La reducción del déficit fiscal en el presupuesto de 2025 se perfila como uno de los desafíos más apremiantes para la economía mexicana. Según el Paquete Económico presentado el año pasado por el gobierno federal, se espera que el déficit fiscal cierre en 2024 en un 4.9% del Producto Interno Bruto (PIB), el nivel más alto registrado en décadas. Este incremento se atribuye principalmente a inversiones en infraestructura y programas sociales prioritarios. Sin embargo, para 2025, la meta es reducir este déficit a niveles cercanos al 3% del PIB, lo que implica una disminución de al menos 1.9 puntos porcentuales. Este ajuste no solo requerirá decisiones fiscales firmes, sino también la implementación de estrategias innovadoras, como la incorporación de la inteligencia artificial (IA) en la gestión pública para mejorar la eficiencia y optimizar los recursos.
Reducir el déficit fiscal en casi dos puntos porcentuales del PIB implica un esfuerzo significativo en términos de recorte de gastos que podría impactar algunos proyectos prioritarios del nuevo gobierno. Sin embargo, esta reducción es crucial para mantener la estabilidad macroeconómica, evitar el incremento desproporcionado de la deuda pública y preservar la confianza de los inversionistas y las agencias calificadoras internacionales. Un déficit elevado y persistente podría llevar la deuda pública más allá del 50% del PIB, limitando la capacidad del Estado para financiar proyectos futuros y encareciendo el costo de la deuda.
La tarea de disminuir el déficit fiscal conlleva decisiones complejas sobre dónde y cómo ajustar el gasto público sin comprometer servicios esenciales ni afectar negativamente el crecimiento económico. Aquí la inteligencia artificial puede desempeñar un papel transformador. La incorporación de tecnologías de IA en la gestión pública ofrece oportunidades para aumentar la eficiencia administrativa, reducir costos operativos y mejorar la calidad de los servicios públicos.
Por ejemplo, la IA puede optimizar procesos burocráticos mediante la automatización de tareas repetitivas y la mejora en la gestión de datos. Esto no solo agiliza la atención al ciudadano, sino que también libera recursos humanos para enfocarse en actividades de mayor valor agregado. Además, mediante el análisis de grandes volúmenes de información, la IA puede identificar áreas de ineficiencia y proponer soluciones basadas en evidencia, facilitando la toma de decisiones informadas.
En el ámbito de la recaudación fiscal, la inteligencia artificial puede ser una herramienta poderosa para combatir la evasión y elusión fiscal. Mediante algoritmos avanzados de detección de anomalías y patrones irregulares, es posible identificar casos de fraude fiscal con mayor precisión y celeridad. Esto incrementa la eficiencia en la fiscalización y puede traducirse en un aumento de los ingresos del Estado sin necesidad de elevar las tasas impositivas.
La implementación de sistemas de IA en la gestión de compras y contrataciones públicas también puede generar ahorros importantes. Al analizar ofertas y proveedores, estos sistemas pueden recomendar las opciones más eficientes y económicas, reduciendo costos y minimizando riesgos de corrupción. La transparencia en estos procesos se ve fortalecida, lo que mejora la confianza en las instituciones y puede atraer mayores inversiones.
En términos de gasto, la IA puede ayudar a identificar programas o proyectos que no están generando los resultados esperados, facilitando su reestructuración o eliminación. Esto asegura que los recursos se destinen a iniciativas con mayor impacto social y económico. Por el lado de los ingresos, además de mejorar la recaudación, la IA puede contribuir a diseñar políticas fiscales más efectivas y equitativas, basadas en análisis detallados de datos económicos y sociales.
Sin embargo, la adopción de inteligencia artificial en el sector público no está exenta de desafíos. Requiere inversión inicial en infraestructura tecnológica, capacitación del personal y un marco regulatorio adecuado que garantice la privacidad y seguridad de los datos. No obstante, estos costos pueden verse compensados a mediano y largo plazo por los ahorros generados y las mejoras en la eficiencia.
Además, la colaboración entre el sector público y el privado es clave para aprovechar al máximo el potencial de la inteligencia artificial. Las empresas tecnológicas pueden aportar experiencia y soluciones innovadoras, mientras que el gobierno puede establecer las condiciones y regulaciones necesarias para su implementación. Esta sinergia puede acelerar la transformación digital del Estado y generar beneficios para toda la sociedad.
Es importante destacar que la incorporación de la IA en la gestión pública también puede contribuir al crecimiento económico. Al mejorar la eficiencia del gobierno y la calidad de los servicios públicos, se crea un entorno más propicio para los negocios y la inversión. Además, el desarrollo de tecnologías de IA y su aplicación en el sector público puede impulsar la innovación y generar empleos en sectores de alta tecnología, lo que puede sentar las bases de un nuevo modelo económico para nuestro país.
*Profesor de El Colegio de Morelos
Fuente: Elaborada con Inteligencia Artificial / Cortesía del autor
