Durante 2026, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC) enfrentará un año clave para el reordenamiento del sistema político local, al concluir los procesos de liquidación de los partidos que perdieron su registro en los dos últimos procesos electorales y, de manera simultánea, dar seguimiento a las organizaciones ciudadanas que buscan constituirse como partidos políticos rumbo a las elecciones de 2027.
El consejero Pedro Alvarado informó que el instituto mantiene activos los procedimientos administrativos y de fiscalización relacionados con la desaparición legal de estos partidos, con el propósito de asegurar que los recursos públicos sean ejercidos conforme a la ley y que se cumpla con la normatividad vigente. Señaló que estas tareas son fundamentales para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones electorales.
Al mismo tiempo, el IMPEPAC revisa el avance y cumplimiento de los requisitos legales de las organizaciones civiles interesadas en obtener registro como partidos políticos locales. La evaluación abarca la conformación de sus estructuras internas, la transparencia en el manejo de recursos y la observancia de los lineamientos establecidos por la autoridad electoral, como parte de la preparación del próximo proceso comicial.
En el plano social, el IMPEPAC ha reforzado su trabajo con los pueblos y comunidades indígenas, mediante acciones orientadas a fortalecer su participación política. Entre ellas destacan la actualización de padrones, la capacitación en derechos político-electorales y el acompañamiento en procesos de elección bajo sistemas normativos internos, en reconocimiento a su autonomía y formas propias de organización.
De igual forma, el IMPEPAC ha impulsado estrategias para promover la inclusión de grupos históricamente marginados, como personas con discapacidad, población afrodescendiente, integrantes de la diversidad sexual, jóvenes y personas adultas mayores. A través de foros, actividades formativas y coordinación con otras instituciones, el organismo busca garantizar que estos sectores ejerzan plenamente sus derechos políticos.