Luego de que la gobernadora, Margarita González Saravia, anunció que se revisará la Ley del Servicio Civil para garantizar el respeto a los derechos laborales de los trabajadores del Gobierno del Estado de Morelos, el Frente Social en Defensa de los Derechos de los Trabajadores al Servicio del Estado pidió ser tomados en cuenta, a fin de escuchar sus principales necesidades para lograr que sea realmente benéfica para el sector.
En rueda de prensa, los integrantes señalaron que, actualmente, la reforma excluye a «miles de trabajadores» de derechos fundamentales mediante disposiciones profundamente regresivas, al referir que los artículos 2, 42, 57 y 58 «son sin duda alguna, una agresión directa a la estabilidad laboral, a la seguridad social y a la dignidad de la clase trabajadora en la entidad», por lo que confiaron que habrá disposición de la mandataria para modificarlos.
Al respecto, Fernando García Vizcaya, subsecretario del exterior del SME, División Cuernavaca, comentó que derivado de estas disposiciones se llevará a cabo una marcha este 29 de enero, a fin de demostrar el músculo sindical en la entidad, priorizando el orden, al referir que no se trata de una confrontación, toda vez que González Saravia a mostrado interés y prioridad al diálogo.
«Es necesario garantizar la paz social y laboral construyendo con certeza la gobernabilidad de la fuerza del diálogo, legitimando con ello la protección de los trabajadores de Morelos sin poner en riesgo la estabilidad de la clase trabajadora. Defendemos derechos y solicitamos garantías», acotó.
La caminata partirá de la iglesia del Calvario hasta el zócalo capitalino, a partir de las 16:00 horas, a fin de solicitar audiencia con la mandataria, quien hasta el momento se ha mostrado abierta a escuchar a la clase trabajadora en búsqueda de mejorar sus condiciones laborales.
Los sindicalistas refieren que el artículo 2, párrafos segundo y tercero, busca sacar del régimen de prestaciones burocráticas a quienes perciben su salario mediante convenios de colaboración con la Federación, aun cuando desempeñan funciones permanentes para el Estado.
En tanto, el artículo 42, párrafo segundo, refieren que se les niegan derechos básicos como vacaciones a aguinaldo y de quienes estén bajo esquemas financiamiento federal. Mientras que el 57 BIS condiciona el reconocimiento de la antigüedad para pensiones, excluyendo a trabajadores financiados con recursos federales.
Por último, el artículo 58 «cierra la puerta a la jubilación para quienes laboran bajo dichos convenios, condenándolos a la incertidumbre y al abandono institucional», aseguraron.