Alejandra Flores, coordinadora general del Instituto Morelense de Radio y Televisión (IMRYT), negó que exista una «cacería de brujas» al interior del organismo, como han señalado algunas denuncias recientes.
Durante una conferencia de prensa, Flores reconoció que el instituto está llevando a cabo una reestructuración, la cual incluye una revisión exhaustiva del desempeño del personal, con el objetivo de fortalecer el equipo de trabajo.
En relación con los señalamientos de despidos, Flores aclaró que hasta el momento no se ha prescindido del personal, sino que se han hecho ajustes conforme a las necesidades del proyecto de modernización del IMRYT.
«Estamos haciendo ajustes porque encontramos el instituto prácticamente abandonado, sin incremento presupuestal en más de 11 años», afirmó la funcionaria.
Además, detalló que los cambios implementados han sido en áreas como jurídico, administración y finanzas, donde se han detectado deficiencias operativas.
Flores también destacó que se solicitó una auditoría al Sistema de Radiodifusoras Públicas, con el fin de detectar áreas de mejora y optimizar los recursos.
«No se trata de una cacería de brujas ni de correr a nadie; se trata de hacer los ajustes necesarios para que el instituto pueda cumplir con su labor», subrayó.
Finalmente, la coordinadora general señaló que en el área de programación se han identificado contenidos que llevaban más de una década al aire sin actualizaciones, lo que ha motivado la necesidad de renovar la oferta informativa y cultural del IMRYT, en consonancia con las demandas del público.
Los trabajadores se quejan de que no se cumple con la ley en las liquidaciones
Por su parte, los trabajadores del Instituto se quejan de que iniciaron despidos injustificados con el cambio de nueva administración. Las y los inconformes, que solicitaron anonimato por temor a represalias, informaron a esta periodista que, desde la semana pasada, por órdenes de la nueva directora del IMRyT, se ha solicitado la renuncia de las personas al frente de direcciones en áreas administrativas y operativas. También se solicitó la renuncia del titular de la Defensoría Pública y de algunas plazas del área de noticias.
Las y los afectados aseguraron que comprenden que con esos espacios, considerados de confianza, la dirección pretende liberarlos para armar su equipo de trabajo. No obstante, la liquidación que les ofrecen está por debajo de lo que establece la ley. En algunos casos, los nombramientos, que se dieron mediante un ascenso, ocurrieron hace 5 u 8 meses, pero son personas que llevan entre 3 y 6 años o más en el IMRyT. Sin embargo, la dirección está considerando solo los últimos 8 meses, desde que asumieron su nuevo cargo.
Asimismo, explicaron que están dispuestos a dejar sus plazas si se les garantiza la liquidación que marca la ley. De lo contrario, si no obtienen una respuesta positiva, manifestaron que están preparados para defenderse jurídicamente y proteger sus derechos humanos ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Por otra parte, afirman los trabajadores y trabajadoras que lo que están buscando es sacar a personal que ingresó o ascendió en sus cargos durante las administraciones de Graco Ramírez y Cuauhtémoc Blanco.
Señalaron también que el nuevo abogado encargado de llevar a cabo los despidos está incurriendo en una irregularidad, ya que los nombramientos se realizaron a través de la junta de gobierno, y es esta la que debe realizar el proceso mediante una sesión transparente.
Algunas personas cedieron y firmaron su renuncia; sin embargo, existen otras que están en proceso o ya fueron avisadas de que esta semana se les estará solicitando su renuncia, lo que genera incertidumbre entre las y los trabajadores del IMRyT.
En este contexto, hicieron un llamado a la gobernadora Margarita González Saravia para que intervenga y no se violenten sus derechos laborales.
