Con la publicación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, el pasado 28 de noviembre de 2025, el Gobierno del estado empezó la revisión de su marco legal y operativo para ajustarse a un modelo nacional único, en el que la extorsión deja de atenderse como un delito de competencia local y se integra a una estrategia federal.
A partir de este nuevo escenario jurídico, el secretario de Gobierno, Edgar Maldonado, sostuvo una reunión de trabajo con la consejera Jurídica, Dolores Álvarez Díaz; el coordinador general de Movilidad y Transporte, Jorge Barrera Toledo; así como representantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General del Estado (FGE). El encuentro tuvo como objetivo revisar el proceso de armonización estatal y definir las responsabilidades institucionales que deberán asumir las distintas áreas del Ejecutivo.
Durante la reunión, el encargado de la política interna subrayó que el estado busca mantenerse alineado a la estrategia nacional a través de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, particularmente ante un delito que ahora se rige por un marco constitucional distinto. En este sentido, señaló que el nuevo esquema implica pasar de una atención dispersa a una coordinación más clara entre instancias. “El estado pasó de un modelo fragmentado a uno ordenado, constitucionalmente sólido y alineado al marco federal”, afirmó Maldonado al referirse a los ajustes que se realizan en la estructura legal y operativa.
Finalmente, el funcionario indicó que los trabajos continuarán con el objetivo de que el nuevo modelo funcione en la práctica, tanto en tareas de prevención como en la coordinación interinstitucional y la operación cotidiana frente al delito de extorsión.
