Rigoberto “N” rindió protesta como alcalde de Tlalnepantla el 30 de diciembre de 2018 y asumió el cargo un par de días después, el primer día del 2019, su gestión habría pasado sin mayor pena o gloria, pero en sus últimos meses de gestión, logró que su cabildo le autorizara un millón 280 mil pesos en gastos de representación que compartió con dos regidores y la síndica, motivo para que la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Morelos lo imputara por Ejercicio Abusivo de Funciones, delito por el que logró ya su vinculación a proceso.
En un comunicado, la fiscalía informó que la resolución se dio en la Ciudad Judicial de Cuautla “ante los contundentes datos de prueba presentados por la Fiscalía Anticorrupción, un Juez determinó vincular a proceso al expresidente municipal de Tlalnepantla”.
Ya en el año 2022, la Fiscalía Anticorrupción había ejercido, por el mismo caso, acción penal contra la exsíndica municipal y dos exregidores relacionados con la causa penal JCC/255/2022, ya que, en sesión extraordinaria de cabildo el 28 de octubre de 2021 (menos de tres meses antes de dejar todos sus cargos) el entonces alcalde y los exfuncionarios señalados, autorizaron de forma irregular, la asignación de un millón 280 mil pesos repartidos entre Rigoberto “N” (al cual le tocaron 300 mil pesos), los exregidores y la exsíndica.
El dinero supuestamente se utilizaría para apoyar a los barrios en sus fiestas populares como la del Día de Muertos y las posadas de diciembre, y se tomó de la partida presupuestal para Gastos de Orden Social y Cultural, sin embargo, el Presupuesto de Egresos aprobado para el ejercicio fiscal de 2021 no contempló esos conceptos y no se realizó la comprobación correspondiente.
En junio del 2022, la Fiscalía Anticorrupción logró que, en procedimiento abreviado, Minerva “N” exsíndica municipal del Ayuntamiento de Tlalnepantla y el exregidor Ignacio “N” repararan el daño que causaron en agravio del municipio y devolvieran un total de 500 mil pesos, dinero que recibieron de forma indebida, además, el Juez fijó una multa de 19 mil 900 pesos para cada uno.
De acuerdo con el artículo 20 constitucional, toda persona imputada tiene derecho “A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa”.
