*La ONU pide que reducir brechas de desigualdad no sea sólo un concepto teórico sino una realidad
*La expresión “justicia social” se convirtió en un “significante vacío” por su uso excesivo en discursos y documentos
*Líneas de acción, en Morelos, buscan empoderar a grupos vulnerables como mujeres y pueblos indígenas
Para una familia de Tepoztlán o una mujer trabajadora en Jiutepec, la frase ‘justicia social’ suele sonar a mitin de campaña electoral o a promesa política que se queda flotando en el aire sin tocar tierra.
Hoy, la “justicia social” es un concepto que padece la enfermedad llamada “saturación semántica”, que es la transformación de una palabra en ruido. Esto ocurre cuando una expresión se repite demasiadas veces, hasta que ya no se comprende. La medicina contra a esa alteración es volver a explicar el significado y aportar ejemplos para ilustrarlo.
En Morelos, el concepto de justicia social aparece mencionado desde la página 1, del Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030. Ahí, en una carta de la gobernadora Margarita González Saravia, dice que: “Somos herederos de una tierra valiente, marcada por la lucha de Emiliano Zapata, cuya voz sigue siendo un llamado vivo a la justicia social”.
El mismo documento condensa, en un solo párrafo, la Misión del actual equipo de gobierno, con las siguientes palabras: “Somos un gobierno incluyente, democrático y transformador, que promueve la justicia social, sostenibilidad ambiental y el bienestar colectivo para el desarrollo equitativo y sostenible de Morelos, actuando siempre en beneficio de las y los morelenses”.
Entonces, la pregunta natural es: Si la justicia social es el eje del Morelos actual, ¿cómo se ve en la calle, en la clínica o en el juzgado?
Un sueño milenario
La justicia social es un concepto que nace hace más de dos mil años, dentro de las primeras ciudades democráticas, en Grecia, que se defendieron de la invasión de imperios gigantes, como los persas. En ese racimo de ciudades democráticas, Aristóteles explicó que una paz interior duradera sólo podía existir si se eliminaban las desigualdades y se ejercía una “justicia distributiva”, que era la repartición equitativa de los bienes y recursos en la sociedad.
Esa fue la semilla de lo que hoy se llama justicia social. Durante los siguientes siglos, otros pensadores han sumado o restado detalles para explicar la importancia de la correcta distribución y acceso a bienes, recursos y oportunidades.
En 2007, representantes de 182 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), proclamaron el 20 de febrero, como Día Mundial de la Justicia Social, para recordar a la humanidad cuatro grandes tareas que sirven para construir una paz duradera: combatir la pobreza; lograr que todas las personas tengan acceso al trabajo; alcanzar el desarrollo de las sociedades sin destruir el planeta y hacer realidad la equidad entre géneros.
Casi dos décadas después, en este 2026, la ONU adopta el lema “Empoderar la inclusión: cerrar brechas para la justicia social”. Con esa frase pide a sus integrantes más acciones y políticas para que la justicia social sea una realidad vivida y no sólo un concepto teórico.
Uno de los argumentos con los que los integrantes de la ONU eligieron el lema de «cerrar brechas» para este 2026, es porque la crisis post-pandemia todavía resuena en economías locales que no se han recuperado totalmente después de esa emergencia sanitaria. Eso también implica cerrar brechas de desigualdad entre entidades, como las que han rezagado paulatinamente a Morelos de otros estados con economías más fuertes.
Cinco prácticas en Morelos
El equipo de gobierno que empezó a trabajar en Morelos, en octubre de 2024, hizo pública una Guía ética y filosófica para el buen vivir de las y los morelenses. En ella aseguran que: “El buen vivir busca recuperar elementos esenciales de la justicia social, tales como la armonía con la naturaleza, la equidad y la calidad de vida”.
Después prometen aplicar la idea de justicia social en campos como una economía sustentable; equidad de género; educación, ciencia y tecnología; derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Entonces, la idea de justicia social en Morelos se enfoca en reducir la desigualdad y garantizar derechos mediante políticas transversales. Algunos ejemplos de esas acciones actuales incluyen el programa «Corazón de Mujer», el acceso a la salud y vivienda digna en regiones vulnerables, y la promoción de derechos humanos con un enfoque de igualdad y no discriminación.
Cinco ejemplos de trabajo que se pueden analizar y medir para saber si el gobierno de Morelos convierte el discurso en cambio estructural son los siguientes:
1. Para mejorar la igualdad y sustento financiero de las mujeres: Muchos estudios de universidades y de gobierno han demostrado que las mujeres sufren más violencia y abusos cuando son pobres, dependen económicamente de un varón o están expuestas a la precariedad de la economía informal y la necesidad de buscar sustento diario para ellas o para sus familias.
Reducir la brecha de autonomía financiera es una prioridad en Morelos, por ser un estado con altos índices de violencia de género. La herramienta concreta para intentar reducir esa desventaja es un programa llamado Corazón de Mujer.
Hasta el segundo mes de 2026, ese programa de apoyo financiero ha beneficiado a más de 23 mil mujeres con bienestar social. Muchas de estas mujeres, de diferentes edades, por primera vez han tenido una cuenta bancaria propia.
2. Para mejorar el apoyo jurídico a personas pobres: A lo largo de la historia de Morelos, de México y de todo el mundo han ocurrido múltiples casos de injusticia por no tener a un abogado que defienda correctamente a una persona que no puede pagar a un litigante caro. Esta dura realidad también es parte de lo que se llama justicia social, porque las mujeres y hombres que no pueden pagar un abogado quedan expuestas a todo tipo de abusos; tanto de delincuentes, como de autoridades corruptas o gestores sin escrúpulos.
Frente a esta asimetría, la apuesta en Morelos es el fortalecimiento del Instituto de la Defensoría Pública (IDEPEM). La justicia social aquí es sinónimo de “justicia de proximidad”; es decir, que el derecho a ser escuchado no dependa del grosor de la cartera o de los conocidos, contactos o “palancas políticas” de cada persona.
3. Para ayudar a que las personas tengan casa propia y servicios de calidad. Vivir sin un lugar estable dónde protegerse o descansar expone a las personas y a las familias a mucha incertidumbre y a vulnerabilidad. Por ello, el crear condiciones para que las personas puedan adquirir casa propia también es considerado un trabajo a favor de la justicia social.
Una acción específica, en Morelos, para aportar seguridad a miles de familias del estado es un proyecto coordinado con el gobierno federal para la construcción de 33 mil viviendas con los diferentes esquemas para financiar a trabajadores: Infonavit, Conavi y Fovissste.
Esas acciones, que se reflejan en los espacios privados donde crecen y se desarrollan las familias, son complementados con otro trabajo en los espacios públicos, principalmente en inversiones para rehabilitar infraestructura para la atención a la salud, como hospitales en zonas alejadas a la capital del país.
El acceso a la salud es un elemento de justicia social fundamental porque está demostrado que las personas y las familias pueden perder el patrimonio acumulado durante años o generaciones cuando enfrentan, sin apoyo, enfermedades graves que les conducen a los llamados gastos catastróficos.
4. Para garantizar la protección de los derechos humanos. La verdadera justicia social no se mide por cómo viven las mayorías, sino por el respeto y la dignidad que alcanzan las minorías y los grupos más vulnerables frente a posibles abusos de quienes concentran poder físico, económico o político. En Morelos, este principio es una necesidad histórica. El estado es un mosaico de contrastes donde conviven comunidades indígenas con tradiciones ancestrales, personas con discapacidad que exigen espacios de movilidad y una comunidad LGBTIQ+ que demanda respeto a su identidad.
Por esta razón, la implementación de la Agenda de Derechos Humanos 2025–2030 es sumamente importante como escudo protector para los grupos más débiles y menos visibilizados; no es un mero trámite administrativo.
Esta Agenda es una hoja de ruta que busca desarticular la discriminación estructural. Justicia social, en este contexto, significa que una persona de la comunidad náhuatl de Hueyapan o Xoxocotla pueda acceder a servicios públicos en su lengua y bajo el respeto a su cosmovisión. Significa también que el diseño de los espacios públicos en las ciudades morelenses deje de ser un obstáculo para quienes viven con alguna limitación física. Proteger los derechos humanos en Morelos es, en esencia, asegurar que la dignidad no sea un privilegio de unos pocos, sino una garantía universal que el Estado custodia activamente para evitar la opresión del más débil.
5. Para que las familias tengan protección integral. Aunque la política se despliega principalmente en el ámbito público —en las plazas, los congresos y las oficinas gubernamentales— es innegable que sus decisiones más profundas impactan en la vida privada y terminan reflejándose, literalmente, en la mesa de cada casa. La justicia social pierde su nombre si no es capaz de entrar al hogar y resolver los conflictos que fracturan el núcleo de la sociedad: la familia.
En los últimos meses, Morelos ha puesto un énfasis particular en el fortalecimiento del Derecho Familiar con enfoque de género. Esta es una de las facetas más humanas de la justicia distributiva. Cuando hablamos de agilizar procesos de pensiones alimenticias, no estamos hablando de números en un expediente, sino del derecho de niñas y niños a una nutrición y educación adecuadas. Al reforzar la custodia compartida y los derechos de la infancia, se busca que el estado no sea un espectador, sino un garante de que el cuidado y la crianza no recaigan injustamente sobre una sola persona, casi siempre la mujer.
Otra línea de acción para la protección integral es reconocer que la precariedad económica afecta la salud mental de las familias morelenses y por ello también se trabaja en ofrecer acceso a servicios psicológicos públicos como otra forma de redistribución de bienestar.
Fortalecer la justicia familiar en Morelos es una apuesta por la estabilidad a largo plazo. Un niño que crece bajo la protección de un marco legal justo, que recibe su pensión a tiempo y cuyos derechos son respetados, es un ciudadano que mañana tendrá mejores herramientas para integrarse a la vida productiva y social del estado. Es aquí, en la resolución de las crisis domésticas, donde la justicia social deja de ser un «significante vacío» para convertirse en el sustento de la paz social.
Estabilidad a largo plazo
Mencionar la justicia social en cualquier discurso y documento político es fácil y suena bien porque el papel aguanta todo. Sin embargo, el desafío para Morelos en 2026 es que la expresión se concrete en acciones palpables y comprensibles, y que burocracia no se coma la intención de reducir las brechas de desigualdad que son históricas.
Desde la parte de los ciudadanos, también es importante entender que una tarea muy difícil e invisible es reducir la brecha entre el Morelos urbano y el Morelos rural. Llevar justicia social a los Altos de Morelos (como Totolapan o Zacualpan) es más difícil y costoso que en la zona metropolitana. Los resultados ahí pueden pasar desapercibidos para las personas que habitan las ciudades, pero es en esos lugares donde el trabajo y la inversión pública más se necesita.
Si no existe una distribución equitativa de los recursos, el desarrollo económico se vuelve insostenible y genera conflictos.
En esas sociedades, que comenzaban a reconocer el valor, opinión y voto de sus ciudadanos, sin que necesariamente pertenecieran a la clase gobernante, se entendió que la justicia distributiva es un elemento indispensable para que dentro de las comunidades humanas haya paz y se pueda promover el desarrollo a largo plazo.
La justicia social no es caridad; es la única base real para la seguridad pública. Sin equidad, la paz siempre será frágil.
