Tras celebrar que el Juzgado Segundo de Distrito en Morelos concedió una suspensión definitiva que impide la explotación minera de oro y plata, especialmente en el municipio de Xochitepec, mientras dura el proceso, los activistas que están en contra de su operación ahora buscan ampliarla para frenar exploraciones, toda vez que las concesiones continúan vigentes, manteniendo latente el riesgo de que el proyecto avance.
Viridiana Maldonado, codirectora de TerraVida y abogada acompañante de este caso, recordó a La Jornada Morelos que las mujeres de la Unidad Habitacional Morelos, y sus colonias adyacentes, iniciaron en 2025 un juicio de amparo para solicitar la cancelación de las seis concesiones mineras que atentan en contra de su territorio, argumentando que se pone en riesgo su derecho humano a la vida, el agua y la igualdad.
«Como medida cautelar se otorgó una suspensión definitiva que obliga a la empresa minera a parar cualquier operación que involucre la explotación de las concesiones o la explotación minera hasta en tanto finalice el juicio», explicó. Los activistas argumentan que el «proyecto de vida» se encuentra en riesgo frente a la devastación socioambiental que genera la minera.
«Sostienen que las concesiones vulneran el derecho a la igualdad y no discriminación, al constituir una forma de racismo ambiental que expone de manera desproporcionada a la comunidad a impactos ambientales y cargas de contaminación», agregó.
El caso está ahora en manos del Segundo Tribunal Colegiado de Distrito en Morelos. Con este proceso, la Comunidad de la Unidad Habitacional Morelos y colonias adyacentes busca que su territorio vuelva a ser libre de minería, lo que beneficiaría no solo a Xochitepec, sino también a municipios vecinos como Miacatlán y Temixco, y al estado de Morelos en su conjunto.
El proyecto minero que amenaza a la comunidad comprende seis concesiones con una extensión aproximada de 2,949.236 hectáreas, las cuales también impactan la zona arqueológica de Xochicalco. A la fecha, ya se han realizado actividades de exploración minera como estudios geológicos, construcción de socavones y perforaciones que han generado daños e impactos ambientales en el territorio.
La fase de explotación no se ha llevado a cabo debido a que no se autorizó la Manifestación de Impacto Ambiental, ya que diversas instancias federales han señalado la inviabilidad del proyecto. En 2023, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) del Gobierno de México emitió un Dictamen Diagnóstico Socioambiental en el que concluyó que la explotación minera es inviable por los graves impactos ambientales, visuales, humanos y culturales que generaría, además de advertir que no existe suficiente agua para sostener el proyecto sin afectar gravemente la seguridad hídrica local.
Ese mismo año, el INECC y la Semarnat alertaron que la explotación podría incrementar la presencia de arsénico y cobre en el suelo, representando un riesgo para la salud y la biodiversidad.