Al inaugurar en días pasados el Encuentro Nacional “La investigación social, migración y las fronteras de México” el Rector de la UNAM, doctor Leonardo Lomelí Vanegas, señaló que ante la realidad internacional en materia de migración en la que predomina un discurso oscilante entre la criminalización y la invisibilización y defender el derecho de quienes migran, denuncia y reconstituyen sus vidas son actos impostergables.
La defensa de sus derechos es una forma de resguardar los pilares de toda democracia: la pluralidad, equidad y justicia, dado el resurgimiento del autoritarismo, nacionalismos excluyentes, la xenofobia, el cierre de rutas legales y la instrumentalización política de la movilidad humana. Agregó que las fronteras son espacios complejos, con las dimensiones simbólica, jurídica y cultural, en las que se concentran algunas de las contradicciones más agudas y apremiantes de nuestro tiempo: desigualdad y esperanza, violencia y resistencia, arraigo y despojo, exclusión e integración.
En la participación que tuvimos expresamos que ante este escenario se requiere de un replanteamiento de la política migratoria que vaya más allá de la contención de los flujos migratorios basada en la detención y deportación expedita de personas, que esté revestida de una visión humanitaria en la que el eje central sea el respeto de los derechos fundamentales, sin distingo de nacionalidad ni calidad migratoria, pues vale la pena recordar que antes de ser migrantes son seres humanos, a quienes se les debe brindar protección y las condiciones necesarias para el ejercicio de sus derechos.
Actualmente nos encontramos ante un panorama extremadamente complicado en materia de migración ante el cual debemos, como país, generar políticas públicas que incidan y cambien esa realidad tanto en el ámbito internacional, como en el nacional. Debemos velar por el cumplimiento de los derechos tanto de nuestros connacionales en Estados Unidos, como el de las personas en movilidad que ingresan a nuestro país buscando empleo o con el objetivo de cruzar la frontera.
Entre los derechos humanos que nuestro país reconoce a las personas en movilidad están los denominados derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), como son los derechos a la protección de la salud, educación, vivienda, agua, trabajo, entre otros. Respecto de su cumplimiento por parte del Estado, la Primera Sala de la SCJN ha sostenido, apegándose a los estándares internacionales, que el reconocimiento de derechos económicos, sociales y culturales a personas migrantes se torna ilusorio si éstos no pueden acceder a los medios, instrumentos o herramientas necesarios para ejercerlos efectivamente. Por lo tanto, el Estado tiene el deber de eliminar todos los obstáculos existentes que, de iure o de facto, enfrentan las personas migrantes en el acceso efectivo a sus derechos fundamentales
En el encuentro participaron más de un centenar de ponentes de distintas instituciones académicas, de investigación y cooperación internacional de México y otras naciones, representantes de organismos multilaterales, como la Organización Internacional para las Migraciones, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y la Agencia de la ONU para los Refugiados. Se abordaron temas como desplazamiento forzado, detención, regularización, niñez migrante, trata de personas, salud, educación, cultura, género y racismo, las remesas, las ciudades fronterizas y el impacto de la migración en mujeres, infancias y poblaciones LGBTIQ+, entre otros.
Como bien señaló el Rector Leonardo Lomelí, reflexionar sobre estos temas, desde un espacio de la UNAM, significa adoptar una postura firme en defensa del conocimiento rigurosos y comprometido, del respecto a los derechos humanos y del enorme valor social y epistémico de la investigación. “Es también reafirmar que las personas en movilidad son seres humanos, sujetos de derechos, protagonistas sociales y portadoras de historias que nos interpelan, que nos desafían y que exigen respuestas informadas y solidarias”.
En el mismo sentido, Mario Luis Fuentes Alcalá, Coordinador del Proyecto “La UNAM en las Fronteras de México”, señaló que en los momentos complejos que se viven en el país y el mundo, las universidades públicas han asumido un papel de conciencia crítica y compromiso ético, pues no sólo son centros generadores de conocimiento, sino también espacios donde se cultiva la razón pública y se resguardan las utopías democráticas y la búsqueda de la verdad.
Agregó que “en un país como el nuestro, herido por la desigualdad, la violencia y la exclusión, la UNAM y las universidades representan una reserva ética y fundamental para el tejido social, y desde esa posición convocan a abrir un dialogo plural, riguroso y humanista sobre las migraciones y sus múltiples implicaciones”. En la UNAM “no podemos observar el fenómeno desde la distancia técnica o de neutralidad científica, estamos obligados -por nuestra función social- a reconocer en las personas en movilidad a sujetos de derecho, portadoras y portadores de historias, a protagonistas de procesos que transforman no únicamente las fronteras geográficas, sino además los límites éticos de nuestras sociedades”.
Como hemos afirmado en repetidas ocasiones: la Universidad Nacional Autónoma de México siempre está comprometida en participar en la búsqueda de soluciones a los grandes problemas nacionales.
*Especialista en Derechos Humanos
