuyo proyecto fue dictaminado en contra desde la comisión de Hacienda; Xochitepec, su propuesta de votó en contra por inconsistencias; Jantetelco, que ni siquiera presentó propuesta de ley de ingresos, y Tetela del Volcán, que por segundo año consecutivo omitió la obligación jurídica lo que llevará a fincar responsabilidades administrativas y hasta penales.
Y si bien dado que el 1 de enero iniciarán nuevas administraciones municipales y la ley permite que, dada esa condición se hagan ajustes a lo proyectado por los antecesores, el tiempo y el margen de maniobra son realmente estrechos, los nuevos cabildos tendrían que remitir los nuevos proyectos antes de que concluya febrero, su segundo mes de ejercicio, y el Congreso ha puesto la restricción de no imponer cargas o aumentos de contribuciones y tarifas desproporcionados para la población.
Así las cosas, es muy probable que 30 de los 36 nuevos ayuntamientos sean más pobres que sus antecesores por lo menos el primer año de su gestión, lo que significa muchísimo tiempo si se considera que sólo tienen 36 meses para sacar adelante a sus municipios. Si a eso sumamos los problemas de deudas de recursos exigibles que enfrentarán y los laudos laborales que se les heredan o les serán generados por sus antecesores, la probabilidad de que las finanzas municipales sufran muy pronto es enorme.
Parece que el fondo que los poderes Ejecutivo y Legislativo del estado programan para salvar de emergencias a los ayuntamientos será muy pronto vaciado por las urgencias de las nuevas administraciones municipales derivadas, primordialmente, de la falta de planeación por ignorancia, incompetencia o simple desidia.
