La inclusión digital también es cuestión de Estado
Cuando hace más o menos tres décadas empezó a popularizarse el uso de la Internet en México, con las conexiones dial-up, en casi todo el planeta se pensaba que había llegado un segundo Renacimiento que convertiría a las comunidades de sociedades de lectores a sociedades de autores, dueñas de sus medios de expresión, sus procesos de aprendizaje y sus proyectos productivos.
Otro escenario nos alcanzó muy pronto. La herramienta que prometía la democratización del conocimiento y la economía, el fortalecimiento de la autonomía, el empoderamiento ciudadano en una suerte de utopía digital de acceso universal se convirtió en patrimonio de grandes corporaciones.
En su lógica comercial, las compañías restringieron los accesos, se apoderaron del conocimiento, los datos y los mecanismos para convertirlos en información, y convirtieron esos contenidos en una nueva forma de enriquecerse. En su modelo de negocio profundizaron la brecha digital y con ello las desigualdades económicas y sociales, especialmente en las economías emergentes y las más pobres del mundo.
Pasaron muchos años para que en México comenzara a hablarse de la inclusión digital en términos reales debido en parte al desconocimiento de la clase política y las presiones de las corporaciones, pero también por los altos costos que representa garantizar la conectividad y el acceso a las tecnologías. Mientras en el país se discutía la existencia de los derechos digitales, en otras naciones el debate era sobre la velocidad que el Estado debía garantizar en los servicios de banda ancha que ofrecía. Así de atrasados llegamos a la discusión.
Para ilustrar la brecha digital podría bastar un dato, en el 2017 el 71.1% de la población urbana en México podía acceder a Internet, una capacidad que tenían solo 4 de cada 10 habitantes de áreas rurales. El avance tecnológico que representaron los teléfonos inteligentes y otros dispositivos de bajo costo, la ampliación de las redes inalámbricas y la intervención del Estado para extender la cobertura permitió reducir la desigualdad y hoy el 70% de los habitantes de zonas rurales podrían acceder a la red.
Permanecen los retos como la infraestructura de calidad para garantizar igualdad en la cobertura, pero también los de acceso a la tecnología en términos de disponibilidad y de habilidades básicas.
Abatir la brecha digital pasa, en efecto, por la operación de políticas de alfabetización digital; la inversión en cobertura rural total; y programas de capacitación que entiendan las condiciones de pobreza, las limitaciones generacionales y educativas para el uso óptimo de la conectividad; y avanzar en la colaboración entre el sector público y el privado para potenciar el alcance especialmente en los usos de mayor impacto social de la Internet, como la economía digital, la relación con los gobiernos, y las mejoras en salud y educación.
La administración de la gobernadora Margarita González Saravia inició con buen ánimo y proyecto el trabajo para abatir la brecha digital y el rezago tecnológico en Morelos; pero la tarea es enorme como demuestra el que aún con la cobertura ampliada al 83% de los morelenses sólo 14 mil estén registrados para hacer trámites digitales. Mucho debe invertirse todavía en alfabetización digital y en fortalecer la confianza de que los datos personales estarán a salvo en la red.
