Durante la audiencia con integrantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los integrantes abordaron la crisis que prevalece al interior del Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) número 16, en Michapa, Coatlán del Río, Morelos, coincidiendo que actualmente este sitio es el escenario de una de las crisis más alarmantes en materia penitenciaria del país.
Durante su intervención, Christopher Alexis Sánchez, de ASILEGAL, recordó que alberga a mil 33 internas originarias de todos los estados de la república y se han registrado las continuas muertes de las mujeres privadas de la libertad que desde 2021, hasta el pasado 5 de noviembre de este año, se han contabilizado 19, por presuntos suicidios.
“El sistema penitenciario mexicano, en su conjunto, enfrenta serias limitaciones que afectan especialmente la vida de las mujeres privadas de la libertad, quienes aunque representan el 5.87 por ciento de la población total enfrentan una doble carga de vulnerabilidad, además de ser castigadas por estar en conflicto con la ley penal muchas de ellas soportan una desatención institucional motivada por la omisión de garantizar derechos humanos desde una perspectiva diferenciada de género”, destacó.
Destacó que todas las mujeres privadas de la libertad, madres, indígenas, afrodescendientes, con discapacidad, adultas mayores o de la comunidad, deberían tener un trato adecuado, al referir que viven en condiciones de internamiento deficientes y que no propician el contacto exterior ni la propia reinserción social.
Refirió que estas condiciones generales que enfrentan las mujeres en prisión se agravan particularmente en el Cefereso 16 en donde existen factores como la lejanía, hay poca accesibilidad, el prolongado aislamiento, falta de mecanismos de comunicación con sus familias y seres queridos.
“La lejanía del lugar en que llevan sus procesos, los traslados forzados, la falta de medidas para la reinserción social como programas educativos especializados, capacitación laboral, acceso a servicios de salud física y mental digna o actividades de cultura y esparcimiento, acceso a servicios de salud física relacionados con derechos económicos, sociales y culturales como la alimentación deficiente, la falta de servicios adecuados en la menstruación y de asistencia ginecológica, también son condiciones que agravan esta situación”, abundó
Internas lanzan un SOS
A través de una carta difundida a través de las redes sociales, las PPL en Michapa denunciaron a la directora Diana Inés Hernández Román y a más comandantes Alejandra, Mayra, Cipriana y Marcela, a quienes acusan de tratos injustos a base de golpes “abusan de su poder y su autoridad”.
“Hay dormitorios que los mantienen incomunicados. Nos cobran por pasar a ver a nuestros familiares al varonil, nos prostituyen, nos encierran cuando nos quejamos con los jueces. No cumplen con las indicaciones que dan los jueces. Vende todo lo que puede, comida, ropa, material de trabajo, todo lo que se puede lo venden. Sus comandantes hacen negocio de todo, ellas son las que nos pasan las cosas y las venden”, revelaron.
Asimismo, denunciaron que se hacen fiestas nocturnas con bebidas alcohólicas en las que se cometen presuntos actos sexuales con los mismos jefes.
“Los jefes entran a cualquier hora a tener relaciones sexuales con la que ellos elijan, y la directora es quien hace todo esto posible, ella es quien cobra y nos vende, tiene el apoyo de su autogobierno. Ellas también nos pegan o nos quitan nuestro dinero. El dinero lo controla ella y su gente. Por indicaciones de la directora sus comandantes y ellas venden droga y bebidas alcohólicas”, puntualizaron.
Ante los presuntos hechos, trascendió que la directora había sido cesada de su cargo; sin embargo no ha habido una postura oficial.
