Durante décadas, la corrupción en Morelos ha operado como una constante corrosiva: debilitó instituciones, normalizó abusos y sembró una desconfianza generalizada en las instituciones de gobierno. Dos administraciones estatales recientes —las encabezadas por Graco Ramírez y Cuauhtémoc Blanco— quedaron marcadas por señalamientos graves, investigaciones inconclusas y una percepción ciudadana de impunidad. En ese contexto, cualquier esfuerzo serio por revertir esa inercia merece ser observado con rigor crítico, pero también reconocido cuando muestra resultados verificables.
La entrevista realizada por Daniel Martínez -que usted encontrará un poco más adelante- con el fiscal especializado en Combate a la Corrupción, Leonel Díaz Rogel, permite asomarse a una Fiscalía Anticorrupción que busca dejar atrás una etapa de estridencia mediática sin eficacia institucional. Los datos que se exponen —210 carpetas judicializadas previstas, más de mil 700 en trámite, alrededor de dos mil nuevas investigaciones iniciadas en menos de nueve meses y 143 amparos enfrentados— no son menores en una entidad, como la nuestra, que se ha acostumbrado a expedientes empolvados y procesos congelados. Entre los aspectos más relevantes está la promesa institucional de que la corrupción ya no es intocable.
Vale la pena subrayar el énfasis de Díaz Rogel en la coordinación interinstitucional. Durante años, el divorcio entre fiscalías, policías, tribunales y órganos de control funcionó como aliado de la impunidad; hoy, la colaboración con la Fiscalía General, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Entidad Superior de Auditoría y las corporaciones de seguridad —estatales y municipales— sugiere un entorno distinto y más funcional.
El desafío que representa el combate a la corrupción está muy lejos de superarse. Los amparos promovidos por exfuncionarios —muchos de alto rango— evidencian que el sistema de justicia sigue siendo un campo de disputa donde los recursos legales pueden convertirse en instrumentos dilatorios. Aquí el reto es doble: garantizar el debido proceso sin permitir que la legalidad sea utilizada a favor de la impunidad. La reciente reforma judicial y la reestructuración administrativa del Poder Judicial abren una ventana de oportunidad que no debe desaprovecharse.
Otro punto delicado es el uso político de la denuncia. El fiscal advierte que denunciar sin pruebas no fortalece la justicia, al contrario, la debilita. La lucha contra la corrupción exige profesionalismo técnico, integración sólida de carpetas y responsabilidad institucional, especialmente en los cambios de gobierno municipal, donde históricamente la denuncia ha sido más una herramienta de revancha que de rendición de cuentas.
El llamado final a romper la cultura de la complicidad merece una reflexión adicional. La corrupción no sobrevive solo en los despachos públicos; se reproduce en el silencio, en la normalización del enriquecimiento ilícito, incluso en el ámbito familiar. Denunciar no es traicionar: es asumir una responsabilidad cívica frente al daño colectivo que provoca el desvío de recursos públicos.
Morelos enfrenta una herencia pesada, pero no inamovible. Los avances de la Fiscalía Anticorrupción deben consolidarse con sentencias, recuperación del erario y sanciones ejemplares, sin excepciones ni privilegios. El tiempo, como bien advierte el fiscal, no sobra.