Aunque no con la oportunidad que se debería la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) por fin atendió las denuncias ciudadanas respecto sobre los múltiples hechos de corrupción de los que usuarios, trabajadores y medios de comunicación acusaban reiteradamente a la extinta Secretaría de Movilidad y Transporte.
No se trataba de asuntos menores, desde la adquisición a escandalosos sobreprecios de materiales para la identificación vehicular, los presuntos desvíos de los recursos obtenidos en efectivo por trámites diversos, el trato preferencial a gestores a cambio de “moches”, entre otras irregularidades fueron escándalos constantes en la secretaría cuando estuvo a cargo de Víctor Mercado Salgado y Eduardo Galaz Chacón.
La corrupción, según las denuncias, abarcaba prácticamente todas las áreas, trámites en ventanilla, acuerdos con dirigentes del transporte público, adquisiciones, y por supuesto, el despacho del secretario. Y pese a que algunas de las acusaciones fueron plenamente demostradas en su momento, como la compra de láminas vehiculares a sobreprecio, la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo, y la ESAF (en aquel tiempo a cargo de América López Rodríguez, quien era cercana al Ejecutivo estatal) no hicieron nada por indagar sobre lo que podría comprobarse como el más grande desvío de recursos públicos y enriquecimiento por corrupción en el sexenio del exfutbolista. Se calcula que el quebranto podría ser mayor al que se presentó, por ejemplo, en la Secretaría de Salud.
Los relevos de 2024, primero en el Congreso de Morelos (al que pertenece la ESAF), y unos meses después en el Ejecutivo, dieron un asomo de esperanza de que la corrupción en Movilidad y Transporte se erradicaría definitivamente, y también de que se sancionaría a los responsables de las malas prácticas que, por lo menos entre 2019 y 2023 convirtieron a la dependencia en un dolor de cabeza para los usuarios (miles de ellos, por cierto, habían dejado de cumplir con sus trámites por temor a ser víctimas de los abusos).
Pero la espera fue desesperando. Si bien se han presentado avances sensibles en el combate a la corrupción en la que se convirtió en Coordinación General, quedan muchas áreas de mejora en materia de eficiencia, pero también de honestidad en el servicio.
La ESAF tardó mucho más en reaccionar, fue necesaria la remoción de gran parte de su personal y el nombramiento de nuevos auditores para que las añejas denuncias fueran revisadas y se echaran a andar cinco auditorías especiales a la Cuenta Pública, una por cada año de servicio.
Y aunque parece apenas un primer paso, como parte del procedimiento para emprender las revisiones específicas, la entidad fiscalizadora tuvo que elaborar dictámenes sobre las denuncias que arrojaron, por lo menos, las sospechas fundadas sobre irregularidades en la disposición de los recursos generados por la entonces Secretaría de Movilidad y Transporte durante cinco años.
La adelantada campaña de cierto senador podría concluir muy anticipadamente si se encuentran responsabilidades administrativas y penales en los procesos de revisiones específicas que ya han iniciado.
