Gerardo Ramírez Vidal[1]*
Todos hemos sufrido injusticias y vejaciones a manos de fiscales, jueces y subalternos. Por ejemplo, en una situación ordinaria, si un ciudadano común y corriente se ve involucrado en un problema de tránsito, no importa si ha tenido la culpa o no, es mejor que se quede quietecito, porque si se pone valiente le va peor. La mayor desgracia no se da con el policía de tránsito, quien exige cierta cantidad; lo peor es caer en manos del juez, quien no tendrá piedad de él. Un motociclista chocó su moto con el vehículo de una persona, pero antes de que la llevaran al ministerio público, un amigo abogado le aconsejó que entregara el dinero que pedían, para no llegar ante el juez. A ella le fue bien, aunque pagó lo que a ella le correspondía y lo que le tocaba al infeliz motociclista que había quedado todo aporreado. En otro caso, un joven instruido quiso reclamar lo justo y lo legal; no es necesario decir cómo le fue.
Todo mundo está de acuerdo (menos los impartidores de justicia) en que esta situación debe cambiar. Muchos abogados se han acomodado a esta situación, y tampoco les conviene cambiarla. No todos (abogados y jueces) son iguales: es el sistema corrupto en el que nos encontramos. La idea de reformar la Constitución política para garantizar una mejor impartición de justicia es algo elemental. Pero no todos han estado de acuerdo en cómo debía hacerse. El punto más debatido tiene que ver con un sistema de elección de los impartidores de justicia planteado por el gobierno. Los jueces y los opositores al gobierno (partidos y empresarios) rechazan este mecanismo. Sus quejas son inútiles.
¿La votación es un modelo adecuado para tener mejores jueces? ¿Con ello se destruye la democracia, por el debilitamiento del Poder Judicial como alegan los quejosos? Tal vez no sea lo mejor, pero no por exceso, sino por defecto. Habría sido mejor una reforma más radical. Ese poder se ha burlado mucho del pueblo; vejaron a la gente sin contemplaciones. Ahora claman que tienen una larga vida de esfuerzo dedicado a la tarea jurisdiccional; que se han preparado y han preparado a nuevas generaciones; que esa reforma trastoca su futuro y el de sus familias; que se les han violado sus derechos fundamentales, y tantas cosas más.
¿Qué reforma más radical? Pues lo que ellos, mentirosos, andan divulgando que se está haciendo: la selección de los jueces por tómbola. No. No es así. Pero debería serlo. Serán electos en votación. Para ellos no hay gran diferencia entre tómbola y votación. Tal vez tendrían más oportunidad con la primera.
En nuestra historia judicial, la selección de los jueces por sorteo perduró durante sesenta años, de 1869 a 1929, incluso bajo el régimen de Porfirio Díaz, incluso en la Constitución de 1917. Existió el sistema por jurados, esto es, mediante sorteo de los juzgadores de una lista de ciudadanos honorables. El tribunal estaba conformado por nueve jueces legos (esto es, nueve jurados) que dictaban sentencia, y un togado que se encargaba de organizar los juicios y las audiencias, que eran públicas.
Los casos más célebres fueron los juicios de dos hermosas mujeres que habían asesinado a sus maridos, por lo que se les conocía como las “autoviudas”: las dos se llamaban María Teresa, una apellidada Morfín y la otra Landa; una en 1927; la otra, en 1929.
En aquella época, con frecuencia, las audiencias se transformaban en grandes espectáculos. Los diarios daban gran difusión a los casos que habrían de ventilarse en los tribunales, y el día señalado la gente se arremolinaba en las salas de audiencia que se encontraba en la Casa de los tribunales, en el centro histórico de la ciudad de México. Federico Sodi se hizo cargo de la defensa de María Teresa Morfín, joven de 18 años. Sodi señaló que el jurado podía absolverla, “el Jurado, que es Juez soberano, porque es el Juez Pueblo, el Pueblo que hace la Ley y que puede reformarla, o despreciarla en cualquier momento”, y el jurado decidió perdonarla. El otro caso sucedió en 1929. María Teresa Landa, hermosísima mujer y la primera Miss México, en defensa de la cual habló el gran orador y parlamentario, José María Lozano, con una estupenda defensa, aunque larga en demasía, pero el toque final lo dio la propia acusada: “sólo dijo, ante el jurado y el público absortos, que los imperativos de su destino le habían llevado al arrebato de locura que la hizo destruir su felicidad matando al hombre a quien amaba con delirio”. Se escuchó un aplauso atronador del público en la sala, y el jurado absolvió a la acusada.
Este era el jurado popular; el tribunal del pueblo, quien dictaba justicia tal vez influenciado más por la emoción que por la razón, pero respondía a los designios y los sentimientos del pueblo. Pero no. No se sorteará un jurado popular, sino que se votará por legos que no necesariamente entienden la voluntad del pueblo.
-
* Doctor en Letras, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México y diputado federal de la LVII Legislatura (1997-2000). ↑
