Ayer la Comisión Independiente de los Derechos Humanos de Morelos nos recordó un dato oprobioso para cualquier sociedad que se considere democrática, que viva en Estado de Derecho y que proteja a sus integrantes: de cada 100 delitos que se perpetúan en México, solo siete tienen algún tipo de consecuencia para sus responsables. Y en Morelos estamos peor pues esa cifra baja como a un cuatro por ciento.
Resulta obvio que la criminalidad, ya sea organizada o eventual, ve en la impunidad su mayor aliciente. En cualquier país podrá haber leyes justas y equitativas, procesos legales expeditos y hasta un riguroso respeto a los derechos humanos, pero si no hay quien investigue y lleve a ante la justicia a los responsables de los crímenes, todo eso servirá de muy poco. Desde luego en México y en Morelos aún estamos lejos de un sistema legal y de procuración de justicia como el descrito unas líneas arriba y, por si fuera poco, tampoco tenemos instituciones confiables.
Existen historias de testigos que son amedrentados por las instituciones que deberían investigar los crímenes y algunos se niegan a presentar sus testimonios para nos ser implicados como responsables de los ilícitos que atestiguaron o que sufrieron; también hay testimonios de que en las altas esferas del Poder Judicial se busca liberar a presuntos criminales. Es decir, en Morelos, parece ser que quienes gozan de protección institucional son los criminales.
Y para acabarla, la Comisión Estatal de Seguridad y la Fiscalía General del Estado, durante todo el sexenio que toca a su fin se la pasaron escurriéndose mutuamente el bulto. Se han acusado una a la otra de que no hay investigación de los casos criminales y que no hay detenciones en flagrancia.
Ayer también, la CES reprochó a la FGE que no haya dado trámite e la creación de la Policía de Medidas de Protección por lo que se tiene que distraer prácticamente a la mitad de la policía estatal para la guarda y custodia de las víctimas de algún delito cuyas órdenes, por cierto, son expedidas por la propia Fiscalía. Pero, eso sí -dijo más o menos la CES-, la Fiscalía está muy preocupada por adquirir un helicóptero, situación que, aunque fue negada por el propio Fiscal, a todos nos consta que aceptó tener los recursos -cuya dotación agradeció cumplidamente a los diputados en una de sus últimas comparecencias ante el Legislativo, cuando les informó que ya se estaban estudiando proveedores y marcas para concretar la adquisición.
Pero tampoco un helicóptero hubiera logrado acabar con la impunidad en Morelos ni los recursos necesarios para comprarlo hubieran bastado para conformar un cuerpo de policía permanente; como señaló José Martínez Cruz, vocero de la CIDHM: “todo este es un problema de altísima impunidad. Una estrategia de seguridad pública fallida y utilización de la fuerza pública de manera desequilibrada. La presencia de la policía de proximidad sólo es de palabra porque no existe, así como ni la de género, solo están pintadas de rosa porque tampoco acuden a los llamados”. Es decir, se requiere de una nueva estrategia y, muy probablemente, de nuevos personajes que la hagan funcionar, pero algo es cierto: los almohadazos entre los responsables de la seguridad no solucionan nada.
