David Demesa Barragán, alcalde del municipio de Tepoztlán, acusó a magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de entorpecer las acciones para combatir la venta indiscriminada de bebidas alcohólicas en el Pueblo Mágico, una situación que ha derivado en el desorden y hasta temas de inseguridad.
Sin revelar nombres, el edil aseguró: «hemos clausurado bares, pero quiero decirles que desafortunadamente van a derechos humanos y en su momento, un funcionario, que se puede decir que es uno de los magistrados nos ordenan que les demos la oportunidad (a los propietarios de los negocios), que no podemos coartarles sus derechos…no puedo decirles el nombre del magistrado porque no lo tengo aquí», expuso.
Se aseguró que la actual administración no ha otorgado permisos para la apertura y operaciones de establecimientos dedicados a la venta de bebidas embriagantes, esto como una medida del combate de una de las problemáticas más añejas en el «Pueblo Mágico».
Sin embargo, la proliferación de estos negocios ha crecido exponencialmente, al grado que incluso en cualquier domicilio se venden, desde las famosas micheladas hasta otras bebidas embriagantes.
La situación se torna grave, ya que al no existir una acción contundente que evite la proliferación de estos negocios, se vende alcohol de manera indiscriminada, incluyendo a los menores de edad.
Otra problemática que enfrentan en este rubro es la llegada de una franquicia de una cervecera, situación que señaló el alcalde no se va a permitir y ya se han iniciado los procesos legales pertinentes, principalmente para «cuidar» y fomentar el consumo de diferentes productos en tiendas locales.
En los últimos años, Tepoztlán se ha ganado el mote de «la cantina más grande de Morelos»; debido a ello, en el 2009 el municipio perdió el distintivo de Pueblo Mágico, denominación que recuperó en el 2010.
Desde entonces, el riesgo de perder el titulo ha sido constante; en 2023 los hechos de violencia, el desorden y la falta de organización en esa edición del carnaval, derivó en una nueva advertencia de suspensión, misma que si bien no se aplicó si sigue poniendo en la mira del gobierno federal la suspensión definitiva de la insignia, lo que representaría el dejar de recibir recursos millonarios que abonan al mantenimiento de la imagen urbana y hasta obras de infraestructura que se convienen en el programa.
