Luis Raúl González Pérez *
Cada 5 de febrero, México conmemora un aniversario más de la Constitución de 1917, documento fundacional de su vida institucional y referente histórico del constitucionalismo social en el mundo. A 109 años de su promulgación, el texto constitucional sigue siendo presentado como símbolo del compromiso del país con la justicia, la democracia y los derechos humanos. Sin embargo, más allá de la celebración protocolaria, la fecha obliga a una revisión crítica: ¿hasta qué punto esos principios se reflejan en la vida cotidiana de la población?
A lo largo de su historia, la Constitución ha sido objeto de cientos de reformas. Muchas de ellas han ampliado el catálogo de derechos, incorporando, entre otros, el acceso a la educación, la salud, la vivienda, la alimentación, el agua, la cultura, la seguridad social y el trabajo digno. En el plano normativo, México cuenta hoy con uno de los marcos jurídicos más avanzados de América Latina. No obstante, el reconocimiento legal no ha sido suficiente para garantizar su ejercicio efectivo.
Existe una brecha persistente entre el texto constitucional y la realidad social. Si bien se han dado avances significativos, aún hay millones de personas que enfrentan condiciones de pobreza, precariedad laboral, servicios de salud deficientes, rezagos educativos y falta de vivienda adecuada. Las desigualdades regionales y sociales siguen marcando el acceso diferenciado a los derechos. En este contexto, resulta problemático hablar de un Estado plenamente comprometido con la dignidad humana.
El principio de progresividad, consagrado en materia de derechos humanos, obliga al Estado no solo a reconocerlos, sino a desarrollarlos y garantizarlos, sin embargo, en la práctica, muchos derechos permanecen como promesas formales. La ausencia de políticas públicas sostenidas, la debilidad institucional y la insuficiencia presupuestal han convertido numerosos mandatos constitucionales en aspiraciones incumplidas.
La creación de leyes, organismos y mecanismos de protección no basta. El verdadero reto consiste en traducir los avances normativos en beneficios tangibles para la población. Ello requiere planeación, recursos, transparencia y voluntad política. En este sentido, el presupuesto público debería ser un instrumento central para la garantía de derechos. La inversión en salud, educación, vivienda y seguridad social no puede ser tratada como gasto prescindible, sino como una obligación constitucional. Sin embargo, con frecuencia, las prioridades gubernamentales responden más a criterios coyunturales que a una visión integral de bienestar.
Uno de los ámbitos donde la distancia entre norma y realidad resulta más evidente es el de la seguridad y la justicia. La violencia, la criminalidad, la impunidad y la corrupción han generado graves violaciones a los derechos humanos. Las desapariciones forzadas, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y los abusos policiales continúan siendo parte del panorama nacional. El sistema penitenciario, por su parte, enfrenta hacinamiento, autogobiernos y condiciones indignas.
Frente a este escenario, el discurso oficial suele insistir en la necesidad de fortalecer la seguridad, lo cual es imprescindible, pero la experiencia demuestra que no puede haber paz duradera sin instituciones civiles sólidas, sin justicia efectiva y sin rendición de cuentas.
La reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 representó un avance significativo. Al incorporar los tratados internacionales al orden interno y consolidar el principio pro persona, se amplió el marco de protección jurídica. Asimismo, se fortaleció el papel del Sistema Interamericano de Derechos Humanos como referente obligatorio para el Estado mexicano. No obstante, este nuevo paradigma ha enfrentado resistencias. Las sentencias internacionales, aunque relevantes, no siempre se cumplen de manera integral. En muchos casos, las autoridades adoptan medidas parciales o simbólicas, sin modificar las estructuras que originaron las violaciones.
De esta forma, se configura una paradoja: México ha avanzado notablemente en el plano normativo, pero muestra serias dificultades para convertir ese progreso en una realidad social. La proliferación de reformas constitucionales no ha ido acompañada de un fortalecimiento proporcional de las instituciones encargadas de aplicarlas. La corrupción, la impunidad y la falta de profesionalización administrativa siguen siendo obstáculos centrales.
A ello se suman las reformas recientes impulsadas, algunas de las cuales han generado controversia. La constitucionalización de programas sociales, importantes pero debe enfocarse también a su sustentabilidad, la ampliación de la prisión preventiva oficiosa, contrario a sentencias de órganos internacionales, de Derechos Humanos, la desaparición de organismos autónomos, la reforma al Poder Judicial que deberá mostrar en los hechos su legitimidad social y las modificaciones al juicio de amparo han sido señaladas por diversos sectores como factores que debilitan los contrapesos y reducen los mecanismos de defensa ciudadana.
Estas transformaciones plantean interrogantes sobre el equilibrio entre poder, derechos y legalidad. Convertir políticas públicas en derechos constitucionales sin garantizar su sostenibilidad financiera y operativa puede vaciarlos de contenido. Debilitar órganos autónomos y limitar el alcance del amparo reduce los espacios de control frente a los excesos del poder.
A más de un siglo de su promulgación, la Constitución contiene un proyecto de nación basado en la igualdad, la justicia social y la dignidad humana. Sin embargo, ese proyecto permanece incompleto. La brecha entre el discurso constitucional y la experiencia cotidiana de millones de personas sigue siendo uno de los principales desafíos del país.
Conmemorar la Constitución no debería limitarse a actos simbólicos. Implica revisar críticamente su cumplimiento, evaluar las políticas públicas y exigir coherencia entre la norma y la acción gubernamental. Solo así podrá construirse un Estado que no solo proclame derechos, sino que los garantice efectivamente para todas y todos.
*Especialista en Derechos Humanos
