La Fiscalía General del Estado de Morelos ha implementado medidas drásticas en su lucha por mejorar la eficiencia y transparencia del sistema judicial local. Desde junio de 2024, la dependencia ha sancionado a 23 funcionarios judiciales por diversas faltas administrativas que han obstaculizado el buen funcionamiento de los procesos legales. De estas sanciones, siete han sido inhabilitaciones definitivas, lo que implica que los infractores quedan fuera del servicio judicial de manera permanente.
Sara Olivia Parra, Visitadora General de Asuntos Internos de la Fiscalía, explicó que las sanciones se derivan principalmente de la dilación de los procesos judiciales y la falta de seguimiento a los procedimientos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Estos incumplimientos no solo han retrasado los casos judiciales, sino que también han afectado la calidad del servicio que los ciudadanos esperan recibir del sistema de justicia.
“Cuando los funcionarios no cumplen con los tiempos establecidos o no siguen las normativas, no tenemos otra opción más que tomar las medidas necesarias para garantizar que el sistema de justicia funcione correctamente”, señaló Parra. Las sanciones que se han impuesto varían en severidad: desde suspensiones de entre 1 y 30 días hasta inhabilitaciones definitivas en los casos más graves.
La fiscalía también está alineada con la nueva ley estatal de seguridad pública, que establece que las sanciones deben ser proporcionales a la gravedad de las faltas cometidas. La funcionaria destacó que las siete inhabilitaciones reflejan la seriedad con la que se abordan los incumplimientos en el ámbito judicial. “No podemos permitir que estos funcionarios sigan ejerciendo sus funciones cuando no cumplen con sus responsabilidades”, afirmó.
El proceso para imponer estas sanciones no es inmediato. Cada caso es sometido a una revisión exhaustiva por parte del Consejo de Honor y Justicia, que evalúa los antecedentes administrativos de los implicados y determina las medidas más adecuadas según la gravedad de las faltas. Esta evaluación incluye la verificación de si los infractores han tenido problemas similares en el pasado.
A pesar de lo severo de las medidas, Sara Olivia Parra enfatizó que el objetivo de estas sanciones no es castigar, sino mejorar el sistema judicial y garantizar que los ciudadanos reciban un servicio de calidad. “Estas sanciones son parte de un proceso de mejora continua. Queremos que los funcionarios actúen con el compromiso que los ciudadanos merecen”, dijo.
