Castigar primero, prevenir después:
la deuda del Estado de México con sus adolescentes
Rubén Escobedo Cabello *
Cada vez que un adolescente entra en conflicto con la ley penal en el Estado de México, la reacción pública suele ser inmediata y predecible: endurecer sanciones, exigir mano dura y señalar al joven como responsable único. Poco se habla de lo que ocurrió antes, de las condiciones que marcaron su crecimiento o de las oportunidades que nunca existieron. Esta narrativa, repetida en el discurso político y mediático, resulta cómoda, pero ha demostrado ser profundamente ineficaz.
La inseguridad y la violencia no surgen de la nada. En muchos casos son el resultado de años de abandono institucional, desigualdad social y ausencia de políticas preventivas sostenidas. Los adolescentes que hoy enfrentan procesos penales no aparecieron de forma espontánea en el sistema de justicia: son producto de comunidades fragmentadas, escuelas rebasadas y familias que han tenido que enfrentar solas problemas estructurales que las superan.
La adolescencia es una etapa especialmente vulnerable. Es un momento de búsqueda de identidad, pertenencia y reconocimiento. Cuando estas necesidades no encuentran respuesta en la familia, la escuela o la comunidad, muchos jóvenes las buscan en otros espacios, algunos marcados por la violencia o la ilegalidad. Ignorar esta realidad es cerrar los ojos ante una parte central del problema.
En amplias zonas del Estado de México, miles de adolescentes crecen en colonias con servicios básicos limitados, espacios públicos deteriorados y violencia cotidiana. En estos contextos, la presencia del Estado suele ser intermitente. La prevención social, cuando existe, se reduce a programas aislados, de corta duración y sin seguimiento, mientras el sistema penal permanece como la respuesta más constante y visible.
La prevención social no es una postura ingenua ni permisiva. Es una estrategia basada en evidencia que reconoce que castigar sin prevenir solo reproduce el problema. Abandono escolar, violencia intrafamiliar, consumo de sustancias, trabajo infantil y falta de oportunidades aparecen de forma recurrente en las trayectorias de estos jóvenes. No son excusas, sino factores de riesgo que pudieron haberse atendido a tiempo. Sin embargo, el sistema actúa con rapidez para sancionar, pero con lentitud —o no actúa— para prevenir.
La reintegración social tampoco puede seguir siendo una promesa vacía. Muchos adolescentes regresan a los mismos contextos que los llevaron al conflicto, sin educación, empleo ni acompañamiento. A ello se suma el estigma social, que cierra puertas incluso después de haber cumplido una sanción.
El debate público necesita cambiar. En lugar de preguntarnos cómo castigar más rápido, debemos cuestionarnos por qué tantos adolescentes llegan al sistema penal y qué se pudo haber hecho antes. Apostar por la prevención social es apostar por una seguridad más humana, más inteligente y más justa.
* Universidad Autónoma del Estado de México/Red de Difusión y Divulgación de las Investigaciones en Ciencias y Humanidades (REDDICH)
