El Congreso de Morelos aprobó por fin la reforma constitucional que extingue al Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) para transferir sus funciones de garante de transparencia, rendición de cuentas y datos personales a estructuras administrativas de las instituciones públicas; la más grande de ellas una Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno.
Se trata del acatamiento de una disposición de la reforma federal en materia de transparencia que obliga a la extinción de los órganos garantes en los estados, pero también permitirá, según los defensores locales de la reforma, desparecer una onerosa y poco útil estructura local y fortalecer las atribuciones de la Secretaría de la Contraloría del estado en materia de prevención de riesgos y combate a la corrupción.
Por supuesto que el peligro de prevalencia de malas prácticas en la función pública que advierten los opositores a la reforma existe; pero también deberá concederse que, por lo menos en el caso de Morelos, no es menor con el IMIPE operando.
El órgano autónomo que se presumía garante de la transparencia, el acceso a la información pública y la protección de datos personales en Morelos fue fundado en el 2003. Sus comisionados desde entonces eran nombrados por los partidos políticos con representación en el Congreso del estado mediante un sistema de cuotas (como muchos otros de los representantes “ciudadanos” que el Legislativo proponía). Por mucho tiempo se alegó que tal conformación era plural, lo que tampoco sirvió de mucho.
En los 22 años de existencia del IMIPE, la opacidad y, peor aún, la corrupción en los gobiernos estatales y municipales de Morelos fue creciendo a niveles de escándalos cotidianos. Los abusos en el dispendio y gestión del Instituto también llegaron a niveles de escándalos que incluyeron violencia política, gastos moralmente injustificables y cobros millonarios por periodos no trabajados. Peor aún, de acuerdo con la mayoría de los solicitantes por oficio de información pública, el IMIPE resultaba francamente inútil, tardaba demasiado en resoluciones que al final favorecían la opacidad de los sujetos obligados.
Lo que ha enseñado la experiencia es que el riesgo de corrupción no se reduce inventando estructuras burocráticas, sino corrigiendo los procesos susceptibles de malas prácticas, haciendo más efectiva y cotidiana la rendición de cuentas, fortaleciendo y agilizando los mecanismos de denuncia ciudadana y, sobre todo, impidiendo la impunidad que suele prevalecer en los casos denunciados, un factor que estimula a incurrir en malas prácticas o perpetuar la deshonestidad en las estructuras de gobierno.
Más allá de los debates maniqueos sobre los órganos autónomos de transparencia, rendición de cuentas y protección de datos personales que ubican a sus defensores como promotores de un sistema de gobierno del pasado y a las propuestas para eliminarlos en el grupo de supuestos defensores del atraso y la corrupción; lo cierto es que en el caso de Morelos el IMIPE era indefendible; primero por la incapacidad, desde su diseño para garantizar el cumplimiento de sus atribuciones; segundo por los vicios que fueron creciendo desde su creación; y finalmente, porque el combate a la corrupción es imposible desde entidades que son, desde su diseño, corruptas en sí mismas.
