Lo que lograron años de abandono, inacción, permisividad y abierta corrupción en la conservación de las áreas naturales de Morelos fue que los invasores y depredadores se tomen muy poco en serio las advertencias y los actos de autoridad que ahora se emprenden para frenar la destrucción del medio ambiente.
Tristemente ejemplos hay muchos: primero, porque aún no hay suficientes elementos ni herramientas para lograr la supervisión total de las zonas naturales del estado. Solo las protegidas por decretos estatales, federales y municipales representan el 21% del territorio estatal, pero en general toda el área que ocupa Morelos es susceptible a ese cuidado en tanto se ha reconocido ya el derecho humano a un medio ambiente sano.
Y segundo, porque a pesar de todas las acciones, las sanciones para los destructores son tan livianas y poco frecuentes que hacen pensar en la destrucción ambiental como faltas impunes más que como los delitos graves que son. Los actos de autoridad, en efecto, se perciben más como pequeños regaños o embargos menores siempre salvables en algún tramo corruptible de la burocracia ambiental.
Eso explica que, a pesar de la amplia difusión que se ha dado a clausuras de construcciones, de aprovechamientos en áreas naturales y hasta de una mina de arena; las conductas se repitan.
Las reservas Parque Nacional El Tepozteco, Corredor Chichinautzin y Sierra Montenegro en Morelos, son objeto constante de invasiones. La enorme extensión de cada área protegida ha permitido que mientras estado y municipios vigilan un extremo, los invasores atacan por otra parte, en una especie de cuento de no acabar. En parte es posible porque a pesar de que algunas edificaciones provocan daños irreparables al medio ambiente, no se castiga más allá de la pérdida de la propiedad a quienes perpetran esas afectaciones.
Para muestra de lo poco efectivas que resultan las sanciones podríamos considerar la historia de la mina de arena en Miacatlán.
El nueve de enero pasado, como informó La Jornada Morelos, la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Morelos (Propaem), clausuró la mina por carecer de manifestación de impacto ambiental. El cierre se dio por las denuncias de habitantes del pueblo de Xochicalco, ubicado muy cerca de la extracción, cuyos domicilios eran puestos en peligro por el trabajo de excavación.
Muy poco duró el gusto, meses después, la empresa retiró los sellos y volvió a operar sin autorización, lo que llevó a nuevas denuncias de los pobladores y una nueva clausura, esta vez con denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado por delitos contra el equilibrio ecológico y la protección del ambiente, y por el quebrantamiento de los sellos de clausura. Las penas por esos delitos, de acuerdo con como sean tipificadas por la Fiscalía y reconocidas por un juez, van de multas a trabajo comunitario, además de la obligación de reparar el daño que se haya hecho.
El escenario entonces ofrece tres áreas en las que debe trabajarse urgentemente; primero reforzar las herramientas de vigilancia ambiental con que cuenta el gobierno estatal, para lo que se trabaja ya en una respuesta digital; obligar a los ayuntamientos a supervisiones más estrictas y efectivas de sus territorios, lo que en Tepoztlán empieza a funcionar; y endurecer las leyes y sus procesos de aplicación, en el entendido de que la depredación del medio ambiente, especialmente si es dolosa, merece sanciones ejemplares e inhibitorias de esas conductas.
