En nuestro país y en nuestro estado nos hemos acostumbrado a la acción directa de la ciudadanía cuando ésta necesita hacerse escuchar.
En teoría hay representantes de la población que se preocupan por armonizar la realidad cotidiana con lo que dicen las leyes, también hay funcionarios públicos que dedican sus jornadas laborales en administrar el gobierno para atender de la mejor forma las necesidades de quienes los eligieron.
Pero la alternativa de protestar -una de las más válidas que tiene la ciudadanía- parece ser la primera y la más eficiente pues resulta que cuando se necesita el apoyo de los legisladores o de los funcionarios públicos lo primero que se encuentra la gente de a pie es una interminable fila de ventanillas y un laberinto de trámites burocráticos en donde, en el mejor de los casos, las peticiones y reclamos dormirán el sueño de los justos durante meses.
En muchas ocasiones, la acción directa ha sido más eficaz en llamar la atención que una gestión pacífica y por los cauces normales, lo que es síntoma de varias cosas pero principalmente que es fácil perder la brújula del servicio público una vez que los candidatos se convierten en servidores públicos en funciones, que el puente de comunicación entre el pueblo y el funcionariato es muy endeble y que la eficiencia administrativa es una entelequia para muchos gobiernos y de todos los niveles.
El cierre de calles y autopistas afectan de manera inmediata a la propia ciudadanía haciéndole perder tiempo, dinero y hasta salud y, en tanto algunos se dan por enterados y deciden tomar cartas en el asunto, el problema social ya se multiplicó y aquel sector de la sociedad -con razón o sin ella- que decidió afectar a sus vecinos, por lo pronto, ya perdió sus simpatías y, lo peor, es que no hay ninguna garantía de que se resuelvan sus demandas pues, seguramente, las negociaciones iniciarán con la petición de que quienes protesten inicien su trámite normal ante las ventanillas correspondientes.
Ni la ciudadanía se debería ver orillada a manifestar sus inconformidades poniendo de cabeza la vida del resto de sus conciudadanos, ni las autoridades deberían ser negligentes en la atención de demandas válidas.
La autopista que comunica Cuautla con las ciudades de Cuernavaca y de México, durante varios días, se convirtió en un suplicio para quienes tenían la necesidad de utilizarla, y el problema se originó en la falta de consulta con la gente y el establecimiento de un plan de trabajo que afectara lo menos posible a quienes necesitan la autopista, el establecimiento de una caseta de cobro adicional, fue la cereza del pastel.
Quienes protestaban ya llamaron la atención de las autoridades que tardaron quizá demasiado tiempo en reaccionar, pero ya lo hicieron por fin. Esperemos que pronto lleguen a acuerdos satisfactorios para ambas partes. Se retiraron los bloqueos y la autopista seguirá libre hasta que haya un nuevo problema y algunos utilicen el recurso fast track de cerrarla de nuevo y las autoridades se tomen su tiempo para recordar para quien deberían estar trabajando.
