Pendientes que amenazan la estabilidad 

Daniel Martínez Castellanos 

Con el inicio de su nuevo periodo ordinario de sesiones la LVI Legislatura del Congreso de Morelos deberá ponerse a trabajar como si no hubiera mañana para sacar el conjunto de pendientes que empezaron como un ligero rezago administrativo y se han convertido en una amenaza a la gobernabilidad del estado. 

No es exagerar, sino poner las cosas en contexto. Ya la no tan bien escrita reforma a la Ley del Servicio Civil evidenció que errores en la redacción de los textos pueden convertir un proyecto salvador para las finanzas del estado en un conflicto social mayor. La reforma buscaba regular un problema presupuestal estructural que amenaza las finanzas del estado, pero un asunto -llamémosle de estilo- permitía interpretaciones demasiado ortodoxas, o de plano dolosas, que podrían afectar los derechos de los trabajadores al servicio del Estado, que no son la mayoría, pero sí muchísimos. La gobernadora escuchó y entendió el problema y corrigió a tiempo con una especie de adenda en un transitorio que explícitamente permitirá que los trabajadores que fueron contratados antes de la publicación de la reforma puedan retirarse con el esquema anterior. Ahora las y los diputados solo tendrán que votar la adición a la reforma para que concluya el conflicto laboral-social que se gestaba en la burocracia morelense. 

El racimo de problemas en el Poder Judicial 

Otro caso es el de las leyes secundarias de la Reforma Judicial en las que deberán establecerse los mecanismos para validar las candidaturas a juzgados y magistraturas y el proceso de organización, supervisión, legitimación y conclusión del proceso electoral con que se deberá renovar el Poder Judicial local en el segundo semestre del año próximo. Cierto que será determinante la forma en que los diputados arreglen las cuestiones electorales, pero la fecha en que lo hagan será vital. 

De la publicación de esas leyes secundarias dependerá la fecha en que la ciudadanía morelense pueda votar por personas juzgadoras. El tema se complica especialmente por la cantidad de personas y grupos sociales que han sido históricamente agraviados por malos jueces y magistrados (por supuesto que existen) y la urgencia de cada uno de ellos por renovar al Poder Judicial.  

Otro componente de riesgo es la ofensa a la sociedad que ha significado redescubrir las pensiones millonarias de exmagistrados y exfuncionarios del Poder Judicial local que para mucho evidencian el abuso del dinero público y los privilegios. La información se acaba de revelar, pero sí se volvió a poner como tema de discusión hace unos días, parte por la proximidad de las discusiones de las leyes secundarias de la reforma judicial morelense; pero también por la crisis financiera que el cargo de 20 millones de pesos mensuales en pensiones significa para el Tribunal Superior de Justicia, mucho más cuando sólo 36 jubilados representan poco más del 20 por ciento de ese presupuesto.  

El enojo de social crece, además, porque pese a la renovación forzada de cuadros en el Tribunal Superior de Justicia que fue de la presidencia de Luis Jorge Gamboa (plagada de cuestionamientos y sospechas de corrupción) a la de Juan Emilio Elizalde Figueroa, en la que hay mucha colaboración interinstitucional, pero los resultados están muy lejos de ser siquiera un poco satisfactorios, ni siquiera en combate a la corrupción, aún con la entrada en operación del Órgano de Administración Judicial. 

Así que la reforma judicial urge. Pero los propios diputados deben reconocer que su primera intervención en el diseño de un nuevo Poder Judicial local no ha dado los resultados que habrían querido (será la falta de tiempo, diría alguien); así que esta segunda y definitiva (porque al final de la reforma la autonomía de la impartición de justicia deberá quedar salvada), deberá ser todo lo eficiente e inteligente que se pueda. Además, deberá ser de una transparencia y máxima publicidad tales que los morelenses sepan exactamente los impactos en el sector judicial y las mejoras que se harán en beneficio de una sociedad a la que se adeuda justicia hace décadas y siglos. 

El asunto no es fácil, mucho más cuando para la tradición legislativa local los diputados tenían a sus magistrados, a quienes no solo proponían y nombraban, sino también extendían su poder a través de compromisos para torcer la acción de la justicia. Para muchos legisladores y grupos políticos, la posibilidad de perder esa influencia es mucho más amenazadora que el voto ciudadano. 

El feminismo y el aborto 

El Congreso ha sido omiso en la despenalización del aborto. Sólo un cínico se atrevería a negar esa verdad, aunque hay quienes pudieran matizarlo diciendo que no todos, aunque sí la mayoría, han evadido la responsabilidad no de acatar la orden de un juzgado de distrito, sino de garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres. 

Y aunque el tema ha sido recurrente (como cualquier demanda legítima que no se atiende) no es menor. En un resumen muy elemental podríamos decir que Morelos tiene por primera vez una gobernadora; los feminismos tienen un espacio determinante de acción política y gubernamental a través no solo de Margarita González Saravia que las conoce y estima, sino de la Secretaría de las Mujeres con Clarisa Manrique y su equipo que ha abanderado siempre la causa del reconocimiento y la ampliación de los derechos de las mujeres; otra activista feminista, Andrea Acevedo García es la responsable del despacho de los Derechos Humanos en la Secretaría de Gobierno. 

Si bien esos espacios sirven como un reconocimiento institucional a la lucha feminista, también es cierto que han minado parte de la representación tradicional de los feminismos en las calles y plazas, en la sociedad civil que requieren de establecer nuevos canales de diálogo con las instituciones. Con esa disfunción y la posibilidad de que la derecha vuelva al poder (o, en un escenario radical, la izquierda pierda la amplia mayoría que tiene en el Congreso local), el tiempo de grandes reformas que amplíen los derechos de las mujeres y sancionen con mayor severidad a quienes les nieguen esas garantías parece acabarse muy rápido. 

Esto lo saben ellas mejor que uno, y pueden empezar a presionar con mayor fuerza y visibilidad para acelerar los cambios. 

@martinellito / martinellito@otulook.com 

LA JORNADA MORELOS