Por más que pudieran moderarse las opiniones históricas sobre el desempeño de las legislaturas locales en Morelos, lo cierto es que han ido de mediocres a pésimos en materia de respeto a los procesos legislativos, diseño de ordenamientos, y hasta calidad parlamentaria. Y aunque se puede reconocer el afán correctivo de la LVI Legislatura, tampoco ha podido irse limpia en cuanto a pifias jurídicas incluso en la elaboración de dictámenes para las iniciativas que le son enviadas, lo que afecta a prácticamente todo el diseño de las políticas públicas en el estado, y con ello priva a la ciudadanía de los probables beneficios en su aplicación.
La propia confirmación del Congreso como una bastante cercana representación de la sociedad favorece las deficiencias. Mayormente, los diputados no son expertos en el diseño de leyes, la mayoría de ellos no tiene siquiera estudios en Derecho. Y si bien las deficiencias técnicas se supondrían superables con cuerpos de asesores muy bien pagados, la contratación por compromisos políticos, amiguismos y otras formas de decisión lejanas a la solvencia profesional, ha impedido que esos satélites de las diputaciones y comisiones logren la utilidad deseable.
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos empezó a ser tomada en cuenta como asesora en políticas públicas para el Ejecutivo estatal de forma esporádica en algunas administraciones anteriores. La mayor presencia universitaria en el ejercicio del gobierno estatal antes de octubre del 2024 se había dado en los primeros años del régimen de Jorge Carrillo Olea, en el siglo pasado. Fue hasta la llegada de la gobernadora Margarita González Saravia que la UAEM volvió a ser considerada como una gran asesora en el diseño de políticas públicas. Los resultados empiezan a notarse, particularmente en las políticas agropecuarias y ambientales del estado, aunque pronto podrían verse también en otras áreas donde la academia interviene para un mejor gobierno.
Hacía falta, por supuesto un Poder Ejecutivo dispuesto a escuchar, pero también una rectoría que entendiera y también ejerciera su responsabilidad social más allá de partidismos, ideologías, filias y fobias. La rectora Viridiana Aydeë León Hernández ha asumido ese deber social.
Probada la capacidad transformadora de la academia en el diseño y la aplicación de políticas públicas en el estado, la presidencia de la LVI Legislatura reconoció la utilidad que podría tener la UAEM en la profesionalización de las tareas parlamentarias y legislativas que los diputados emprenden con mucho más ímpetu que técnica. El convenio que se firmó ayer entre el Congreso y la UAEM incluye la capacitación y asesoría para mejorar los procesos y productos legislativos, lo que podría transformar las buenas intenciones de las y los diputados en leyes que verdaderamente consideren las necesidades de los morelenses y, sobre todo, que sean aplicables.
La firma es un reconocimiento tácito de los espacios en que el Congreso debe mejorar sustancialmente, pero también evidencia el deseo de hacerlo con toda humildad, una virtud que rara vez se había visto entre los legisladores. Bien por la UAEM y por el Congreso.
