La ciencia del cuidado:
evidencias, desigualdades y una agenda urgente para México

Yaritza Pérez-Pacheco[1]

“¿Y tu mamá a qué se dedica?” La respuesta cotidiana —“a nada, está en la casa”— encubre una realidad que la ciencia social ha documentado por décadas: lo que llamamos amor es también trabajo no remunerado que sostiene la vida, la economía y la organización social. En junio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio un giro decisivo al reconocer, por primera vez, que el cuidado es un derecho humano. Ese reconocimiento no es solo jurídico; confirma con fuerza institucional lo que múltiples investigaciones feministas han demostrado: cuidar es trabajar, y ese trabajo ha sido sistemáticamente invisibilizado.

El fallo establece tres dimensiones esenciales: poder ser cuidado cuando la vida lo exige, poder cuidar sin que ello destruya oportunidades personales y tener tiempo propio para desarrollarse. Y marca un punto de quiebre: el cuidado ya no puede recaer únicamente en las familias —léase, en las mujeres—. Es una responsabilidad compartida entre gobiernos, empresas, comunidades y hogares.

Las cifras científicas son contundentes. Según la Organización Internacional del Trabajo, 708 millones de mujeres en el mundo están fuera del mercado laboral por tareas de cuidado, frente a apenas 40 millones de hombres. En América Latina, las mujeres dedican el triple de tiempo al cuidado no remunerado, aun cuando ese trabajo equivale entre 16% y 28% del PIB regional. La evidencia muestra un impacto estructural: millones de mujeres llegan a la vejez sin pensión, sin seguridad social y sin ahorros, porque nunca pudieron acceder a un empleo formal. Por eso en México es tan común la pobreza en mujeres mayores.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya había avanzado en 2023 al señalar que nadie puede ser obligado a cuidar solo por razones de género. Ahora, la resolución interamericana ofrece una guía precisa: los países deben crear Sistemas de Cuidado que articulen servicios, infraestructura y políticas capaces de redistribuir de forma justa estas tareas. La Ley Modelo de Cuidados ya plantea cómo hacerlo.

Por ello, el llamado a gobernadores y presidentes municipales es ineludible: construir sistemas de cuidado no es un gesto político, sino una obligación derivada de estándares internacionales y de la evidencia científica acumulada. No basta con guarderías; se requieren centros de día para personas mayores, apoyos para la discapacidad, licencias de paternidad efectivas e inversiones públicas que permitan a las mujeres trabajar en igualdad. Sólo así dejaremos atrás un país donde, al preguntar a un niño a qué se dedica su mamá, la respuesta siga siendo “a nada”.

Imagen cortesía de la autora

  1. Universidad Autónoma del Estado de México/ Red de Difusión y Divulgación de la Investigaciones en Ciencias y Humanidades (REDDICH).

La Jornada Morelos